Nueva infraestructura para pacientes con enfermedad renal crónica.
Mientras más de un centenar de pacientes con enfermedad renal crónica esperan la ampliación de los servicios especializados de salud en Moquegua, la gestión de la gobernadora regional Gilia Gutiérrez Ayala continúa ejecutando una obra valorizada en más de S/ 19 millones pese a no contar con la licencia de edificación exigida por ley.
La situación fue advertida por la Contraloría en el Informe de Hito de Control N.° 009-2026-OCI/5347-SCC, donde se concluye que el Gobierno Regional de Moquegua desarrolla la construcción de la nueva sala de hemodiálisis y la adquisición de equipamiento médico para el Hospital Regional sin subsanar observaciones técnicas formuladas por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.
El proyecto registra una inversión pública de S/ 19 millones 177 mil 968 y ya presenta un avance físico del 50 %.
Según el informe, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto declaró improcedente, en diciembre de 2024, la solicitud de licencia presentada por el Gobierno Regional debido a observaciones técnicas. Entre las deficiencias figuraban la consignación de un número de predio incorrecto y discrepancias entre las áreas techadas registradas oficialmente y las que aparecían en los planos del expediente técnico.
Pese a ello, la gestión regional continuó ejecutando los trabajos sin regularizar la situación administrativa del proyecto.
Para la Contraloría, esta decisión expone a la obra a sanciones económicas, medidas administrativas y hasta una eventual paralización, escenario que podría retrasar significativamente la puesta en funcionamiento de los nuevos ambientes destinados a pacientes renales.
Pacientes serían afectados
La observación no se limita a un incumplimiento administrativo. Detrás del proyecto existe una necesidad urgente de salud pública.
La nueva infraestructura busca fortalecer la atención de pacientes con enfermedad renal crónica que requieren tratamientos permanentes de hemodiálisis. Sin embargo, la falta de licencia y el riesgo de suspensión podrían postergar la entrada en operación de un servicio considerado fundamental para la región.
La propia Contraloría advierte que cualquier retraso afectaría directamente a los usuarios que esperan acceder a tratamientos especializados, además de generar mayores costos para el Estado por multas, sanciones y posibles ampliaciones de plazo.
Las observaciones no solo alcanzan la licencia de construcción
Durante las acciones de control también se detectó que la obra no cuenta con un plan de seguridad y salud en el trabajo debidamente aprobado. Asimismo, se verificó la ausencia de extintores en el área de intervención, situación que representa riesgos para trabajadores y terceros.
El informe también identifica deficiencias en la gestión del almacén, ausencia de registros en el cuaderno de obra y problemas en el control documentario del proyecto.
A esto se suma, el manejo administrativo poco claro de los recursos públicos.
La Contraloría detectó que órdenes de compra y de servicio menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), correspondientes al año 2026, no fueron registradas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Esta omisión limita el acceso público a la información y afecta los estándares de transparencia que deben regir en toda contratación estatal.
Frente a las observaciones detectadas, la Contraloría notificó formalmente a la Gobernadora Regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez para que adopte medidas correctivas y regularice la situación del proyecto.
Sin embargo, mientras ello ocurre, una de las obras sanitarias más importantes de la región continúa avanzando bajo responsabilidad directa de la gestión de Gutiérrez, pese a carecer de una autorización básica para su ejecución.
Cifra
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