Ejecutivo formalizó su pedido ante la Cámara de Diputados.
La presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, y el primer ministro Luis Galarreta Velarde presentaron formalmente ante la Cámara de Diputados, con carácter de «muy urgente», el proyecto de delegación de facultades legislativas por un plazo de 120 días.
El pedido abarca reformas profundas en seguridad ciudadana, promoción del empleo, régimen tributario, simplificación administrativa, desarrollo productivo y saneamiento, desatando de inmediato una intensa controversia en la opinión pública.
Entre las materias solicitadas, el ámbito de la seguridad ciudadana concentra los mayores puntos de fricción. El Ejecutivo propone modificar el Decreto Legislativo N° 1095 para regular de forma permanente la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional frente a amenazas al orden interno, así como su intervención en el control de la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios.
Asimismo, destaca la propuesta para establecer un marco legal que declare a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas. La medida más polémica es la reforma de la legítima defensa, otorgando «presunción de inocencia» sobre la racionalidad de la respuesta de quien la ejerce, exigiendo una motivación cualificada para revertirla.
En el plano económico y laboral, las propuestas también prometen encendidos debates. Por un lado, se plantea modificar la Ley de Protección al Consumidor en Servicios Financieros para eliminar de forma explícita los topes a las tasas de interés que habían sido introducidos por la Ley N° 31143 (la ley contra la usura), bajo la premisa de facilitar la oferta de nuevos productos y promover la inclusión financiera de más peruanos.
En la sección de desarrollo productivo y financiero, el Ejecutivo propone modificar la ley bancaria para permitir que los menores desde los 12 años puedan acceder a la apertura y tenencia de cuentas de ahorros bancarias de forma individual.
En materia de modernización pública, se plantea crear un esquema de incentivos económicos de carácter voluntario para los servidores públicos que decidan dejar el Estado.
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