Establecen situación de instituciones que enfrentan a la delincuencia.
En un contexto de creciente inseguridad, la Mesa de Trabajo Técnica e Interinstitucional sobre Seguridad Ciudadana, Política Criminal y Reforma del Sistema de Justicia puso en evidencia las profundas carencias que padece el Estado para enfrentar la criminalidad organizada en Perú. Marleny Arminta Valencia, diputada de la bancada de Ahora Nación, reunió a los principales actores del sector para analizar el avance de la delincuencia y la capacidad de respuesta de las instituciones.
Durante la jornada, representantes de alto nivel del Ministerio del Interior, la Policía Nacional (específicamente la Dirincri), el Ministerio Público y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada compartieron un diagnóstico alarmante. A ellos se sumaron expertos del CEPLAN y del INEI, quienes aportaron datos estadísticos sobre la evolución de las organizaciones criminales en el territorio nacional.
Existe un nudo crítico que enfrenta los pocos recursos frente a la sofisticación delictiva. La brecha operativa y presupuestal es uno de los puntos más críticos. De ese modo, las instituciones que deben investigar y perseguir el delito no cuentan con el material logístico, el equipamiento ni las herramientas tecnológicas para hacer frente a mafias que, por el contrario, cada vez poseen mayores recursos y capacidades.
Esta falta de inversión especializada afecta directamente la eficacia de las investigaciones. Según se discutió en la mesa técnica, la extorsión se ha consolidado como una de las modalidades más dañinas, golpeando a transportistas, comerciantes, emprendedores y ciudadanos comunes, lo que genera un clima de terror y debilita la actividad económica del país.
Ante este panorama, la diputada Arminta Valencia fue enfática al señalar que no se puede exigir resultados a quienes investigan los delitos si el Estado no les otorga las herramientas mínimas para trabajar. “No podemos pretender enfrentar a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas con un Estado desarticulado”, subrayó la parlamentaria.
La información técnica recopilada en este encuentro servirá como base para un diagnóstico basado en evidencia. El objetivo final de la legisladora es impulsar una propuesta legislativa.
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