Bayer acordó pagar USD 7.250 millones para cerrar miles de demandas en Estados Unidos por su herbicida Roundup. El pacto busca limitar su exposición legal mientras la Corte Suprema evalúa si la aprobación federal exime a la empresa de responsabilidad.
La presión judicial volvió a golpear a Bayer. La compañía alcanzó un acuerdo por USD 7.250 millones con demandantes en Estados Unidos que acusan a su herbicida Roundup de causar cáncer. El entendimiento avanza en paralelo a un proceso clave ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que definirá el alcance de su responsabilidad legal.
El acuerdo fue presentado ante un tribunal de Misuri y busca poner fin a miles de litigios vinculados al uso prolongado de Roundup. Bayer sostiene que el pacto no implica admisión de culpa y que su vigencia dependerá de que no se excluya un número significativo de demandantes. En paralelo, el máximo tribunal estadounidense analizará si la aprobación del herbicida por la Agencia de Protección Ambiental prevalece sobre las leyes estatales.
La empresa alemana adquirió Roundup tras comprar Monsanto en 2018 y desde entonces ha enfrentado una avalancha de reclamos. Aunque defiende la seguridad del glifosato, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer lo clasifica como probable carcinógeno. Los tribunales ya han concedido indemnizaciones individuales de hasta USD 2.100 millones, alimentando la presión sobre la compañía.
El esquema de pagos se extenderá por 21 años y variará según edad, nivel de exposición y gravedad del linfoma no Hodgkin. Agricultores y trabajadores jóvenes recibirían montos mayores que usuarios residenciales de mayor edad. Aunque más de 130.000 demandas ya fueron resueltas, aún quedan unas 65.000 pendientes. Bayer ha destinado USD 13.900 millones para estos litigios y retiró el glifosato del Roundup residencial en EE. UU., mientras impulsa cambios legales con respaldo político para limitar futuras responsabilidades.
CITA
El acuerdo busca ofrecer “una compensación significativa” a afectados actuales y futuros, señaló un abogado.
DATO
La Corte Suprema evaluará en abril si la aprobación federal limita reclamos bajo leyes estatales.
