noviembre 20, 2026
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La investigación contra los artistas comenzó en 2025 e incluye grabaciones de presuntos entrenamientos armados, testimonios policiales y publicaciones en redes sociales. Mientras la Fiscalía investiga a diez personas, organizaciones culturales y de derechos humanos cuestionan las detenciones y solicitan verificar las condiciones en las que permanecen los intervenidos.

Un video de personas encapuchadas realizando presuntos entrenamientos armados, una denuncia anónima y hasta una entrevista televisiva forman parte de los elementos que sustentan la investigación por presunta afiliación terrorista contra Pedro Mo, Brenda Jah y otros ocho investigados. Sin embargo, el contenido de estas pruebas abre interrogantes sobre cómo se identificó a los involucrados y qué elementos permiten vincularlos directamente con las actividades atribuidas a una supuesta organización relacionada con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Los documentos fiscales conocidos tras la operación «Centinela 2026», ejecutada el 19 de noviembre por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Cusco, Lima y San Martín, revelan que las pesquisas comenzaron en mayo de 2025. El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional autorizó la detención preliminar de cinco personas por 15 días.

Brenda Jah fue intervenida en el Cercado de Lima durante la operación Centinela 2026.

Entre los intervenidos figuran Pedro Gonzalo Mosqueira Velásquez, conocido como Pedro Mo; Brenda Denisse Mejía Sinarahua, Brenda Jah; Libia Tatiana Arcila Vila; y los hermanos David Eraclides y Polidoro Tapullima Upiachihua, familiares de la diputada Jacqueline Tapullima, de Juntos por el Perú.

El caso está a cargo del fiscal Javier Antonio Heredia Cercado, del Primer Despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Terrorismo, que investiga la presunta comisión del delito de afiliación a organizaciones terroristas en agravio del Estado.

Videos de encapuchados bajo cuestionamiento

Según documentos fiscales revisados por La República y Correo, las pesquisas comprenden presuntas actividades desarrolladas durante 2024 y 2025. La investigación fue declarada compleja y, en octubre de este año, el Ministerio Público amplió las diligencias preliminares e incorporó a nuevos investigados.

La hipótesis fiscal sostiene que los involucrados habrían mantenido vínculos con una organización denominada Túpac Amaru, mediante una presunta estructura integrada por el Frente Democrático del Pueblo (FDP) y la Escuela Rebelde Saturnino Huillca (ERSH).

A estas agrupaciones, la Fiscalía les atribuye supuestas actividades de formación político-ideológica, captación de integrantes, propaganda y entrenamiento militar, que se habrían desarrollado en diferentes regiones del país.

Entre los elementos recopilados figuran grabaciones de reuniones realizadas en San Martín, donde presuntamente algunas personas aparecen con vestimenta de apariencia militar y portando armas. Según indica la fiscalía en uno de los videos muestra a una mujer encapuchada que dispara una escopeta y posteriormente pronuncia una proclama política.

Sin embargo, uno de los aspectos cuestionados es la identificación de los participantes. En las imágenes difundidas, algunas personas mantienen el rostro cubierto, lo que dificulta la identificación.

La disposición fiscal sostiene que el análisis de imágenes y registros audiovisuales habría permitido vincular a Pedro Mo y otros implicados con actividades de entrenamiento. No obstante, según la carpeta fiscal, las grabaciones atribuidas a algunos investigados todavía debían ser corroboradas mediante una pericia.

Los investigadores también analizan publicaciones difundidas en Facebook, entre ellas un video del 6 de abril de 2025, que, según la Fiscalía, estaría relacionado con actividades de propaganda y captación de integrantes.

Denuncia anónima

A ello se suman informes policiales y declaraciones de un agente especial identificado como «Carlos Campos», quien entregó siete dispositivos de almacenamiento con registros de audio vinculados a las actividades investigadas. De acuerdo con Correo, la investigación menciona además una reunión realizada en la vivienda de Polidoro Tapullima, en la que habría participado Pedro Mo junto a Libia Arcila.

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Otro elemento incorporado a la investigación es una entrevista televisiva de 2023, realizada por Mávila Huertas al exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo, quien sostuvo que la Escuela Rebelde Saturnino Huillca sería una fachada de una organización terrorista.

Colectivos culturales bajo investigación

La disposición fiscal también menciona a agrupaciones como Sikuris Unificado Contra la Dictadura, Runa Taki, Hijos del Perú y Corriente Amaru, así como espacios de mensajería relacionados con la Escuela Rebelde Saturnino Huillca.

Según la tesis del Ministerio Público, algunas de estas actividades habrían servido para difundir contenidos ideológicos y establecer vínculos con una presunta estructura terrorista. No obstante, la participación en organizaciones culturales o políticas no constituye, por sí misma, prueba de afiliación al terrorismo.

Artistas y colectivos culturales cuestionaron las detenciones realizadas el 19 de noviembre.

Precisamente, este es uno de los cuestionamientos de los colectivos culturales, que sostienen que las autoridades estarían vinculando expresiones artísticas y actividades de organización social con delitos de terrorismo.

En medio de la controversia, el exjefe de la Dircote Max Anhuamán sostuvo, que las detenciones responden a una investigación de inteligencia desarrollada durante varios meses. Según explicó, las pesquisas se intensificaron después de que se difundiera en Facebook un video atribuido a un grupo denominado Fuerza de Liberación Cahuide, al que vinculó con el MRTA.

Anhuamán rechazó que las intervenciones respondan a una persecución ideológica y aseguró que los agentes reunieron elementos antes de trasladar el caso al Ministerio Público.

Artistas rechazan vínculos terroristas

La controversia también se trasladó a Cusco, donde Pedro Mo fue detenido en Urcos, provincia de Quispicanchi, cuando participaba en actividades relacionadas con el VII Festival Túpac Amaru y Micaela Bastidas.

Durante su intervención, el rapero rechazó los señalamientos y aseguró que su participación en la Escuela Rebelde Saturnino Huillca corresponde a actividades culturales. “Jamás he utilizado un arma”, manifestó.

La agrupación desarrolla talleres de música, serigrafía, conversatorios, proyecciones y festivales comunitarios. Sus integrantes rechazan que estas actividades sean utilizadas como sustento para atribuirles pertenencia a una organización terrorista.

Colectivos solicitaron verificar las condiciones de detención.

De manera paralela, Brenda Jah fue detenida en el Cercado de Lima y trasladada a la sede de la Dircote. En un video de la intervención, la artista cuestionó que los agentes no le precisaran los hechos concretos que motivaron su detención.

Las capturas motivaron plantones frente a las dependencias policiales de Cusco y Lima, donde artistas y organizaciones sociales exigieron la liberación de los investigados y garantías para el ejercicio de su defensa.

Derechos Humanos

Ante los cuestionamientos por las circunstancias de las detenciones, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó su preocupación por posibles riesgos para la integridad física y psicológica de los cinco intervenidos.

La organización informó que solicitó al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura una visita urgente a las instalaciones de la Dircote y a los lugares por donde fueron trasladadas las personas detenidas, con la finalidad de verificar sus condiciones de reclusión y prevenir posibles vulneraciones de derechos.

El pedido se suma a las gestiones de la senadora Ruth Luque Ibarra, quien remitió el Oficio N.º 634-2026-2027-RLI-SRCP al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, solicitando una supervisión inmediata de las cinco detenciones.

La legisladora pidió verificar el acceso a la defensa legal, la comunicación con familiares, la atención médica y los fundamentos jurídicos de las capturas. Otros parlamentarios, entre ellos Mirtha Vásquez, Silvana Robles, Indira Huilca y Ernesto Zunini, también cuestionaron las intervenciones y exigieron respeto al debido proceso.

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Por su parte, la abogada Cricia Ochoa, vinculada a la defensa de Pedro Mo, informó que se vienen evaluando acciones legales para cuestionar la detención, que considera arbitraria.

Dato

La Fiscalía atribuye a diez investigados una presunta vinculación con la organización Túpac Amaru.

La detención de los músicos Pedro Mo y Brenda Jah por presunta afiliación a una organización terrorista tiene nuevos elementos. Documentos fiscales conocidos tras los operativos del 19 de noviembre revelan que ambos forman parte de una investigación iniciada en mayo de 2025 por supuestos vínculos con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Las intervenciones se realizaron durante la operación denominada «Centinela 2026», ejecutada por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Cusco, Lima y San Martín, por disposición del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Aunque el Ministerio Público investiga a diez personas, solo cinco fueron detenidas preliminarmente por un plazo de 15 días. Entre ellas figuran Pedro Gonzalo Mosqueira Velásquez, conocido como Pedro Mo; Brenda Denisse Mejía Sinarahua, Brenda Jah; Libia Tatiana Arcila Vila; y los hermanos David Eraclides y Polidoro Tapullima Upiachihua, familiares de la diputada Jacqueline Tapullima, de Juntos por el Perú.

El caso está a cargo del fiscal Javier Antonio Heredia Cercado, del Primer Despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Terrorismo, que investiga la presunta comisión del delito de afiliación a organizaciones terroristas en agravio del Estado.

¿Qué pruebas sustentan la investigación?

Según documentos fiscales revisados por La República y Correo, las pesquisas comprenden presuntas actividades desarrolladas durante 2024 y 2025. La investigación fue declarada compleja y, en octubre de este año, el Ministerio Público amplió las diligencias preliminares e incorporó a nuevos investigados.

La hipótesis fiscal sostiene que los involucrados habrían mantenido vínculos con una organización denominada Túpac Amaru, mediante una presunta estructura integrada por el Frente Democrático del Pueblo (FDP) y la Escuela Rebelde Saturnino Huillca (ERSH).

A estas agrupaciones, la Fiscalía les atribuye supuestas actividades de formación político-ideológica, captación de integrantes, propaganda y entrenamiento militar, que se habrían desarrollado en diferentes regiones del país.

Entre los elementos recopilados figuran grabaciones de reuniones realizadas en San Martín, donde presuntamente algunas personas aparecen con vestimenta de apariencia militar y portando armas. Según indica la fiscalía en uno de los videos muestra a una mujer encapuchada que dispara una escopeta y posteriormente pronuncia una proclama política.

Los investigadores también analizan publicaciones difundidas en Facebook, entre ellas un video del 6 de abril de 2025, que, según la Fiscalía, estaría relacionado con actividades de propaganda y captación de integrantes.

A ello se suman informes policiales y declaraciones de un agente especial identificado como «Carlos Campos», quien entregó siete dispositivos de almacenamiento con registros de audio vinculados a las actividades investigadas. De acuerdo con Correo, la investigación menciona además una reunión realizada en la vivienda de Polidoro Tapullima, en la que habría participado Pedro Mo junto a Libia Arcila.

Colectivos culturales bajo investigación

La disposición fiscal también menciona a agrupaciones como Sikuris Unificado Contra la Dictadura, Runa Taki, Hijos del Perú y Corriente Amaru, así como espacios de mensajería relacionados con la Escuela Rebelde Saturnino Huillca.

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Según la tesis del Ministerio Público, algunas de estas actividades habrían servido para difundir contenidos ideológicos y establecer vínculos con una presunta estructura terrorista. No obstante, la participación en organizaciones culturales o políticas no constituye, por sí misma, prueba de afiliación al terrorismo.

Precisamente, este es uno de los cuestionamientos de los colectivos culturales, que sostienen que las autoridades estarían vinculando expresiones artísticas y actividades de organización social con delitos de terrorismo.

En medio de la controversia, el exjefe de la Dircote Max Anhuamán sostuvo, que las detenciones responden a una investigación de inteligencia desarrollada durante varios meses. Según explicó, las pesquisas se intensificaron después de que se difundiera en Facebook un video atribuido a un grupo denominado Fuerza de Liberación Cahuide, al que vinculó con el MRTA.

Anhuamán rechazó que las intervenciones respondan a una persecución ideológica y aseguró que los agentes reunieron elementos antes de trasladar el caso al Ministerio Público.

Artistas rechazan vínculos terroristas

La controversia también se trasladó a Cusco, donde Pedro Mo fue detenido en Urcos, provincia de Quispicanchi, cuando participaba en actividades relacionadas con el VII Festival Túpac Amaru y Micaela Bastidas.

Durante su intervención, el rapero rechazó los señalamientos y aseguró que su participación en la Escuela Rebelde Saturnino Huillca corresponde a actividades culturales. “Jamás he utilizado un arma”, manifestó.

La agrupación desarrolla talleres de música, serigrafía, conversatorios, proyecciones y festivales comunitarios. Sus integrantes rechazan que estas actividades sean utilizadas como sustento para atribuirles pertenencia a una organización terrorista.

De manera paralela, Brenda Jah fue detenida en el Cercado de Lima y trasladada a la sede de la Dircote. En un video de la intervención, la artista cuestionó que los agentes no le precisaran los hechos concretos que motivaron su detención.

Las capturas motivaron plantones frente a las dependencias policiales de Cusco y Lima, donde artistas y organizaciones sociales exigieron la liberación de los investigados y garantías para el ejercicio de su defensa.

Derechos Humanos

Ante los cuestionamientos por las circunstancias de las detenciones, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó su preocupación por posibles riesgos para la integridad física y psicológica de los cinco intervenidos.

La organización informó que solicitó al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura una visita urgente a las instalaciones de la Dircote y a los lugares por donde fueron trasladadas las personas detenidas, con la finalidad de verificar sus condiciones de reclusión y prevenir posibles vulneraciones de derechos.

El pedido se suma a las gestiones de la senadora Ruth Luque Ibarra, quien remitió el Oficio N.º 634-2026-2027-RLI-SRCP al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, solicitando una supervisión inmediata de las cinco detenciones.

La legisladora pidió verificar el acceso a la defensa legal, la comunicación con familiares, la atención médica y los fundamentos jurídicos de las capturas. Otros parlamentarios, entre ellos Mirtha Vásquez, Silvana Robles, Indira Huilca y Ernesto Zunini, también cuestionaron las intervenciones y exigieron respeto al debido proceso.

Por su parte, la abogada Cricia Ochoa, vinculada a la defensa de Pedro Mo, informó que se vienen evaluando acciones legales para cuestionar la detención, que considera arbitraria.

Dato

La Fiscalía atribuye a diez investigados una presunta vinculación con la organización Túpac Amaru.

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