Avanza investigación penal contra Víctor Hugo Rivera por alza del pasaje del SIT

Víctor Hugo Rivera y Milagros Chirinos deben responder ante la ley por aumento del pasaje a S/ 1.30.

La investigación penal contra el exalcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, y su gerente de Transportes, Milagros Chirinos, continúa su curso. Y es que la Fiscalía Anticorrupción dispuso nuevas diligencias, mientras que la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía citó a los involucrados para responder por el acuerdo que permitió elevar la tarifa del transporte urbano de S/1 a S/1.30. El primero en comparecer será el exburgomaestre.

Todo inició con la denuncia de la regidora Rocío Amparo Mango Chipana, quien cuestionó la suscripción de la denominada “Acta de Cierre de Trato Directo” entre la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y los consorcios de transporte. Ahora, el caso se encuentra a cargo del fiscal Walter Alejandro Churata Checya, del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa.

Denuncia de concejal Mango avanza a paso firme.

Beneficiaron a los transportistas

Según la Fiscalía, el incremento de la tarifa se aprobó sin contar con estudios técnicos suficientes que acreditaran la capacidad de pago de los usuarios. También se cuestiona el procedimiento que correspondía para modificar las condiciones económicas de los contratos de concesión.

Sucede que, según la denuncia, los concesionarios del Sistema Integrado de Transportes (SIT) mantenían pendiente una obligación de renovación de su flota vehicular. Es decir, debían incorporar progresivamente hasta mil 749 buses nuevos durante los primeros años de operación, pero esto nunca se concretó. Por el contrario, existía un déficit vehicular.

Entonces, según los precios del mercado, se calculó que el déficit de inversión privada por la flota que nunca fue renovada alcanzaría aproximadamente US$159 millones. Mientras se aprobaba un aumento de la tarifa para los usuarios, los concesionarios tendrían pendiente una inversión millonaria comprometida en los contratos.

Además, 38 obligaciones contractuales fueron incumplidas por los concesionarios, entre ellas la formalización laboral de conductores, constitución de fideicomisos, contratación de seguros, implementación del sistema de recaudo electrónico y ejecución de obras viales. Pese a esto, no se aplicaron las sanciones, penalidades o ejecución de cartas fianza contempladas en los contratos.

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Rivera rendirá cuenta ante la Policía Anticorrupción.

Al banquillo

En su calificación jurídica preliminar, el Ministerio Público atribuyó a Milagros Chirinos la presunta comisión del delito de negociación incompatible. La hipótesis apunta a que habría intervenido, por razón de su cargo, en el acuerdo tarifario que favoreció a las empresas concesionarias. La calificación es provisional y puede variar conforme avance la investigación.

Víctor Hugo Rivera Chávez, por el contrario, es investigado preliminarmente por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Esta segunda imputación está relacionada con la presunta falta de fiscalización y control sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los operadores del SIT.

Precisamente, la exautoridad rendirá su declaración ante la Dircocor el miércoles 9 de septiembre, a las 12:00 horas. La diligencia se realizará de manera presencial en la sede policial. También deberá establecerse por qué se incrementó la tarifa pese a las disposiciones contractuales incumplidas.

La Fiscalía tendrá que determinar, con las declaraciones y documentos que se incorporen a la carpeta, si el aumento del pasaje fue una decisión administrativa válida o si detrás del acuerdo hubo responsabilidades penales que ameriten avanzar hacia una investigación preparatoria.

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Despiece

Se instala juicio contra Rivera

Víctor Hugo Rivera afronta otra investigación penal por negociación incompatible. La Fiscalía lo acusa de contratar a un agente de la PNP en retiro para cuidar a su mascota Flechita. Como en el caso anterior, las diligencias están avanzadas y también alcanza a su entonces gerente municipal Augusto Arce Paredes.

Precisamente, este último 28 de agosto se instaló la primera audiencia del juicio oral con presencia de ambos investigados. La prognosis de pena alcanza los 4 años y 7 meses de prisión efectiva e inhabilitación para ejercer cargos públicos.