Presidente José Jerí debe responder por contrataciones de 11 personas, la mayoría mujeres.
La Fiscalía de la Nación, bajo la dirección del fiscal interino Tomás Gálvez, formalizó una nueva investigación preliminar contra el presidente José Jerí. El mandatario ha sido citado para rendir su declaración el próximo 2 de marzo a las 2:30 p. m. en Palacio de Gobierno.
El presunto delito por el que se le investiga es tráfico de influencias. Según la tesis preliminar fiscal, José Jerí habría influido en funcionarios para facilitar la contratación de 11 personas (nueve en el Despacho Presidencial y dos en otros sectores del Ejecutivo) tras reuniones previas en la sede de Gobierno. Algunas de las reuniones se prolongaron hasta altas horas de la noche.
La Fiscalía ha previsto solicitar al secretario general de la Presidencia que, en un plazo máximo de tres días hábiles, remita el reporte de contrataciones y designaciones de Cristina Beraún, Fiorella Melgarejo, Alicia Camargo, Rosmery Briones, Susana Gutiérrez, Rossmary Malpartida, Rosario Espinoza, Rosa Yaya e Hilda Zapata.
También se solicitó detalles del expediente de contratación y pago de Rubiel Beraún Rojas, correspondiente al mes de noviembre 2025.
Los abogados del presidente José Jerí señalaron a los medios que fueron notificados el jueves. Las diligencias fiscales se desarrollarán durante un periodo de 90 días.
Esta investigación se suma a la ya existente por patrocinio ilegal y tráfico de influencias relacionada con sus reuniones con empresarios chinos, complicando aún más su situación legal y política.
Previo a la investigación, la Presidencia de la República respondió que todas las contrataciones realizadas se ajustaron a la normativa vigente. Indicaron que las implicadas fueron incorporadas siguiendo los procedimientos establecidos por ley, destacando que se trata de mujeres profesionales con experiencia para el desempeño de las funciones asignadas.
En un esfuerzo por retomar la iniciativa política, José Jerí presentó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028. En la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), el mandatario calificó este plan como su «legado», enfatizando medidas drásticas para frenar la extorsión. Entre las acciones inmediatas destaca el Decreto Legislativo 1735, que oficializa hoy un tope para el registro de lineas telefónicas. Según al criterio del gobernante “a toda máquina”, el tope de siete líneas móviles por persona para combatir ayudaría a combatir el crimen.
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