Richard Ale y empresarios bajo sospecha por presunta afectación a Lomas de Yuta.
La protección de las Lomas de Yuta, en Mollendo, llegó a los despachos de la Fiscalía. El alcalde provincial de Islay, Richard Hitler Ale Cruz, y dos empresarios fueron denunciados penalmente por la presunta destrucción de este ecosistema frágil. Allí se habrían realizado actividades de extracción de agregados y arcilla durante aproximadamente cinco meses, a vista y paciencia de las autoridades.
La denuncia fue presentada el 16 de octubre de 2026 ante la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos del Medio Ambiente de Arequipa por la Asociación Civil Colectivo Mollendinos Unidos. Su presidente, Arturo Paul Dueñas Segura, solicitó que el Ministerio Público investigue los hechos y determine las responsabilidades penales que correspondan.
Aunque las Lomas de Yuta, ubicadas en el sector de la Cruz de Fierro, representan un espacio de valor ambiental e histórico para Mollendo, en la zona se desarrollaron trabajos de minería no metálica para extraer agregados y arcilla, materiales utilizados en la construcción. Estas actividades habrían afectado un área natural que cuenta con reconocimiento oficial como ecosistema frágil desde 2018.
Entre los denunciados figura el alcalde provincial Richard Hitler Ale Cruz, junto con el subgerente de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Islay. A ambos se les atribuye una presunta omisión impropia, por no actuar para evitar el daño. La asociación considera que los funcionarios debieron intervenir frente a las actividades extractivas y adoptar medidas para proteger el área.
El colectivo sostiene que la comuna tenía competencias ambientales y administrativas para fiscalizar las actividades desarrolladas en su jurisdicción, verificar las condiciones en las que operaban las empresas y, de corresponder, iniciar procedimientos sancionadores. Para los denunciantes, la continuidad de los trabajos durante varios meses evidenciaría una respuesta municipal tardía frente a un daño que consideran grave.
La denuncia también comprende a Carlos Ernesto Alarcón, representante legal de Roca Zeta EIRL., y al representante legal de Contratistas Obras Ingeniería Minería y Servicios SAC., conocida como COIMSER. Contra los empresarios se plantea la presunta comisión del delito de alteración del ambiente o del paisaje.
Uno de los principales argumentos del colectivo es que las Lomas de Yuta cuentan con protección oficial desde el 18 de julio de 2018, cuando se emitió la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 153-2018-MINAGRI-SERFOR. Esta disposición está relacionada con el reconocimiento del área como ecosistema frágil, categoría que exige una atención especial para conservar sus características naturales. Esa condición debió ser considerada antes de autorizar, permitir o ejecutar cualquier actividad capaz de alterar el terreno.
La actividad extractiva, según la denuncia, se habría hecho visible a través de publicaciones difundidas en medios de comunicación y redes sociales. En ellas se alertaba sobre la presencia de COIMSER y la extracción de agregados y arcilla dentro de las Lomas de Yuta. Uno de los aspectos más llamativos del documento es la posible relación entre el material extraído y el proyecto minero Tía María.
La denuncia recoge versiones de personas que sostuvieron que los materiales eran transportados en vehículos de carga pesada para ser utilizados en el proyecto minero. El colectivo también hace referencia a una inspección realizada el 15 de octubre de 2026 por efectivos de la Policía Ecológica y fiscalizadores de la Municipalidad Provincial de Islay en el campamento de la empresa.
Allí se encontraron estructuras y ambientes construidos con madera, además de trabajos que, según la asociación, mostrarían intervenciones previas en el terreno. A partir de estos elementos, los denunciantes sostienen que la actividad extractiva no habría comenzado recientemente, sino que se habría desarrollado durante varios meses.
La asociación sostiene que las autoridades municipales tenían la obligación de revisar las condiciones en las que se desarrollaba la extracción y determinar si correspondía detenerla o imponer sanciones, pero no lo hicieron. Y lo peor es que, según la denuncia, los involucrados conocían la protección otorgada a las Lomas de Yuta.
El alcalde de Islay es acusado de no accionar oportunamente para proteger las Lomas de Yuta.
Actividades extractivas se habrían realizado para el proyecto minero Tía María, según la denuncia.
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