El Gobierno Regional adjudicó la buena pro para culminar el saldo de obra del hospital de Camaná a una empresa que estuvo inhabilitada hasta julio de 2025 y que, además, arrastra múltiples sanciones del TCE. La supervisión también recae en un profesional sancionado por presentar documentos falsos
Después de años de paralización, el hospital de Camaná parecía encaminarse hacia su reactivación definitiva. Sin embargo, todo parece que sufrirá un nuevo revés. Y es que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), bajo la administración del gobernador Rohel Sánchez, otorgó la buena pro a una empresa que carga una mochila pesada de sanciones y antecedentes en el Tribunal de Contrataciones con el Estado (TCE).
Por si fuera poco, la supervisión del hospital de Camaná tampoco está exenta de cuestionamientos. El consorcio encargado de vigilar la correcta ejecución de la obra incluye a un profesional que también registra sanciones por presentar información inexacta y acumula penalidades contractuales en los últimos años.
Su última sanción
El proyecto hospitalario ahora está en manos de la empresa JDCONOSER SRL (JD Consultores Obras y Servicios). El privado fue sancionado, por última vez, en 2024 por el TCE tras ocasionar la resolución de un contrato con el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) para la construcción de un colegio en la región San Martín en 2018.
Como consecuencia, la empresa fue inhabilitada temporalmente por nueve meses, entre el 10 de octubre de 2024 y el 10 de julio de 2025, quedando impedida de contratar con el Estado durante ese periodo. Esta sanción solo es la punta del iceberg de todos los antecedentes que carga la empresa.
Evidencia.pe verificó en el portal de TCE que existe constancia de que la compañía ya acumulaba seis sanciones previas de inhabilitación temporal y una multa, aplicadas antes de que cambiara de denominación. Sucede que, anteriormente, la firma operaba bajo el nombre de Manfer S.R.L. Contratistas Generales, razón social con la que recibió la mayoría de sus amonestaciones.
Historial de sanciones
Una de las primeras sanciones se remonta al año 2002. Mediante la Resolución N° 245/2002-TC-S1, el TCE suspendió sus operaciones con entidades públicas por un año. Esto a raíz de incumplimientos graves en la ejecución de la obra “Construcción del Canal de la Central Hidroeléctrica de Chumbao”, en la región Apurímac.
El contrato había sido suscrito con ELECTROSUR ESTE S.A., entidad que detectó fallas relacionadas con la subsanación de observaciones técnicas durante la recepción provisional de la obra, realizada el 23 de noviembre de 2001. El Tribunal determinó que la empresa no levantó oportunamente dichas observaciones. Esto impidió la recepción final y afectó la puesta en servicio de la infraestructura.
Además, se constató que la contratista no mantuvo vigentes las garantías exigidas contractualmente. El argumento de la empresa, que atribuyó el incumplimiento a la falta de pago de jornales, no fue considerado justificación válida por el colegiado.
En 2012, mediante la Resolución N° 447-2012-TC-S1, el Tribunal volvió a sancionar a Manfer S.R.L. como integrante del Consorcio Saneamiento, tras negarse a suscribir un contrato derivado de la Licitación Pública N° 001-2011-GRSM. En ese proceso, fue sancionado por no formalizar el contrato sin causa justificada. La firma recibió una inhabilitación de trece meses.
Posteriormente, en 2017, la Resolución N° 0767-2017-TCE-S4 ratificó una inhabilitación de doce meses contra Manfer S.R.L. por presentar información inexacta en una licitación convocada por SEDAPAR S.A. El Tribunal concluyó que la empresa presentó un certificado de experiencia profesional con datos inconsistentes respecto al periodo de desempeño de un ingeniero, generando una ventaja indebida en el proceso.
En 2021, la Resolución N° 0372-2021-TCE-S3 sancionó al Consorcio JCP, integrado por ECADA S.A.C. y JD Consultores Obras y Servicios S.R.L. —antes Manfer S.R.L.— por negarse a suscribir un contrato adjudicado por el Pronied en la región Piura. En ese caso, JDCONOSER fue multada con S/ 1,433,500 y suspendida por hasta nueve meses, hasta cumplir con el pago de la multa impuesta.
Supervisor con antecedentes
La racha de sanciones no termina en la empresa ejecutora. Y es que la supervisión del hospital de Camaná estará a cargo del Consorcio Supervisor Camaná, integrado por César Augusto Sánchez Cárdenas y Alexander Primitivo Huertas Jara. Este último también registra sanciones vigentes en el historial del TCE.
En principio, mediante la Resolución N° 04796-2023-TCE-S3, en 2023, el Tribunal confirmó una inhabilitación de ocho meses contra los integrantes del Consorcio Rímac, conformado por Kazuki Consultoría y Construcción S.A.C. y Alexander Primitivo Huertas Jara.
La sanción se originó por la presentación de información inexacta durante una adjudicación simplificada convocada por el Gobierno Regional de Tacna, relacionada con la supuesta experiencia en la supervisión de la presa hidráulica “Brazzini”. Se constató que dicha infraestructura no existía en la ubicación declarada, lo que permitió al consorcio acreditar indebidamente un requisito de calificación.
Así, el hospital de Camaná —una obra largamente esperada por la población— queda en manos de una empresa ejecutora y un supervisor que arrastran antecedentes sancionadores reiterados, pero que tienen el aval del gobernador Rohel Sánchez.
CIFRA
11 meses es el plazo de ejecución del saldo de obra.
CITA
«Me apena mucho que apenas otorgada la buena pro ya tengamos malas noticias alrededor de esas empresas. Vamos a realizar la investigación correspondiente», consejera Norma Ortega Valdivia.
