Ana Cecilia Cordero explicó las previsiones que se han tomado.
Foto: Yvan Salcedo
Para evitar incidentes durante la jornada electoral, la Fiscalía reforzará su presencia este 4 de octubre en Yarabamba, Quequeña y Mollebaya, tres distritos considerados de especial atención durante las elecciones regionales y municipales. La medida responde a los antecedentes de presuntos cambios ficticios de domicilio electoral y a la restitución de direcciones en el padrón, situaciones que podrían generar intentos de “votos golondrinos”.
El despliegue tendrá a 24 fiscales dedicados exclusivamente a estas jurisdicciones, desde la apertura hasta el cierre de los locales de votación. La fiscal de Prevención del delito, Ana Cecilia Cordero, explicó que también se coordinó con la Policía para reforzar la seguridad en los colegios habilitados como centros de votación. La atención será particularmente estrecha ante cualquier intento de impedir, alterar u obstaculizar el desarrollo normal de las elecciones, situación que podría derivar incluso en detenciones en flagrancia.
Yarabamba concentra el mayor nivel de vigilancia. Además de los antecedentes vinculados a la restitución de domicilios electorales, en este distrito existe una medida cautelar que repuso la candidatura de Mario Barriga Málaga. Por ello, el Ministerio Público busca evitar cualquier posible alteración a la voluntad popular.
Además, en toda la región serán 250 fiscales los que participarán en el operativo electoral. De ellos, 204 estarán asignados a labores de prevención del delito, 30 atenderán delitos genéricos en las ocho provincias y otros 16 estarán abocados específicamente a investigaciones relacionadas con delitos electorales.
La vigilancia comenzó con la supervisión del traslado y recepción del material electoral en los centros de votación, proceso que está a cargo de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE). Durante la jornada también se realizarán verificaciones para comprobar que los locales de votación permanezcan libres de propaganda electoral en un perímetro de 100 metros y que se respeten las restricciones sobre el expendio de bebidas alcohólicas.
La Fiscalía explicó que obstaculizar o alterar el desarrollo de las elecciones puede generar consecuencias penales, con penas que pueden alcanzar hasta los 10 años de prisión.
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