Las municipalidades y la gerencia de Educación tendrán que asumir las deudas de forma voluntario u obligatoria.
La Contraloría General de la República detectó que la Gerencia Regional de Educación de Arequipa y las municipalidades de Islay, Camaná y La Joya acumulan más de 5 millones de soles en deudas con el Seguro Social de Salud (EsSalud) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Obligaciones que llegaron a una cobranza coactiva, es decir, pueden exigirse por la fuerza y con el embargo de cuentas de dichas instituciones. El dinero corresponde a aportes de salud y pensiones de los propios trabajadores que las entidades debían pagar y no pagaron.
El caso más grave está en la Gerencia Regional de Educación. Según el informe de Orientación de Oficio N° 16738-2026, esta entidad arrastra una deuda de 2 millones 920 mil soles con EsSalud. Se trata de 32 obligaciones tributarias en cobranza coactiva, con periodos que van de 1997 a 2016. Gran parte del monto proviene de multas por declarar cifras o datos falsos en las planillas, mientras que el resto corresponde a otras multas y a declaraciones presentadas fuera de plazo.
A esa cifra se suma una segunda deuda de la misma entidad. El informe N° 16967-2026 reveló que la Gerencia Regional de Educación debe 1 millón 835 mil soles a la ONP por retenciones que descontó a sus trabajadores y nunca depositó. Son tres resoluciones de multa de los años 2002, 2009 y 2015. La más antigua y abultada, de 2002, supera los S/ 1.5 millones. Sumadas ambas deudas, la gestión del gerente de Educación, Marco Choque, enfrenta cerca de 4.8 millones de soles en pasivos sociales.
En la provincia de Islay la situación también preocupa. El informe N° 16724-2026 indicó que la Municipalidad Provincial de Islay, en Mollendo, debe 525 mil soles a EsSalud. Lo llamativo es que todo ese monto proviene de una sola obligación que data de 1995, por un concepto de accidente de trabajo regulado por la antigua Ley 18846. Es decir, una deuda de hace tres décadas que ninguna gestión saldó y que ahora recae sobre la administración de Richard Ale Cruz.
La Municipalidad Provincial de Camaná también figura en la lista. De acuerdo con el informe N° 16723-2026, debe poco más de 50 mil soles a EsSalud por tres valores en cobranza coactiva. Con periodos que abarcan de 2001 a 2020. La mayor parte corresponde a aportes del seguro regular de los trabajadores y una porción menor a fraccionamientos. El gobierno local que encabeza Jayme Mamani deberá responder por obligaciones que se arrastran desde hace casi veinte años.
El cuarto caso es el de la Municipalidad Distrital de La Joya. El informe N° 16768-2026 señaló una deuda de 63 mil soles con EsSalud, repartida en cuatro valores correspondientes a los años 2015 a 2020. Teniendo buena parte de ese monto de un fraccionamiento que la comuna dejó de pagar y que volvió a cobranza. Además de aportes del seguro regular y una multa por no presentar la declaración jurada dentro del plazo establecido. En detalle, 45 mil soles son del fraccionamiento perdido y 14 mil soles de aportes del seguro regular.
La Contraloría advirtió que estar en cobranza coactiva es la etapa final del cobro. En ese punto la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ya está facultada para embargar las cuentas y los ingresos de cada entidad hasta cubrir el total adeudado. Además, mientras la deuda no se pague, seguirá creciendo por intereses, costas y gastos. El órgano de control calificó cada caso como una situación adversa que compromete la disponibilidad presupuestaria y afecta derechos de los trabajadores. El informe precisó que la orientación de oficio es una alerta preventiva previa al embargo.
Así mismo, la Contraloría remarcó que estas deudas ponen en riesgo tanto las coberturas de salud, como las futuras pensiones. Por ello recomendó a cada titular adoptar acciones correctivas y comunicarlas al Órgano de Control Institucional en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Para el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari, llegar a la cobranza coactiva refleja una falta de previsión y responsabilidad de las gestiones. El abogado explicó que no son impuestos, sino deudas sociales: aportes de salud y pensiones de los trabajadores que las entidades debían depositar. Advirtió que, si el dinero estaba previsto en el presupuesto y no se pagó, podría configurarse un peculado de uso o una malversación, aunque eso solo se definiría con una investigación.
Evidencia.pe buscó la versión de las autoridades involucradas. Se llamó en reiteradas oportunidades al gerente regional de Educación, Marco Choque; al alcalde de Islay, Richard Ale Cruz; y al alcalde de Camaná, Jayme Mamani. Sin embargo, a pesar de las reiteradas llamadas y los mensajes de texto no hubo respuesta alguna. Las posibles medidas que tomarán frente a estas deudas quedan abiertas y sueltas al imaginario social que espera no se vea reflejado en su actuar diario.
DATO
El reporte se basa en información de la Sunat con fecha de corte al 23 de setiembre de 2026.
CIFRA
S/ 587 millones es la deuda que tienen entidades públicas a EsSalud y la ONP a nivel nacional.
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