octubre 21, 2026
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Problemas en torno al fundo Chololo persisten.

La parlamentaria Svieta Fernández solicitó al gobernador regional explicar si busca dejar sin efecto una resolución que anuló el levantamiento de restricciones sobre casi 12 hectáreas del Fundo Chololo.

La disputa por el terreno del Fundo Chololo volvió a provocar cuestionamientos en Tacna. La diputada Svieta Fernández González exigió al gobernador regional, Luis Torres Robledo, respetar la Resolución Ejecutiva Regional N.° 453-2026, que anuló una decisión favorable al proyecto del mercado San Pedro, ante la posibilidad de que su gestión intente revertirla.

Mediante el Oficio N.° 224-2026-2027-SVFG/CD/CR, la parlamentaria solicitó un informe urgente y documentado sobre cualquier procedimiento destinado a modificar o dejar sin efecto esa resolución.

El pedido responde a una solicitud presentada por la abogada Marcela Carolina Urteaga Paredes, representante de los comerciantes del Mercado Grau que cuestionan el uso del terreno.

¿Por qué está en disputa el Fundo Chololo?

El conflicto comenzó con la transferencia gratuita de casi 12 hectáreas del Fundo Chololo, autorizada en el año 2023 por el Gobierno Regional de Tacna a favor de la Municipalidad Provincial, encabezada por Pascual Güisa Bravo.

El terreno debía destinarse a la construcción de un mercado mayorista. La transferencia establecía condiciones y plazos para garantizar que el predio cumpliera esa finalidad. Sin embargo, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 115-2026, emitida en marzo, el Gobierno Regional levantó una condición relacionada con la presentación del expediente definitivo del proyecto.

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Esta decisión permitió que la municipalidad continuara impulsando el mercado San Pedro bajo la modalidad de proyecto en activos, con participación de inversión privada.

Svieta Fernández solicitó explicaciones a Luis Torres por el caso Fundo Chololo.

Contraloría advirtió irregularidades

En junio, la Contraloría emitió el Informe de Visita de Control N.° 035-2026-OCI/5352-SVC, en el que advirtió que el Gobierno Regional levantó la condición sobre el terreno sin contar con el expediente definitivo exigido.

Según el organismo de control, la municipalidad había presentado documentación de preinversión, insuficiente para cumplir ese requisito. La Contraloría alertó que estas omisiones podían ocasionar la nulidad del procedimiento.

Pese a las observaciones, el Concejo Provincial aprobó la versión inicial del contrato el 9 de julio y la versión final el 25 de septiembre, mediante los acuerdos N.° 036-2026-MPT y N.° 055-2026-MPT.

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El proyecto, presentado por el Consorcio San Pedro, contempla 1.116 puestos comerciales y una inversión privada referencial de US$29,3 millones.

Gobierno Regional anuló decisión anterior

El 23 de septiembre, el Gobierno Regional notificó a la municipalidad el inicio de una revisión de oficio y le solicitó abstenerse de realizar actos de disposición sobre el predio.

Posteriormente, el 2 de octubre, la entonces gobernadora encargada, Liliana Velasco Cornejo, emitió la Resolución N.° 453-2026, que declaró la nulidad de oficio de la Resolución N.° 115-2026.

La decisión se sustentó en disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General y observaciones sobre el cumplimiento de las condiciones de la transferencia.

Sin embargo, tras retomar sus funciones el 5 de octubre, Luis Torres cuestionó públicamente esa nulidad y anunció que corregiría la decisión adoptada durante su ausencia. El propio Torres había suscrito la transferencia del terreno en 2023.

Autoridades regionales y municipales son investigadas por presuntas irregularidades administrativas.

Buscan dejar sin efecto la nulidad

Radio Uno informó el 20 de octubre que accedió a un proyecto de resolución elaborado durante la gestión de Torres para dejar sin efecto la Resolución N.° 453-2026. El borrador se sustenta en la Opinión Legal N.° 1525-2026, emitida por la asesoría jurídica regional, y plantea restablecer la vigencia de la Resolución N.° 115-2026.

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De concretarse, permitiría mantener las condiciones administrativas que favorecen la continuidad del proyecto y el plazo de ejecución hasta enero de 2028. Ante estos antecedentes, Svieta Fernández solicitó al gobernador informar si existe algún trámite para modificar o dejar sin efecto la resolución del 2 de octubre.

También lo exhortó a respetar su vigencia y abstenerse de adoptar medidas contrarias al marco legal. El documento fue remitido con un expediente de 60 folios presentado por la defensa de los comerciantes del Mercado Grau.

Dato

El proyecto del mercado San Pedro contempla una concesión de derechos de superficie y usufructo por 30 años.

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