Sala de Apelaciones revocó decisión inicial y dispuso medida contra exfuncionarios y particulares investigados por presunta red de brevetes irregulares.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ica ordenó 12 meses de prisión preventiva contra exfuncionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) y particulares investigados por presuntamente integrar la organización criminal denominada “Los Acelerados del Sur”, dedicada al trámite irregular de licencias de conducir en la región Ica.
La medida fue adoptada, luego que el colegiado revocó la decisión del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria y dispuso, la ubicación y captura a nivel nacional de los implicados.
Entre los investigados figura la exdirectora regional de Transportes de Ica, Kenia Minerva Dongo Galindo, junto a Mario Carlos Uribe Flores, Luisa María Aparcana Reyes, Marilyn Solanyela Ramos Angulo y Ronald Martín Núñez Peña. También se incluyó a la abogada Norka Monzón Cárdenas y al regidor del distrito de Los Aquijes, Luis Miguel Malqui Cavero.
Asimismo, se dictó orden de captura contra Marco Antonio Oliveros Espinoza, Evelyn Pilar García Yerén, Rolando Rómulo Gregorio Flores, Pedro Alberto Vara Crispín, Gisela Karina Ramírez Ventura y María Elena Centeno Ñañez, quienes deberán ser ubicados por la Policía Nacional para cumplir el mandato judicial.
En el caso de Félix Antonio García Segura y Katty Romero Castillo Flores, la sala dispuso que cumplan la medida bajo detención domiciliaria debido a condiciones personales evaluadas por el colegiado.
Según la investigación del Ministerio Público, la presunta organización operaba desde la Dirección Regional de Transportes durante la gestión del exgobernador Javier Gallegos Barrientos, facilitando la obtención irregular de licencias de conducir a cambio de pagos.
Las pesquisas indican que la red incluía funcionarios y tramitadores que captaban postulantes interesados en obtener brevetes sin cumplir requisitos. Para ello, se habría manipulado la programación de exámenes, certificados médicos y evaluaciones de manejo.
Un testigo protegido habría señalado que los implicados recibían listas con nombres de postulantes favorecidos, quienes presuntamente pagaban para obtener licencias sin pasar por los procesos establecidos.
Dato
De confirmarse los hechos, los investigados podrían enfrentar penas de entre seis y ocho años de prisión.
