La audiencia única del caso fue programada para el 16 de septiembre.
Han pasado nueve años desde que el Gasoducto del Sur quedó paralizado y, para el Colegio de Abogados del Cusco, la discusión ya no debe centrarse en nuevos anuncios, sino en determinar si el Estado está cumpliendo las obligaciones que la ley le impone respecto a uno de los proyectos energéticos más importantes para el país.
Con ese objetivo, el Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco admitió a trámite la demanda de proceso de cumplimiento presentada por la orden profesional contra el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). La resolución judicial considera que el recurso reúne los requisitos necesarios para el inicio formal del proceso.
Como parte del trámite, el Poder Judicial ordenó correr traslado de la demanda al MINEM, que contará con un plazo de diez días para presentar sus descargos. Asimismo, programó una audiencia única para el 16 de septiembre, a las 10:30 de la mañana, donde se debatirá el fondo del caso.
El Colegio de Abogados pretende que se determine que el Ministerio de Energía y Minas ha dejado de cumplir obligaciones legales vigentes relacionadas con este proyecto y se ordene ejecutarlas mediante una sentencia constitucional.
Según la demanda, el Estado mantiene pendientes diversos compromisos vinculados con el Gasoducto del Sur. Entre ellos, el cumplimiento de la normativa que declara de interés nacional la construcción del mismo, la adopción de las acciones necesarias para hacer viable la infraestructura y el impulso de la masificación del recurso natural hacia las regiones del sur peruano.
Para el gremio, estas obligaciones continúan vigentes pese a que la obra permanece detenida desde 2017 y su incumplimiento ha impedido que millones de ciudadanos accedan a una fuente de energía más económica y que se puedan desarrollar proyectos industriales.
El Gasoducto del Sur fue concebido para transportar el gas de Camisea hacia Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Apurímac, con el propósito de impulsar la industrialización, ampliar el acceso al gas natural y reducir los costos energéticos para la población y las empresas.
La demanda plantea impulsar la masificación del gas natural en las regiones del sur del país.
Sin embargo, tras la resolución del contrato original en 2017, el proyecto quedó paralizado. Desde entonces, distintos gobiernos han anunciado mecanismos para su reactivación, mientras el Estado enfrenta incluso arbitrajes internacionales derivados de la concesión original, sin que la infraestructura haya sido retomada.
La demanda de cumplimiento fue anunciada por el Colegio de Abogados del Cusco en marzo de 2026.
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