Patricia Muñoz restó valor a la norma regional que sirvió de base para casos judiciales.
Foto: Yvan Salcedo
La gerente del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA), Patricia Muñoz Medina, restó importancia al pedido de derogatoria de la Ordenanza Regional N.° 007-2003, que establece medidas de protección para terrenos agrícolas. Según sostuvo, la norma nació viciada porque los gobiernos regionales no tienen competencias para declarar la intangibilidad de terrenos.
La funcionaria planteó que primero se derogue la ordenanza y después se elabore una nueva propuesta que permita salvaguardar las áreas agrícolas de las demás provincias. Para Arequipa Metropolitana, en cambio, aseveró, se busca avanzar con el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM).
Además, sostuvo que la norma en mención no cumplió su propósito y que, pese a su vigencia, parte de la campiña fue depredada. Ese argumento de Muñoz no es del todo cierto. Que la norma no haya impedido todos los casos de cambio de uso del suelo no significa que carezca de utilidad jurídica. De hecho, las normas de protección territorial funcionan, entre otras cosas, como instrumentos que permiten frenar cualquier intento de depredación.
Para muestra, un botón: la ordenanza permitió la condena del exalcalde provincial Alfredo Zegarra Tejada por los delitos de otorgamiento ilegal de derechos y falsedad ideológica. La Fiscalía sostuvo que durante su gestión se permitió modificar la zonificación de un área destinada al Eco Parque Metropolitano, favoreciendo la construcción de la sede de la Universidad Continental. Precisamente ese caso demuestra que las restricciones sobre el uso del suelo agrícola no son un asunto menor.
Ahora bien, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible señala que los gobiernos regionales y locales participan en materia de uso y gestión del suelo, planificación y acondicionamiento territorial. Esto significa que los consejos regionales sí tienen facultades para intervenir en asuntos territoriales o ambientales y de alcance regional. Finalmente, Muñoz señaló que serán los consejeros quienes deberán decidir si la norma se deroga o continúa en vigencia.
La Oficina de Asesoría Jurídica del GRA emitió opinión desfavorable para derogar la ordenanza.
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