A un día de la llegada del papa León XIV al Perú, siete parlamentarios solicitaron que el pontífice incluya en su agenda un encuentro con personas que denuncian graves vulneraciones de derechos humanos y continúan reclamando justicia. La petición, presentada mediante una carta fechada el 10 de noviembre, comprende a víctimas de abusos vinculados al Sodalicio de Vida Cristiana, comunidades campesinas de Catacaos, Piura, y familiares de fallecidos y heridos durante las protestas sociales de 2022 y 2023.
El documento fue suscrito por las senadoras Guisella Ticona Cohaila y Ruth Luque Ibarra, así como por los diputados César Holguín Loaiza, Georgina Duarte Patiño, Romina Uribe Sáenz, Svieta Fernández González y Jair Manrique Olivera.
Los legisladores consideran que la visita apostólica, programada del 11 al 16 de noviembre, representa una oportunidad para que las demandas de estos sectores sean escuchadas directamente por el líder de la Iglesia católica.
La senadora Ruth Luque difundió la iniciativa y sostuvo que la presencia del pontífice debería permitir escuchar a quienes continúan esperando justicia. La solicitud también recibió el respaldo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Piden escuchar a familiares
Uno de los principales pedidos está dirigido a las familias de las personas que murieron y a quienes resultaron heridas durante las movilizaciones iniciadas en diciembre de 2022 y desarrolladas en los primeros meses de 2023.
En la carta, los parlamentarios señalan que muchas de estas familias proceden de regiones históricamente excluidas y todavía esperan el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades mediante los procedimientos correspondientes.
Los legisladores precisan que el encuentro solicitado no pretende reemplazar las investigaciones fiscales ni las decisiones del Poder Judicial, sino permitir que el pontífice conozca directamente los testimonios y reclamos de los afectados.
Víctimas del Sodalicio
La carta incluye a las personas que denunciaron abusos sexuales, físicos y psicológicos vinculados al Sodalicio de Vida Cristiana, organización religiosa cuya supresión fue dispuesta por el papa Francisco.
Los firmantes reconocen las medidas adoptadas por la Santa Sede, pero consideran necesario continuar con los procesos de esclarecimiento, reparación y acompañamiento a las víctimas.
Este pedido se suma a otras solicitudes presentadas directamente por sobrevivientes del Sodalicio. El 26 de octubre, un grupo de 33 afectados remitió una carta abierta a León XIV para solicitar una audiencia y cuestionar la falta de avances que perciben en materia de justicia y reparación, pese a la disolución de la organización.
Comunidades de Piura
Otro grupo mencionado en la misiva corresponde a las comunidades campesinas del pueblo originario Tallán, en Catacaos, región Piura. Los parlamentarios señalan que estas comunidades han denunciado despojo territorial, hostigamiento y criminalización en conflictos relacionados con empresas vinculadas al Sodalicio.
En ese contexto, valoran el gesto de perdón realizado por representantes de la Iglesia en mayo de 2026, aunque sostienen que el reconocimiento de los daños debe acompañarse de medidas efectivas de justicia y reparación.
La solicitud fue dirigida tanto al pontífice como a quienes tienen a su cargo la organización de su visita. Hasta el momento, no se ha confirmado que los tres grupos mencionados sean incorporados a una audiencia con León XIV.
Dato
La carta lleva las firmas de dos senadoras y cinco diputados.
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