El oficio será visto en Comisión de Acusaciones Constitucionales.
La posibilidad de que el Congreso sea disuelto volvió a generar una disputa política, luego de las declaraciones del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien señaló que una eventual decisión así de la presidenta Keiko Fujimori de podría incrementar entre 20 y 30 puntos su nivel de aprobación.
La respuesta llegó desde la Cámara de Diputados. La parlamentaria cusqueña Analí Márquez, de Juntos por el Perú, presentó una denuncia constitucional contra Gutiérrez por considerar que sus expresiones excedieron sus funciones.
El documento fue ingresado el 2 de septiembre ante la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados. Entre los argumentos de la acusación, Márquez sostiene que Gutiérrez habría planteado un eventual quiebre institucional desde criterios de conveniencia política y resultados de encuestas, sin analizar adecuadamente sus implicancias constitucionales.
La legisladora también cuestiona que el autogolpe de 1992 haya sido presentado como un antecedente políticamente exitoso y, por esa razón, susceptible de ser replicado.
Pide destitución e inhabilitación
La denuncia no se limita a solicitar que se investiguen las declaraciones. Márquez plantea que, de determinarse responsabilidad, Gutiérrez sea destituido del cargo y quede inhabilitado durante diez años para ejercer cualquier función pública.
El pedido deberá pasar primero por el procedimiento correspondiente dentro de la Cámara de Diputados. La Oficialía Mayor dispuso que el documento sea remitido a la Comisión de Acusaciones Constitucionales para su calificación.
Cuestionamiento constitucional
Márquez sostiene que las declaraciones del defensor podrían constituir una presunta infracción de los artículos 38, 43, 45, 161 y 162 de la Constitución Política.
Según la denuncia, estos hechos comprometerían el deber de respetar y defender la Constitución, el Estado Democrático de Derecho y la separación de poderes. También cuestiona que Gutiérrez haya excedido las competencias asignadas constitucionalmente a la Defensoría del Pueblo.
La parlamentaria considera que el cargo que ocupa Gutiérrez exige una posición de defensa de la institucionalidad democrática y no la evaluación de los beneficios políticos que podría generar una eventual disolución del Parlamento.
Gutiérrez responde
Después de conocerse la denuncia, el defensor del Pueblo afirmó que está dispuesto a acudir al Congreso si el procedimiento avanza para explicar sus declaraciones.
Gutiérrez sostuvo que su gestión no busca promover un quiebre del orden democrático y recordó que no alentará la disolución de una institución. También señaló que podría ofrecer disculpas si considera que sus expresiones fueron interpretadas de una manera distinta a su intención.
El caso se suma a los cuestionamientos que surgieron desde distintos sectores políticos después de las declaraciones del defensor. La propia presidenta Keiko Fujimori rechazó la posibilidad de cerrar el Congreso y calificó las expresiones de Gutiérrez como un “desliz”.
Dato
Cuatro bancadas del Senado también expresaron su rechazo a las declaraciones de Josué Gutiérrez.
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