La UNSA estableció que la condena judicial constituía una causal para la destitución.
Florentino Alfredo Zegarra Tejada no es más catedrático de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Fue destituido por tener una condena judicial firme por delito doloso. Así consta en la Resolución de Consejo de Facultad N.° 002-2022-FM-UNSA, emitida por la casa superior de estudios.
Sucede que el 2.° Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa lo declaró autor del delito de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos. Esto por atentar contra el medio ambiente. La sentencia N.° 70-2019/FD-2JPU le impuso cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por tres años. Además de tres años de inhabilitación para obtener mandato o cargo de carácter público.
Para la UNSA, este hecho resultaba determinante porque la Ley Universitaria N.° 30220 establece como causal de destitución tener una condena por delito doloso. Zegarra, sin embargo, sostuvo durante el procedimiento que la rehabilitación penal impedía aplicarle la sanción. Alegó que el artículo 69 del Código Penal contempla la rehabilitación automática. Y citó un informe técnico de SERVIR según el cual una condena ya rehabilitada no podría utilizarse.
La universidad rechazó este argumento porque, según la información remitida por el Poder Judicial, en 2022 la condena todavía se encontraba vigente. Además, el 5.° Juzgado de Investigación Preparatoria informó que el periodo de prueba de la pena suspendida todavía no había concluido debido a la suspensión de plazos procesales durante la pandemia.
Con esos elementos, el Consejo de Facultad consideró acreditada la causal prevista en el artículo 95.4 de la Ley Universitaria. Además del impedimento contemplado en el Estatuto de la UNSA para ejercer la docencia cuando existe una condena judicial consentida o ejecutoriada por delito doloso. Por lo tanto, correspondía aplicar la máxima sanción disciplinaria.
DATO
Su salida de la universidad obedece a un procedimiento administrativo disciplinario originado por una condena penal firme.
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