El consejero Abad Vizcarra fiscalizó proyectos en Juli, Ilave, Isani y la carretera Pomata–Yorohoco.
Los retrasos y trámites pendientes en cuatro proyectos del Gobierno Regional de Puno vuelven a generar cuestionamientos sobre la ejecución de obras públicas. Una visita inopinada del consejero regional por Chucuito, Abad Vizcarra Estrella, a la Subgerencia de Obras permitió revisar su situación, aunque los antecedentes muestran problemas que se arrastran desde años anteriores.
Hospital de Juli
Uno de los casos es el hospital de contingencia del Hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli, cuya inversión bordea los S/12 millones. Esta infraestructura temporal debía permitir el traslado de los servicios médicos mientras se construye el nuevo establecimiento.
Cuando se inició el proyecto principal, en marzo de 2025, se anunció que el hospital de contingencia estaría listo en aproximadamente seis meses. Incluso, en junio de ese año, el consejero advirtió que se esperaba su entrega entre julio y agosto.
Sin embargo, los plazos no se cumplieron. En junio de 2026 se anunció una nueva entrega para el 20 de julio y, posteriormente, se esperaba que el traslado de los servicios comenzara en agosto. Ahora, la fecha prevista es el 15 de noviembre de 2026.
Según la información recibida por Vizcarra, las conexiones de agua y desagüe ya terminaron, pero continúa pendiente completar la instalación de tableros eléctricos y un transformador, cuya disponibilidad se espera para el 10 de noviembre.
Durante la ejecución también se reportaron dificultades relacionadas con pagos a trabajadores y retrasos en los trabajos. El consejero responsabilizó al Consorcio Hospitalario Juli por la demora en las instalaciones pendientes.
Mientras tanto, los pacientes continúan siendo atendidos en el establecimiento actual, donde Vizcarra advirtió riesgos por el polvo, el ruido y la maquinaria utilizada en la construcción del nuevo hospital.
Hospital de Ilave
Mientras, el Hospital de Apoyo Ilave también permanece pendiente de reinicio. En julio se convocó la ejecución de su saldo de obra por S/145,9 millones y posteriormente se inició la contratación de la supervisión, por más de S/5,4 millones.
Durante la visita, el consejero recibió información de que el procedimiento de selección continuaba en trámite. Por ello, todavía no se ha confirmado una fecha para retomar los trabajos ni un cronograma definitivo de culminación.
Colegio inaugurado
Otra obra revisada fue el colegio Manuel Gonzales Prada de Isani, en Zepita. Aunque el Gobierno Regional inauguró la infraestructura en mayo de 2026, el proyecto todavía se encuentra pendiente de liquidación administrativa.
En febrero, la Contraloría había advertido que su presupuesto aumentó de S/10,62 millones a S/13,37 millones. Además, a noviembre de 2025 registraba 70,03 % de avance físico frente al 94,53 % programado. El informe identificó observaciones en trabajos constructivos, manejo de materiales y control del personal. Ahora se espera que el informe final sea remitido a la Oficina de Supervisión para continuar con la liquidación.
Carretera entregada
La carretera Pomata–Yorohoco, de aproximadamente 34 kilómetros, también formó parte de la revisión. El proyecto comenzó en 2018 con un plazo inicial de 390 días, pero acumuló siete ampliaciones y cuatro modificaciones del expediente técnico.
En julio de 2026 todavía registraba 84,73 % de avance físico y 89,78 % financiero. Entonces, el residente de obra atribuyó los retrasos al aumento del precio de los combustibles, condiciones climáticas adversas y fallas mecánicas.
Finalmente, el Gobierno Regional inauguró la vía en octubre, tras una inversión superior a S/88 millones. Aunque fue entregada, queda pendiente conocer el cierre administrativo y el costo definitivo del proyecto.
Durante la fiscalización también se informó que las funciones de la Subgerencia de Obras habrían sido encargadas a la Gerencia Regional de Infraestructura desde el 11 de agosto.
Dato
La construcción del nuevo Hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli se inició en marzo de 2025 con un presupuesto anunciado de S/202,8 millones y un plazo de 810 días.
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