Dirigente cuestiona resolución del Ministerio de Energía y Minas, que declara prioritario a Southern Perú de las tierras donde se explota el proyecto. Esto permitiría transferir más de 2 mil hectáreas a bajo costo.
La reciente declaratoria de interés nacional del proyecto minero Tía María desató una disputa en el ámbito legal. José Álvarez Ruelas, coordinador regional de la Asociación de Extrabajadores de Southern Perú, anunció la presentación de una acción de amparo con el objetivo de paralizar los efectos de una resolución del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Según explicó el dirigente, la medida judicial apunta directamente contra la resolución ministerial N° 121-2026-MINEM/DM que no solo prioriza el proyecto, sino que además contemplaría la reserva y eventual transferencia de terrenos concesionados a favor de la empresa minera. En su criterio, esta disposición podría abrir la puerta a la entrega de más de 2 mil hectáreas en condiciones desfavorables para el Estado.
Álvarez cuestionó especialmente el valor referencial asignado a estos predios, que oscilaría entre 0.80 y 1.20 soles por metro cuadrado. A su juicio, el monto total —estimado en alrededor de 16 millones de soles— no guarda relación con el verdadero potencial económico de los recursos minerales presentes en la zona.
El promotor de la acción constitucional indicó que la demanda fue interpuesta a título personal, amparándose en el derecho que tiene cualquier ciudadano de cuestionar normas que considere contrarias a la Constitución. En ese sentido, sostuvo que el proceso obligaría al Poder Judicial a evaluar la legalidad de la resolución y, eventualmente, a suspender sus efectos.
Asimismo, advirtió que, de admitirse la acción de amparo, se podrían detener de manera provisional los procedimientos administrativos vinculados al proyecto Tía María, hasta que exista un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del caso.
Finalmente, Álvarez lamentó la ausencia de una postura clara por parte de autoridades regionales y representantes del Congreso. Consideró que existe un déficit en la labor de fiscalización frente a decisiones que, según afirmó, podrían comprometer recursos del Estado en beneficio de intereses privados.
DATO
La declaratoria de interés se otorgó durante el régimen de José Jeri Oré.
