La Contraloría advierte que la gestión del alcalde Alfredo Benavente Godoy podría verse obligada a devolver más S/ 7 millones al Ministerio de Vivienda por no liquidar la obra de drenaje. La inacción dejó impunes penalidades contra la empresa que ejecutó el proyecto.
La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre enfrenta el riesgo de devolver millones de soles al Estado por negligencia del alcalde y sus funcionarios. La Contraloría General de la República (CGR), a través del Informe de Visita de Control N.° 001-2026-OCI/4602-SVC, advierte que la comuna podría perder más de S/ 7.2 millones por una cadena de omisiones administrativas vinculadas a la obra de drenaje pluvial en Pampas de Polanco.
Sucede que, tras la firma del Convenio N.° 598-2020-VIVIENDA en 2020, suscrito con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), mediante el cual se transfirieron S/ 7 millones 294 mil 037.26 para financiar el proyecto, la comuna incumplió las obligaciones de cierre y liquidación de la inversión, situación que ha motivado que el ministerio notifique su intención de resolver el convenio y exigir la devolución íntegra de los fondos.
Obra “fantasma”
La obra fue adjudicada a la empresa ECOTRAM E.I.R.L. Sin embargo, el informe describe un proceso plagado de incumplimientos. El contratista no participó en el acto de recepción de la obra y tampoco levantó las observaciones formuladas por la supervisión técnica, dejando el proyecto inconcluso en términos administrativos.
Pese a ello, la municipalidad no ejecutó la resolución contractual recomendada en abril de 2022. Esta omisión generó un limbo legal: la obra no fue formalmente recibida ni liquidada, pero tampoco se activaron los mecanismos coercitivos contra la empresa. La consecuencia directa es que, a la fecha, no existe liquidación final consentida ni aprobada.
En términos financieros, la ausencia de liquidación es determinante. El MVCS exige como requisito indispensable la conformidad y cierre técnico para validar el uso de los recursos transferidos. Sin ese acto administrativo, el ministerio puede resolver el convenio y demandar la devolución de los S/ 7.29 millones, trasladando el impacto al presupuesto distrital.
El informe también detalla que ECOTRAM acumuló penalidades por S/ 715 mil 676,69, hasta mayo de 2022. No obstante, el tope legal del 10% del contrato ascendía a S/ 706 mil 273,81. La municipalidad no actuó oportunamente para resolver el contrato cuando se superó ese límite, debilitando su posición jurídica frente al contratista.
Sin garantías
Uno de los cuadros más críticos del informe evidencia la caducidad de las garantías contractuales. Dos cartas fianza menores vencieron en mayo y agosto de 2023, cuando el edil Benavente Godoy ya había asumido el cargo. Esto generó un riesgo inmediato superior a S/ 18 mil. La falta de renovación o ejecución oportuna impidió que la entidad asegure la cobertura frente a incumplimientos.
El golpe más severo fue el vencimiento de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N.° 3002020015113-10 por S/ 679 mil 554,73, que expiró el 10 de abril de 2023. Al no ejecutarse antes de su caducidad, la municipalidad perdió la posibilidad de resarcirse por las penalidades acumuladas.
Además, la garantía por adelanto directo, por S/ 81 mil 182,86, también venció el 15 de abril de 2023. Aunque este adelanto debía amortizarse con el avance físico de obra, la falta de cierre contractual impide verificar plenamente su recuperación. Es decir, todas las garantías esenciales vencieron durante el primer semestre de 2023 sin que la municipalidad adoptara medidas correctivas. El resultado es la pérdida de instrumentos financieros diseñados para proteger el erario público.
Estas omisiones comprometen directamente la responsabilidad de los funcionarios encargados de la gestión contractual, supervisión y liquidación. Aunque el informe no individualiza nombres en esta etapa, sí establece que existió falta de diligencia en la cautela de los intereses del Estado.
En términos prácticos, la población de Pampas de Polanco continúa sin un sistema de drenaje pluvial plenamente operativo. La obra inconclusa mantiene a los vecinos expuestos a riesgos de inundación y problemas sanitarios, agravando la dimensión social del caso.
El Ministerio de Vivienda, como entidad financiadora, actúa bajo reglas estrictas de ejecución presupuestal. Su advertencia de resolver el convenio responde al incumplimiento municipal en el cierre de la inversión. Esto convierte al distrito en potencial deudor de una suma millonaria.
Dato:
El proyecto inició con la gestión del exalcalde de Alto Selva Alegre, Samuel Tarqui Mamani, pero estas se heredaron al alcalde Alfredo Benavente Godoy.
