octubre 31, 2026
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El Estado proyecta S/354 millones para intervenir Arasi, en Puno. La mina perteneció a Aruntani, empresa dirigida anteriormente por el ministro Shinno.

El Gobierno impulsa una nueva intervención millonaria para remediar los daños ambientales asociados a una empresa que anteriormente dirigió el actual ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní. Esta vez se trata de la cuenca Llallimayo, en Puno, donde el Estado proyecta invertir más de S/354 millones en componentes de la unidad minera Arasi, perteneciente a Aruntani. La medida se suma al financiamiento previsto para el cierre de Florencia-Tucari, en Moquegua, otra operación del mismo grupo empresarial.

El 14 de octubre de 2026, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) suscribieron un convenio para desarrollar estudios y ejecutar intervenciones ambientales en Llallimayo. El acuerdo fue firmado por la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, y el gerente general de la ANIN, Sergio Atarama Martínez.

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La cuenca Llallimayo enfrenta desde hace años denuncias por contaminación minera.

El proyecto contempla atender cinco componentes críticos de Arasi, implementar sistemas de manejo de aguas, estabilizar diques e instalar tres plantas de tratamiento de aguas ácidas.

Dos intervenciones

La decisión adquiere relevancia por los antecedentes laborales del titular del Minem. Shinno fue gerente general de Aruntani, empresa vinculada tanto a Arasi como a Florencia-Tucari.

En Moquegua, el Estado también asumió la intervención para el cierre de Florencia-Tucari, con una inversión estimada de S/1 mil 114 millones. Sumada a los S/354 millones anunciados para Llallimayo, ambas actuaciones representan aproximadamente S/1.468 millones en recursos públicos previstos.

Sin embargo, el presupuesto previsto para Llallimayo podría resultar insuficiente frente a estimaciones anteriores. En julio de 2024, Activos Mineros informó que la consultora CESEL calculó en más de S/1.000 millones el costo del cierre de Arasi.

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La Fiscalía Ambiental investigó una presunta descarga irregular de aguas ácidas.

La empresa estatal también sostuvo que la responsabilidad de ejecutar los planes de cierre correspondía a las compañías mineras obligadas a cumplirlos, sin embargo hasta ahora no se ha dado esta figura ni en Puno ni en Moquegua.

El ministro ha defendido las decisiones relacionadas con Florencia-Tucari y sostiene que responden a obligaciones legales, no a una facultad discrecional de su despacho. En Llallimayo, el convenio fue suscrito por la viceministra del ministerio que preside Shino.

Aguas ácidas

La contaminación de Llallimayo arrastra años de denuncias. En mayo de 2025, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno encontró una tubería de seis pulgadas que descargaba aguas ácidas hacia la quebrada Lluchusani, sin autorización de la autoridad del agua.

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El Ministerio Público inició una investigación por presunta contaminación ambiental agravada. La problemática afecta a poblaciones de Ocuviri, en Lampa, y de Llalli, Umachiri y Ayaviri, en Melgar, donde las actividades agrícolas y ganaderas dependen de los recursos hídricos.

La contaminación preocupa a agricultores y ganaderos de la cuenca Llallimayo.

La Defensoría del Pueblo registra este conflicto socioambiental desde junio de 2007, sin que hasta ahora se haya alcanzado una solución definitiva.

Dato

Guillermo Shinno Huamaní fue gerente general de la empresa minera Aruntani S.A.C. entre los años 2019 y 2022

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