En la última sesión del pleno de consejeros y el IMPLA, se acordó presentar una nueva documentación para una supuesta derogación o modificación.
Derogar la Ordenanza Regional 007-2003, que declara intangibles las áreas agrícolas y verdes de Arequipa, abriría más riesgos de los que resolvería. Esa es la coincidencia de abogados, arquitectos y hasta del propio Consejo Regional. Todos ven en el pedido del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA) una puerta para debilitar la protección de la campiña en toda la región, y no solo en la provincia de Arequipa. La norma rige desde hace más de 20 años y hoy está en el centro del debate por el nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM).
Argumentos del IMPLA
La jefa del IMPLA, Patricia Muñoz Medina, sostiene que la norma quedó desfasada. Afirma que la competencia sobre el uso del suelo es de la municipalidad provincial y que la Ley 31313, vigente desde el año 2021, está por encima de una ordenanza del 2003. Su propuesta ante el Consejo tiene tres puntos: Declarar de interés público regional la protección de los suelos, derogar la 007 e invocar a las municipalidades a respetar el marco vigente. Para Muñoz, mantener la ordenanza traba la elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano.
Un vacío legal
Desde la perspectiva legal, el decano del Colegio de Abogados, Jorge Sumari, refiere que el problema es que la 007 rige en toda la región y no solo en Arequipa metropolitana. Advierte que eliminarla por un conflicto provincial dejaría sin amparo a Camaná, Islay, Caylloma, La Unión, Castilla y Condesuyos. Agrega que, por su antigüedad, ya no se le puede tachar de inconstitucional, solo de ilegal, y para eso hay que precisar qué norma colisiona. A su juicio, lo que corresponde no es derogar, sino evaluar y, de ser el caso, modificar en forma parcial.
Un riesgo que repiten varias voces es el del vacío. Si la ordenanza se deroga antes de que entre en vigencia el nuevo PDM, quedaría un tiempo muerto en el que nadie tendría freno. Durante ese lapso, advierten, cualquiera podría avanzar sobre terrenos agrícolas sin la barrera que hoy impone la intangibilidad. Sumari recordó además que el PDM del 2016 se aprobó con la 007 vigente, prueba de que ambos documentos pueden convivir.
Carlos Rivas, presidente de la asociación Actuemos Perú, apunta al cambio de fondo que trae la propuesta. Pasar de un terreno intangible a uno de interés público significaría, dijo, reemplazar una prohibición firme por una simple declaración que puede cumplirse o no. Para él, si la campiña se ha venido perdiendo, lo lógico sería reforzar la norma y endurecer las sanciones, no quitarla. También cuestiona que se pretenda dejar sin efecto una ordenanza regional, de alcance mayor, apoyándose en un instrumento municipal.
Por su lado, el ex decano del Colegio de Arquitectos, Juan Melgar, recuerda que la 007 protege zonas de alto valor en toda la región. Áreas desde el valle del Colca y Cotahuasi hasta las laderas del Chachani, el Misti y el Pichu Pichu, claves para los acuíferos. Señala que la ordenanza no zonifica, solo declara la intangibilidad y deja a las municipalidades actuar en sus competencias. Por lo que, dice, no invade atribuciones ajenas. Y pone como ejemplo el huayco pasado de febrero en la torrentera El Chullo, que atribuyó a la invasión de áreas verdes en la parte baja del Chachani.
En manos del Consejo Regional
Desde el consejo regional la posición es clara, Norma Ortega presidenta del pleno, afirmó que una declaratoria de interés público no puede reemplazar a la ordenanza del 2003. Indicó que ninguna comisión ha emitido dictamen favorable y que varias enviaron documentos aclaratorios para precisar que no dieron opción viable, sino que piden más informes. La consejera Natividad Taco, quien preside la comisión de Ordenamiento Territorial, remarcó que en ningún momento hubo un informe a favor de la derogación. Ortega subrayó que el Consejo responde a los intereses de toda la región y no solo de un sector.
Ortega también cuestionó el argumento del riesgo penal. Si jueces y fiscales toman en cuenta la 007, dijo, es porque la norma sí surte efecto. Para la autoridad, derogar la ordenanza, sería dar una carta abierta a regularizar la depredación de estos años, incluso la que ya tiene procesos penales con fallos firmes. Aunque aún así, aclaró que el expediente sigue abierto para una eventual reformulación.
A las dudas técnicas se suman las de transparencia. Rivas reclama que el PDM final enviado al Ministerio de Vivienda sigue sin ser público, pese a los pedidos de la sociedad civil. En el debate se señaló además que la campiña se habría reducido en 13 %, cifra que para los críticos refuerza la necesidad de protegerla. Sumari fue más cauto, pero no descartó un posible direccionamiento si aparece interés sobre un área sin sustento técnico, y recordó casos como el de la Universidad Continental y el del exalcalde Alfredo Zegarra.
Por ahora, el Consejo Regional mantiene abierto el expediente. Ortega adelantó que pedirá un informe ampliatorio a asesoría jurídica. Luego responderá al IMPLA con un pedido de reformulación y buscará reunirse con la sociedad civil. El mensaje de los especialistas es uno solo: antes de tocar una norma que protege la campiña, hay que demostrar con datos técnicos qué se gana y qué se pone en riesgo, en una ciudad que vive de su campiña desde hace siglos.
Sigue en sus trece
Por su parte, la arquitecta Patricia Muñoz, gerente del IMPLA, defiende el pedido como un trabajo técnico y legal, no político. Explica que la competencia sobre el uso del suelo y la planificación urbana es exclusiva de la municipalidad provincial, según el artículo 195.6 de la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades, y que la Ley 31313, aprobada en 2021, se impone sobre una ordenanza del 2003. Y aclara que derogar la 007 no anula las competencias del Gobierno Regional, sino que precisa que este no las tiene en materia de planificación urbana.
Muñoz sostiene que la ciudad creció de forma desordenada, incluso en zonas sin agua ni desagüe, y que el nuevo PDM busca ordenarla. Recuerda que el plan se entregó el 31 de julio y está en revisión del Ministerio de Vivienda, con miras a una exhibición pública de unos 30 días antes de llegar al Concejo Municipal. Reconoce que la coyuntura política, con consejeros de salida, pero insiste en que la actualización del marco normativo tendrá que darse en algún momento. Subraya que Arequipa se acerca a sus 500 años y que no puede llegar a esa fecha como está hoy.
La funcionaria también restó dramatismo a un eventual rechazo. Indicó que, si el Consejo decide no derogar ni modificar la 007, el marco normativo seguiría vigente con esa ordenanza y el PDM continuaría igual su curso, sin mayor afectación. Afirmó que el IMPLA ya cumplió, técnica y legalmente, con pedir la actualización, y que si ahora no se concreta, más adelante tendrá que plantearse de nuevo, porque el marco normativo debe estar vigente al momento de aprobar el plan.
DATO
La Ordenanza 007 fue aprobada el 21 de marzo de 2003 y lleva la firma del entonces presidente del Gobierno Regional, Daniel Vera Ballón.
CIFRA
13 % sería la reducción de la campiña de Arequipa en los últimos 20 años.
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