La muerte de un menor dentro del Fuerte Salaverry expuso una grave omisión: la ausencia de la representante del Ministerio Público. Esto vulnera el principio de inmediación y podría entorpecer la investigación, según advierte la defensa legal
La muerte de un menor de 16 años en el Fuerte Salaverry del Ejército Peruano expuso serias falencias en la actuación de las autoridades encargadas de investigar el caso. Y es que se denunció la ausencia de la fiscal a cargo en las diligencias. Esta omisión —que contraviene la ley— podría frustrar la investigación.
Hay que recalcar que, de acuerdo con el parte policial, el fallecimiento fue reportado el 3 de febrero de 2025 a las 13:40 horas. El adolescente participaba en un curso de verano a cargo de un oficial del Ejército cuando ingresó a la piscina del recinto militar. Minutos después, comenzó a descompensarse, por lo que fue auxiliado y trasladado inicialmente al Hospital Militar.
Posteriormente, fue derivado al hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud. Lamentablemente, el médico de turno certificó su deceso. Tras la certificación de defunción, el cuerpo fue trasladado a la morgue de la División Médico Legal de Arequipa para la necropsia de ley.
El examen forense determinó como causa de muerte un edema pulmonar agudo, edema cerebral y enclavamiento de amígdalas cerebelosas. El informe descartó una asfixia mecánica por sumersión, es decir, ahogamiento, quedando el agente causante en estudio anatomopatológico.
La ausencia de la Fiscalía
Pese a la gravedad del caso y a tratarse de un menor de edad, la fiscal responsable, Jessica Meza, no acudió a la escena ni estuvo presente durante las diligencias iniciales. Así lo denunció el abogado de la familia, Luigi Vargas. “El fiscal no acudió a la diligencia el mismo día de los hechos. No estuvo en el lugar ni durante las primeras actuaciones. Eso afecta la investigación”, señaló el letrado.
Vargas explicó que el principio de inmediación obliga al fiscal, como titular de la acción penal, a estar presente en las diligencias para conocer de primera mano cómo ocurrieron los hechos, identificar posibles evidencias y disponer acciones inmediatas como la incautación de cámaras de seguridad.
En esa línea, la representante del Ministerio Público pudo haber ordenado en el acto la incautación de los registros de video de las cámaras ubicadas frente a la piscina. “Ahora lo más probable es que digan que no funcionaban o que las grabaciones se perdieron por no haber sido requeridas a tiempo”, advirtió.
Si bien se tomaron algunas muestras de agua, estas fueron realizadas por personal policial y no bajo conducción directa del Ministerio Público. Actualmente, la investigación está a cargo de la comisaría de Miraflores.
Omisión de funciones
La normativa es clara. El artículo 60 del Código Procesal Penal (CPP) establece que el fiscal dirige la investigación desde su inicio y debe participar en las diligencias relevantes, especialmente en hechos con resultado de muerte. Además, el principio de inmediación exige su presencia física para garantizar la legalidad y transparencia del proceso.
El abogado sostuvo que existe una hipótesis alternativa a la versión oficial, ya que el menor habría tenido un episodio previo dentro de la piscina, como aspiración de agua, golpe o inmersión prolongada. Esto podría haber desencadenado los edemas que finalmente causaron la muerte.
Precisamente por esa razón resulta necesario solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad que permanecen bajo el dominio del Fuerte Salaverry. En estos registros es posible determinar con claridad qué ocurrió en los minutos previos a la muerte del menor. Este vacío probatorio vuelve especialmente grave la inasistencia de la fiscal Jessica Meza, ya que su presencia oportuna habría permitido disponer de inmediato la incautación del material audiovisual y asegurar su integridad para el esclarecimiento de los hechos.
Evidencia.pe solicitó una versión oficial al Ministerio Público, a través del área de Imagen Institucional y Relaciones Públicas, para conocer las razones de la inasistencia de la fiscal. Al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta. Fuentes del caso señalaron que se exigió un informe detallado a la fiscal y que, en función de ello, se evaluarán las responsabilidades administrativas correspondientes.
