Un análisis del coronel (R) PNP Harvey Colchado revela que 16 partidos políticos tienen miembros postulando a la reelección que votaron favorablemente un paquete de 9 normas que debilitan la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
El Congreso de la República aprobó entre 2023 y 2024 un conjunto de nueve leyes que, según el análisis del coronel PNP de inteligencia Harvey Colchado Huamaní, ex líder de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), han generado «un daño estructural al sistema penal peruano». Estas normas, denominadas «leyes pro-crimen», debilitan la acción del Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial en un momento en que el país enfrenta su mayor crisis de seguridad en décadas.
Entre las normas más controversiales se encuentra la Ley 31751, conocida como «Ley Soto», que limita a un año la suspensión de la prescripción para funcionarios con antejuicio; la Ley 31990, que exige grabar en video las declaraciones de colaboradores eficaces desincentivando la delación; la Ley 32130, que limita las interceptaciones telefónicas a máximo cuatro meses; y la Ley 32054, que excluye expresamente a los partidos políticos de sanciones penales y administrativas cuando son utilizados para cometer delitos como lavado de activos o corrupción.
Partidos pro crimen
El análisis de las votaciones de congresistas que postulan a la reelección revela un patrón preocupante. Unidad Nacional encabeza la lista con 75% de votos a favor de estas leyes, seguido por Perú Libre con 71.9% y Fuerza Popular con 71.1%. Progresamos y Somos Perú completan el top cinco con 68.8% de aprobación cada uno. Es importante destacar que Perú Libre y Progresamos no registraron ningún voto en contra, mostrando una cohesión partidaria total a favor de estas normas.
En el extremo opuesto, cinco partidos mantuvieron una postura crítica con 0% de aprobación. Alianza Venceremos (93.8% de votos en contra), Ahora Nación (87.5% en contra), Perú Primero (43.8% en contra), País para Todos (50% en contra) y Juntos por el Perú (50% en contra). Estos partidos rechazaron sistemáticamente el paquete de leyes pro-crimen, aunque su representación en el Congreso fue minoritaria.
Leyes con nombre propio
Entre los congresistas que buscan mantener su escaño y aprobaron estas normas se encuentran figuras de alto perfil como Alejandro Soto Reyes (APP), Vicepresidente del Congreso; Waldemar Cerrón Rojas (Perú Libre); José León Luna Gálvez (Podemos Perú), Presidente del Congreso; y Roberto Helbert Sánchez Palomino (Juntos por el Perú). Curiosamente, algunos de estos legisladores se beneficiaron directamente de las leyes que aprobaron.
El informe de Colchado señala casos emblemáticos como el de Alejandro Soto Reyes y Waldemar Cerrón Rojas, quienes lograron archivar sus casos gracias a la Ley 31751. Asimismo, el caso Orellana y Waykis en la Sombra se vieron favorecidos por la eliminación temporal de la detención preliminar sin flagrancia mediante la Ley 32181. Según el análisis, más de 250 organizaciones criminales podrían no haber sido desarticuladas con el nuevo marco de colaboración eficaz impuesto por la Ley 31990.
Una de las leyes más controversiales fue precisamente la Ley 32181, que eliminó la detención preliminar sin flagrancia, una herramienta esencial para actuar con rapidez en delitos complejos como corrupción y crimen organizado. Ante la presión ciudadana y el rechazo de la comunidad jurídica, el Congreso se vio obligado a dar marcha atrás con la Ley 32255, que restituye la medida, sin embargo, según Colchado, «el daño ya estaba hecho, durante el período en que la Ley 32181 estuvo vigente, múltiples investigaciones vieron comprometida su eficacia».
Un Estado débil
El coronel Colchado advierte que el resultado es un Estado que investiga menos, captura menos y sanciona menos. “Mientras el crimen avanza con mayor coordinación, poder económico y capacidad de intimidación», indica en su análisis y enfatiza que no se trata de un debate jurídico abstracto, sino de una urgencia nacional. “Estas leyes están impactando directamente en la capacidad del Estado para salvar vidas, recuperar el control territorial y devolver la confianza en la justicia», agrega.
Frente a este panorama, el experto hace un llamado urgente a la acción. «Es tiempo de actuar con firmeza. Las derogatorias deben ser parte de un paquete legislativo de Restauración de la Legalidad, que derogue todas las leyes mencionadas y fortalezca las herramientas anti crímenes en concordancia con estándares internacionales», asevera Colchado. El coronel de la PNP en retiro concluye que la ciudadanía necesita ver un Estado decidido, coherente y valiente frente al crimen organizado, no uno atado por normas complacientes.
Buscan reelegirse
De los 16 partidos analizados, 11 tienen más del 50% de aprobación a estas leyes pro-crimen entre sus miembros que postulan a la reelección. Solo cinco partidos mantuvieron una postura crítica con 0% de aprobación, siendo este dato de crucial importancia, de cara a las próximas elecciones. Esto debido a que muchos de los legisladores que aprobaron estas normas buscan mantener su escaño, lo que podría significar la consolidación de un marco legal que favorece la impunidad y debilita la lucha contra el crimen organizado en el Perú.
DATO
Harvey Julio Colchado participó como analista en la operación Chavín de Huántar
DATO
Renovación Popular tiene 8 de sus 13 congresistas postulando a la reelección, mientras que APP tiene 9 de 15.
