Seis años después de su aprobación unánime, la gestión de Rohel Sánchez reglamenta la norma que sanciona actos de racismo y exclusión dentro de la institución, sobre todo a personas de la comunidad LGTBIQ+.
El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) puso finalmente en vigencia la Ordenanza Regional N.º 428, orientada a prevenir y sancionar el racismo y toda forma de discriminación dentro de la institución, sobre a todo a la comunidad LGTBIQ+. La implementación se concretó mediante el Decreto Regional N.º 001-2026-Arequipa, tras una denuncia que exigía su cumplimiento y que concluyó en un Juzgado Constitucional de la Corte de Justicia.
La ordenanza aprobada por unanimidad en el 2020. El dispositivo establecía un plazo de 90 días para su reglamentación; sin embargo, nunca entró en vigencia. En 2024 se emitió un acuerdo regional promovido por la consejera Norma Ortega, pero tampoco se materializó su ejecución.
Ahora, el GRA aprobó un reglamento que incluye disposiciones generales y un glosario detallado que define conceptos como discriminación por raza, sexo, clase social, orientación sexual, religión, idioma o cualquier otra forma de exclusión. Asimismo, fija principios rectores como igualdad, dignidad humana, interculturalidad e inclusión social.
En el Título V se desarrollan las sanciones que se enmarcan en la Ley N.º 30057, Ley del Servicio Civil y el Código de Ética de la Función Pública. Dependiendo de la gravedad de la falta, se podrá imponer amonestación verbal o escrita, suspensiones sin goce de remuneraciones o la destitución del cargo.
Para los exservidores que hayan incurrido en actos discriminatorios, se establece la inhabilitación para reingresar al servicio civil hasta por cinco años. También se prevé la aplicación de medidas reparativas voluntarias, como disculpas públicas. A partir de ahora, los funcionarios enfrentan un marco normativo que promueve la igualdad y el respeto.
Dato:
Dependiendo de la gravedad, los funcionarios que es incurren en discriminación podrían ser inhabilitados
Cita:
«Hemos luchado años por la reglamentación de esta ordenanza. No es un favor, es un derecho», Ana Flavia Chávez Pedraza, activista Trans.
