Fernando Vera fue designado por el ministro Beingolea.
El ministro de Cultura, Alberto Beingolea Delgado, designó al abogado Fernando Gonzalo Vera Velarde como nuevo director de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Arequipa, en reemplazo de Harold Loli Rosales, quien dejó el cargo tras presentar su renuncia. El nombramiento fue oficializado mediante la Resolución Ministerial N.° 0389-2026-MC, publicada este 16 de octubre en el diario oficial El Peruano.
La resolución establece que el nuevo funcionario cumple con el perfil previsto en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P), requisito que sustenta su designación.
El cambio de dirección se produjo luego de la salida de Harold Loli Rosales. Su renuncia fue aceptada por el Ministerio de Cultura el 15 de octubre, mediante la Resolución Ministerial N.° 0388-2026-MC.
Vera Velarde es abogado de profesión y registra participación ejecutiva en distintas empresas e instituciones. Entre ellas figuran Ecovex Investment SAC., Bolt Investment SAC., Camporel Arequipa SAC. e Instituto Euroamericano Barcelona SAC. También aparece vinculado al Instituto de Sagrados Corazones y a la Sociedad Peruana de Estudios Técnicos SAC.
Las dos primeras firmas tienen como rubro el negocio inmobiliario, aunque se encuentran con RUC de baja de oficio. En tanto, Camporel Arequipa SAC. es una empresa que se dedica al cultivo de hortalizas y legumbres, pero también permanece inactiva desde el 2014. Es decir, el flamante funcionario pasó parte de su vida como empresario dedicado a la compra, venta, alquiler, promoción y construcción de bienes.
Como nuevo director, el mencionado tendrá a su cargo la conducción de la oficina regional del Ministerio de Cultura y la coordinación de las acciones correspondientes a sus competencias. Entre los asuntos de interés público vinculados con esa gestión se encuentran la conservación de monumentos y casonas, entre otros.
Dato
El nuevo funcionario está relacionado a empresas inmobiliarias, pero ahora tendrá a su cargo la protección de las zonas arqueológicas y la fiscalización de intervenciones que puedan afectar bienes patrimoniales.
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