Porteadores tienen una ley que debería protegerlos, pero tuvo modificatorias que lo desnaturalizaron.
“Todos los días desde las 5 de la mañana empezamos a cargar, algunos de tanto esfuerzo se les revienta los pulmones y vomitando sangre mueren. Es así como nosotros llevamos el peso de más sufrimiento de cargadas (…) Yo quisiera que todos los cargadores juntos, las cosas alcancemos, para que no muramos como perros tirados en la calle”.
Este es el dramático testimonio de Gregorio Condori Mamani en el documental “El Cargador” grabado en Cusco, en 1974. Han pasado 52 años desde entonces, y parece que nada ha cambiado. Ahora les llaman porteadores y se encargan de llevar sobre sus espaldas todo el equipaje y suministros necesarios para que los turistas puedan disfrutar de su expedición de cuatro días por el Camino Inca, que lleva como destino final la maravilla del mundo, Machu Picchu. Una ruta por demás exigente.
Sin embargo, las personas que se dedican a esta actividad no siempre lo hacen en las mejores condiciones laborales, arriesgando su seguridad y salud, empujados por mantener la economía del hogar y ante la falta de oportunidades.
Eso pasó con Gabriel Ríos Mamani de 49 años. La madrugada de 18 de agosto acompañaba una expedición cuando empezó a sentir su salud resquebrajada. Estando en Warmiwañuska, a más de 4,200 metros de altura, se desvaneció y perdió la vida. Su familia denuncia que la agencia Alpaca Expeditions, para la que laboraba, lo habría abandonado en el camino. La empresa negó que no le hayan prestado auxilio, dicen que fue un accidente y que cumplen las condiciones laborales. Pero la familia de Gabriel no les creen.
«Prefirieron su carga, dejando a mi padre botado en el camino como si fuera cualquier cosa”, señaló William Ríos Mamahuilca, hijo de Gabriel. Mientras este caso es investigado, hace pensar qué tan formal y humano es el trato a quienes hacen posible la experiencia turística.
El 2022, el Poder Ejecutivo publicó la Ley N° 31614 del Trabajador Porteador, que contempla una serie de condiciones laborales para asegurar la vida y salud de las personas que se dedican a esta actividad. Esto incluye que la jornada se realiza durante el servicio específico de expedición o travesía de grupos de turismo, desde el punto inicial hasta el punto final, y no debe superar las 48 horas semanales. El empleador está obligado al cumplimiento debido del descanso semanal obligatorio.
Además, se establece que el límite de la carga que pueden llevar los hombres es de hasta 20 kilogramos y, en el caso de las mujeres, es de hasta 15 kilogramos.
Un punto importante es que el porteador tendrá derecho a condiciones laborales mínimas, como recibir una dotación de alimentos basada en una dieta nutritiva, vestimenta adecuada, equipos de protección personal, faja lumbar, elementos de protección solar, equipo para pernoctar en zonas de descanso adecuados, garantizados y suministrados por el empleador y regulados por la autoridad competente.
A la par, contaría con el seguro complementario de trabajo de riesgo y el seguro de vida garantizados por el empleador, empresa, agencia de viaje o turismo.
Sin embargo, hubo un aspecto que generó discrepancias con los operadores de turismo. Y es que el porteador laboraría bajo el régimen privado, conforme al Decreto Legislativo N° 728, que implica una serie de beneficios por su trabajo.
“Las agencias de viaje empezaron a hacer una serie de campañas y no querían contratar a los porteadores. Les decían ya no te puedo contratar porque yo no puedo ofrecer estas condiciones que la ley dice. Hasta presentaron una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Superior de Cusco. Los amedrentaron”, recuerda la senadora Ruth Luque.
Luque señaló que el entonces congresista Luis Aragón propuso la modificatoria en tres artículos que tocaban la parte central de la norma, y principalmente la relación bajo el régimen 728.
Otro aspecto pendiente es que durante el Gobierno de Pedro Castillo se preparaba la reglamentación de la ley, pero con el ingreso de Dina Boluarte ya no se abordó más el tema hasta la fecha. La senadora explica que esto permitiría tener reglas más claras y obligaciones. “Si esta ley estaría reglamentada, esa empresa o esa agencia los hubiera tenido bajo planilla y por lo menos hubiera habido sepelio y un conjunto de temas”, dijo.
Nos comunicamos telefónicamente con la Federación Regional de Porteadores del Camino Inca, a través de su presidente Miguel Mayta, quien lamentablemente rechazó darnos una declaración sobre la realidad de los laboran en esta actividad, pese a que este es el gremio que los representa y debe defenderlos.
Sin embargo, en declaraciones anteriores el dirigente lamentó el fallecimiento de Gabriel Ríos y exigió justicia. Asimismo, señaló que en el Camino Inca carecen de refugios para dormir y el Ministerio de Trabajo ni Sunafil verifican que se cumplan las condiciones de trabajo.
No obstante, hubo una persona valiente que dio la cara. Cristóbal Quispe, quien en solidaridad a su compañero salió través de sus redes sociales, donde reclamó que no sería la primera vez que se reporta un porteador fallecido en el Camino Inca. Además, advirtió presuntos abusos y encubrimientos por parte de Alpaca Expeditions. “No estaba alcoholizado, lo que ha pasado es que le han quitado la ropa de la agencia (…) No hay ser humano que pueda soportar frío a tremenda altura”, manifestó. En el video también cuestionó a los directivos de la federación. Horas después, Quispe publicó una nueva grabación donde denunció ser víctima de amenazas por sus afirmaciones.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Agencias Operadoras de la Red de Caminos Inca Cusco, Juan Asin, señaló que no se pronunciarán específicamente del caso de Gabriel Ríos hasta que se esclarezca su muerte. Pero sí aseguró que no existe abusos contra los porteadores y que el desconocimiento sobre la ley a generado estos problemas.
“La gente dice que los explotamos, pero eso no es cierto. Para nosotros el porteador es un ser humano tal cual como nosotros. Las condiciones de trabajo están reglamentadas”, indicó el dirigente, añadiendo que no recepcionaron ninguna denuncia de Sunafil o el Ministerio de Trabajo para que actúen como gremio.
Asin refirió que al salir la norma N° 31614, se establecieron parámetros que deben seguir las 250 agencias acreditadas para brindar servicio en Camino Inca. No obstante, sostiene que hay incongruencias en la ley que no son atendidas. Explicó que los porteadores pueden trabajar con una empresa cuatro días y con varias empresas el resto del mes porque son independientes como señala el dispositivo. Sin embargo, piden que las agencias un seguro complementario de salud que, para ello, el empleado debe estar en planilla y se adquiere por un mes.
Otro aspecto, es que se les reclaman que no hay refugios donde puedan pernoctar a lo largo de la red turística. Sin embargo, manifiesta que su implementación es competencia de Sernanp. Por lo que ellos, deben asumir estas condiciones.
Respecto a los salarios, reconoció que sí hubo al inicio una discrepancia con la norma. “Al ponerse en vigencia la nueva ley, el pago del portador se había incrementado en más del 200%”, puntualizó. Asin mencionó que se intentó conciliar, pero como no se pudo se presentó una demanda y hubo una modificatoria. Actualmente, el pago mínimo debe ser 400 soles por viaje.
“Ellos tienen una ley, lo tienen muy claro, sin embargo, no se hacen respetar. Quien debería hacerse respetar son ellos mismos, porque ellos están amparados”, manifestó el dirigente, quien afirmó que solicitaron que las entidades competentes fiscalicen a las agencias.
El presidente de la Cámara Regional de Turismo del Cusco, Carlos Gonzales, sostuvo que no existe una supervisión ni una fiscalización que realmente garantice los requerimientos mínimos de seguridad y salud en el trabajo del personal de apoyo y de logística en el Camino Inca. Otro problema que alertó es la excesiva cantidad de compañías que han sido autorizadas para la operación en esta red turística. “Al ser una competencia en base a precios, al reducir costos, quienes terminan sufriendo las consecuencias son los miembros de la cadena de valor”, indicó.
Si bien existen empresas que son ejemplo de operación turística, hay otro tipo de compañías acreditadas que están orientadas a un mercado masivo y cuyos estándares son mucho más flexibles y funcionan de manera informal. Aquí se señala como entidades competentes al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), encargada de velar por la adecuada gestión y operación dentro de la red de Camino Inca, Sunafil y el Gobierno Regional de Cusco, a través de las áreas de Turismo y Trabajo.
Al respecto, el gerente regional de Turismo, Rosendo Baca, señaló que desde el año pasado sostuvieron reuniones con los gremios de porteadores sobre sus necesidades, y reconoció que aún estaba pendiente concretar pedidos como refugios, servicios de salud, salarios, entre otros. Ante lo sucedió, acelerarán la instalación de una mesa de trabajo.
“Las agencias que están operando deben tener protocolos de respuesta y contingencia para salvaguardar la vida de los visitantes, los porteadores, guías y todos”, manifestó. No obstante, recordó que es el Sernanp y Cultura los que otorgan los permisos a las empresas para operar en el Camino Inca y que ya solicitaron información oficial a ambas entidades.
Hasta el cierre de este informe, ni el Sernanp, el Ministerio de Cultura o Sunafil emitieron un comunicado respecto a esta tragedia ni las acciones fiscalizadoras que adoptarían.
CIFRAS
250 agencias de turismo está acreditadas para brindar servicio en el Camino Inca.
+ 7000 porteadores laboran en el Camino Inca y estarían agremiados a federación.
43 kilómetros es la larga travesía que realizan visitantes para llevar a Machu Picchu.
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