Caso fue derivado al Ministerio Público para investigaciones por posibles delitos.
Durante el 2025, el hospital Goyeneche realizó un concurso completamente amañado. Un año después, una comisión especial del Consejo Regional de Arequipa (CRA) liderado por Marleny Arminta Valencia, puso sobre la mesa el Informe de Fiscalización Especial N° 001-2025-2026-GRA/CR-MBAV, donde se detalla cómo el Proceso de Selección N.° 003-2025 para personal bajo el régimen laboral 276 fue utilizado para favorecer intereses particulares.
El documento presentado ante el pleno revela que existió una manipulación directa de los resultados finales en perjuicio de profesionales capacitados. Los postulantes Yuli M.C., Damaso C.O. Miriam M.P., Jesús S.S y Rosa Q.G fueron inicialmente declarados como “calificados”, pero después de reclamos y una reevaluación los descalificaron. En tanto, Jeny S.L. incrementó su puntaje tras una nueva revisión.
Asimismo, se confirmó la convocatoria de plazas que, en la práctica, no se encontraban vacantes al momento del concurso. Las jefaturas de las oficinas de Economía y Logística estaban ocupadas por servidores que ya venían ejerciendo las funciones. Esto convierte al proceso en una «simulación de concurso público» diseñada para ratificar a personal preexistente.
La comisión también encontró un caso más grave. La servidora Mirla Paola Bernedo Ordoñez, ganadora de una de las plazas, laboraba durante el año 2024 como personal de confianza y, a la vez, con un contrato temporal. Es decir, incurrió en una doble condición laboral. Además, se le señala por haber visado presuntamente la resolución que disponía su propia recontratación.
Según el informe, además, la mencionada percibió remuneraciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2024. A pesar de que su vínculo laboral con la entidad se extinguió formalmente el 18 de noviembre de ese año.
El desarrollo de las etapas de evaluación también estuvo viciado por la presencia de personal ajeno a la Comisión de Selección. Las evidencias videográficas muestran que funcionarios de la Gerencia Regional de Salud, que no estaban acreditados formalmente como evaluadores, intervinieron directamente en las entrevistas personales realizando preguntas a los postulantes.
Por todo lo expuesto, el CRA remitió el expediente al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones por delitos de negociación incompatible, colusión, abuso de autoridad y peculado. El informe concluye que el proceso carece de integridad y que los actos administrativos emitidos deben ser anulados para restaurar el derecho de los ciudadanos a un acceso justo al empleo público.
CIFRA
6 casos de postulantes con resultados cambiados se revelaron en el informe de fiscalización.
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