Labores de Sedapar son cuestionadas a través de auditoria de la Contraloría.
Mientras Sedapar reportaba a Sunass actividades de monitoreo y mantenimiento en sus plantas de tratamiento de aguas residuales, una auditoría encontró equipos que aún no existían, mediciones sin instrumentos operativos y otras intervenciones “fantasmas”. La revisión también detectó contratos fraccionados en la PTAR La Escalerilla, presuntamente para evitar concurso público.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 021-2026-2-0263, la principal observación recae sobre la información proporcionada sobre las PTAR El Pedregal y Majes. Y es que se reportó actividades de monitoreo, mantenimiento y cumplimiento de frecuencias mínimas que no se habrían realizado en su totalidad.
En El Pedregal, incluso se consignaron labores sobre las rejillas y el desarenador antes de que estas unidades fueran implementadas. La primera recién fue instalada el 8 de agosto de 2025 y la segunda, el 7 de noviembre del mismo año. También se determinó que no se efectuó la batimetría de las cuatro lagunas de estabilización, necesaria para conocer la acumulación de lodos y planificar su retiro.
Los resultados ambientales también son adversos. En enero de 2024, el efluente de El Pedregal alcanzó 302 mg/L de DBO5, cuando el límite máximo permitido era de 100 mg/L. Los coliformes termotolerantes llegaron a 3,5 millones de NMP/100 ml frente a un límite de 10 mil. Estas deficiencias incidieron en el funcionamiento de la planta y permitieron que el agua tratada continuara superando los parámetros establecidos.
En la PTAR Majes, se encontró una situación similar entre los registros y la capacidad real de la infraestructura. Durante 2024 y 2025 se anotaron mediciones diarias de caudal pese a que los equipos destinados para esa tarea no estaban operativos. Los valores eran referenciales. Los nuevos sensores fueron instalados recién en 2026.
En la PTAR La Escalerilla, se identificó que el servicio de transporte de residuos y despojos fue atendido inicialmente sin vínculo contractual y posteriormente mediante contratos menores que evitaron el procedimiento de selección que correspondía. El proveedor involucrado fue Inversiones Merma S.A.C. En 2024 recibió S/ 77 mil 558 por servicios realizados sin contrato, mientras que en 2025 se efectuaron dos contrataciones menores por otros S/ 57 mil.
El caso alcanza a 15 funcionarios y servidores de Sedapar, de los cuales siete fueron comprendidos con presunta responsabilidad penal.
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