Guillermo Shinno fue gerente del grupo empresarial que adquirió el proyecto minero Crespo.
Las organizaciones sociales de Chumbivilcas, en Cusco, trasladaron sus demandas al Ejecutivo y al Congreso de la República ante la presunta destrucción de glaciares rocosos y la afectación de fuentes hídricas por las actividades del proyecto minero Crespo, en el Apu Curasma, a cargo de Apumayo.
El Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas (Fudich) formalizó sus pedidos mediante las cartas N.º 191-2026-FUDICH-CH y N.º 192-2026-FUDICH-CH, en cumplimiento de los acuerdos adoptados por unanimidad durante una asamblea de organizaciones sociales realizada el 15 de noviembre.
El primer documento, dirigido al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, solicita la paralización inmediata de las actividades del proyecto Crespo y el retiro definitivo de la empresa minera del cerro Curasma, ubicado en territorio de la comunidad originaria de Ccollpa Ccasahui.
Entre los documentos que sustentan este pedido figuran el Informe N.º D000271-DIG-PE-INAIGEM-2026, del 29 de octubre, referido a la actualización del Inventario Nacional de Glaciares, y la Resolución N.º 0998-2026-ANA-TNRCH, emitida el 16 de septiembre.
Según las organizaciones sociales, seis glaciares rocosos se encontrarían dentro del área de influencia del proyecto minero, dos de manera total y cuatro parcialmente. Estas formaciones naturales almacenan y liberan agua de manera gradual, por lo que su afectación podría comprometer el abastecimiento hídrico de las comunidades que dependen de la cuenca del río Santo Tomás.
Mediante una segunda carta, dirigida a Yenifer Noelia Paredes Navarro, presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, los dirigentes solicitaron convocar, con carácter de urgencia, a una sesión extraordinaria de fiscalización sobre las actividades de la minera.
El pedido cobra relevancia debido a que Shinno se desempeñó como gerente general corporativo de Apumayo entre noviembre de 2019 y marzo de 2026, periodo durante el cual el grupo empresarial adquirió el proyecto Crespo, en abril de 2024.
Además, la diputada por Cusco, Analí Márquez Huanca, anunció que presentará una denuncia constitucional contra el ministro ante la falta de respuestas a sus pedidos de intervención en Chumbivilcas.
Pese a los cuestionamientos ambientales, el pasado 4 de septiembre, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) informó sobre la aprobación de modificaciones que permitirán ampliar la capacidad de producción y procesamiento de mineral del proyecto Crespo.
Por su parte, la empresa sostiene que cuenta con las autorizaciones necesarias para desarrollar sus actividades.
Alrededor de 15 mil habitantes de 18 comunidades de Chumbivilcas dependen de la cuenca del río Santo Tomás para el consumo humano, la agricultura y la ganadería.
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