James Pérez Pacaya, dirigente del Bajo Puinahua, figura entre los defensores indígenas identificados en situación de riesgo.
Defender un territorio se convirtió en una actividad de riesgo. En las comunidades amazónicas, una denuncia contra la tala ilegal, el narcotráfico o el tráfico de tierras puede convertir a un dirigente en objetivo de una organización criminal.
Ese riesgo no es reciente. Desde 2013, cuando fue asesinado el líder Mauro Pio Peña en Junín, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) contabiliza 37 líderes indígenas asesinados. La organización sostiene que los crímenes están relacionados con la defensa de los territorios frente a actividades ilegales.
El problema tampoco termina con los asesinatos. Actualmente, AIDESEP identifica a 43 defensores y defensoras indígenas bajo amenaza. Entre ellos figura James Pérez Pacaya, dirigente del Bajo Puinahua, en Loreto. Su labor de defensa territorial lo ha colocado en una situación de riesgo que lo obliga a adoptar medidas de seguridad incluso durante sus actividades de representación.
La lista de personas amenazadas incluye dirigentes de distintos pueblos amazónicos, entre ellos Huitoto Murui, Shipibo Conibo, Kukama Kukamiria, Awajún, Matsiguenga, Asháninka, Iquito, Kichwa, Arabela, Ashéninka y Kakataibo.
La amenaza no tiene una sola causa. AIDESEP identifica entre los principales factores de riesgo al narcotráfico, la tala y minería ilegal, los cultivos ilícitos, el tráfico de tierras y la pesca ilegal. También advierte sobre conflictos generados por la superposición de derechos y la presencia de grupos armados.
En estos escenarios, los dirigentes que denuncian actividades ilegales o intentan impedir el ingreso de terceros quedan expuestos a intimidaciones. El caso Saweto es uno de los ejemplos más graves. En 2014 fueron asesinados los líderes ashéninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, quienes habían denunciado la presencia de madereros ilegales en su territorio.
Una década después, el caso continúa siendo utilizado como referencia de los riesgos que enfrentan quienes defienden territorios indígenas. AIDESEP señala que la violencia contra los dirigentes no se detuvo después de aquellos asesinatos.
El problema para las comunidades también está en la distancia que las separa de las instituciones encargadas de atender una emergencia. Hay comunidades en las que llegar hasta una dependencia policial puede tomar días. A esto se suma la falta de señal telefónica e internet en amplias zonas de la Amazonía. Esto significa que una amenaza puede producirse sin que la Policía o el Ministerio Público tengan capacidad de respuesta inmediata.
Los propios mecanismos de vigilancia territorial de las organizaciones indígenas funcionan con recursos limitados. Sus integrantes realizan patrullajes para advertir el ingreso de personas o maquinaria, pero no cuentan con las condiciones necesarias para enfrentar a grupos criminales.
AIDESEP ha respondido instalando módulos de comunicación con internet y paneles solares en comunidades consideradas de mayor riesgo. Sin embargo, la propia organización reconoce que esta infraestructura todavía no cubre la dimensión del problema.
El registro de AIDESEP no es el único indicador de la magnitud del problema. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha registrado más de 600 situaciones de riesgo contra personas defensoras desde 2019. Una parte importante de estos casos está relacionada con actividades ilícitas como la tala, el narcotráfico y la minería ilegal.
La Amazonía concentra una parte importante de estos casos. Ucayali, Loreto, San Martín y Madre de Dios aparecen entre las regiones con mayores registros.
El mecanismo estatal busca atender estos casos mediante medidas de protección y prevención. Sin embargo, las organizaciones indígenas cuestionan que las decisiones tomadas desde Lima no siempre se traduzcan en una presencia efectiva en las comunidades. La distancia, la falta de personal y la ausencia de conectividad terminan convirtiéndose en obstáculos para que una medida de protección pueda funcionar en el territorio.
El asesinato de los líderes no solo afecta a sus familias. También deja comunidades sin sus principales representantes y puede generar temor entre quienes continúan denunciando actividades ilegales.
AIDESEP ha advertido durante los últimos años que la violencia se mantiene. En mayo de 2024 reportaba 34 líderes indígenas asesinados desde 2013. En julio de ese mismo año elevó la cifra a 35.
El registro actualizado que recoge los 37 asesinatos muestra que la violencia no se ha cerrado con los casos emblemáticos de años anteriores. Mientras las economías ilegales continúan disputando espacios en la Amazonía, decenas de dirigentes permanecen bajo amenaza por una razón que debería ser básica: defender el territorio de sus comunidades.
AIDESEP representa actualmente a 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y 2 mil 439 comunidades nativas de la Amazonía peruana.
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