La abogada Solange Quispe denuncia que la estrategia de los imputados pretende traer abajo la investigación por robo agravado y usurpación. Además, cuestionó la actitud permisiva del Juzgado
Hace dos semanas, el 8 de febrero, inescrupulosos ingresaron al local de la Inmobiliaria Continental para intentar desalojar a los socios. El hecho terminó con varios heridos de gravedad y la Policía detuvo a los revoltosos. Tras el hecho, el caso pasó al Poder Judicial para que decida la prisión preventiva por el delito de robo agravado y usurpación.
Sin embargo, la abogada de los agraviados, Solange Quispe, explicó que la defensa de los denunciados busca desestimar la investigación fiscal mediante afirmaciones que carecen de sustento probatorio.
Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la presunta sustracción de teléfonos celulares al momento del atentado. De acuerdo con la jurista, la defensa busca desacreditar el delito de robo haciendo creer al Juzgado que el principal agraviado, Álvaro Gil, habría entregado voluntariamente los equipos a las víctimas.
Y es que uno de los agraviados denunció la sustracción de su iPhone 14 Pro que recibió de la empresa tras ser reconocido por su buen desempeño laboral. Como sustento, presentó una fotografía correspondiente al acto de reconocimiento.
En cuanto al delito de usurpación, la defensa de los imputados argumenta que los agraviados no podían residir en el predio porque el contrato con la inmobiliaria establecía un uso comercial del bien. Sin embargo, la abogada replicó que el derecho penal protege la posesión efectiva y que, al momento de los hechos, cuatro personas —tres socios y un asesor— vivían en el lugar.
Finalmente, Quispe expresó su preocupación por lo que considera una actitud permisiva del Juzgado frente a declaraciones que —según sostiene— no son refutadas pese a carecer de sustento y medios probatorios.
DATO
El derecho penal protege la posesión real del inmueble, independientemente del uso consignado en un contrato civil.
