Levantamiento de restos se realizó respetando la cultura de los ciudadanos de Sandia en Puno.
Para llegar a Paco Pacuni, las ruedas no sirven de nada. El centro poblado, encajado en la selva abrupta del distrito de Limbani, en la provincia puneña de Sandia, impone sus propias reglas: la ausencia de carreteras y medios de transporte reduce todo trayecto a una extensa y extenuante caminata a través de trochas empinadas, barro y humedad. Fue precisamente esa geografía inaccesible la que, durante más de 34 años, mantuvo oculto y en el olvido un episodio trágico de la historia peruana.
Entre el 22 y 23 de setiembre de 2026, un grupo de personas avanzó a paso firme hacia las entrañas de Paco Pacuni. Encabezados por el fiscal provincial Víctor Daniel Castillo Revilla, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Puno, junto a especialistas del Equipo Forense Especializado, la comitiva llevaba consigo herramientas de excavación, mapas de contexto y el peso de una deuda histórica: la diligencia humanitaria denominada Paco Pacuni II. Su objetivo era desenterrar los restos de tres personas sepultadas en la clandestinidad desde la década de los noventa.
Fuego del 9 de junio del 92
Para comprender el horror que se escondía en el suelo de Paco Pacuni hay que retroceder hasta el 09 de junio de 1992. Aquella jornada de violencia, enmarcada en el periodo del conflicto armado interno que desoló al país entre 1980 y 2000, convirtió al pequeño poblado en el escenario de un feroz enfrentamiento entre efectivos militares y miembros de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
En medio de la balacera y el estruendo de los proyectiles, tres jóvenes comuneros se vieron atrapados en el fuego cruzado, convertidos en víctimas inocentes de una tragedia absurda.
Una de las primeras en caer fue Alejandrina R. S., de tan solo 18 años de edad. Se trataba de una joven madre de familiaque, al desatarse el enfrentamiento, se refugió desesperadamente debajo de una cama, estrechando entre sus brazos a su bebé de apenas ocho meses de nacida. Protegió a su hija con su propio cuerpo mientras las balas la atravesaban arrebatándole la vida, pero su abrazo materno logró salvar a la criatura, quien aun así sobrevivió con heridas de extrema gravedad en la cabeza y las piernas.
Aquel día también pereció Marcelina S. R., una adolescente de 16 años que, al no escuchar el tiroteo, salió de su vivienda, cuando un proyectil de arma de fuego la alcanzó mortalmente, causándole la muerte.
Igual suerte que las dos primeras víctimas corrió Pedro A. M., de 18 años, quien ayudaba cotidianamente a sus padres en las labores de comercio local. Aquel día retornaba de su aseo personal cuando la detonación de una granada lo impactó de lleno, acabando con sus sueños de juventud.
Tres rostros, tres historias cortadas de golpe en la selva puneña, cuyos nombres quedaron durante más de tres décadas suspendidos en la incertidumbre y el dolor mudo de sus familias.
Desenterrar la memoria
Bajo la autorización de los familiares y guiados por un profundo respeto a la identidad cultural de la comunidad, el equipo especializado inició las labores de excavación, localización y recuperación de los restos óseos y elementos asociados. Cada pulgada de tierra removida el 22 y 23 de setiembre de 2026 fue tratada con minuciosa técnica arqueológica y forense.
Los restos recuperados no son simples estructuras óseas; son fragmentos de verdad que comienzan a encajar tras décadas de impunidad. Tras concluir las labores de campo en Paco Pacuni, los restos mortales y sus evidencias asociadas fueron trasladados con estricta cadena de custodia hacia la Unidad Médico Legal. Allí, un equipo multidisciplinario los someterá a rigurosos análisis antropológicos, odontológicos y de contexto para establecer su identificación fehaciente y corroborar la causa exacta de las muertes.
Como señalaron las autoridades al concluir la diligencia, la acreditación formal de sus identidades permitirá finalmente la restitución digna de los restos a sus familiares, brindándoles una sepultura adecuada según sus costumbres ancestrales y cerrando un desgarrador ciclo de búsqueda que se prolongó por muchos años.
De Azángaro al panorama nacional
La tragedia de Paco Pacuni no es un caso aislado en Puno. El mapa de las exhumaciones en la región sigue revelando heridas no cicatrizadas del conflicto armado interno.
Apenas unas semanas antes, el 19 de agosto de 2026, en el sector de Ccochahuma (distrito de San José, provincia de Azángaro), la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Puno —dirigida por el fiscal Hugo Javier Vizcarra Mamani y el perito arqueólogo Miguel Ángel López Luján— logró ubicar los restos óseos que corresponderían a Estanislao Sucapuca Marrón.
Sucapuca fue secuestrado en 1990 por un grupo terrorista cuando su esposa se encontraba en avanzado estado de gestación, a punto de dar a luz. Tras 36 años de búsqueda ininterrumpida, su pareja, su hija y sus hermanos presenciaron entre lágrimas el hallazgo del cuerpo en un canchón comunal, en una escena que sintetiza el drama de miles de peruanos.
Dato
Alejandrina R. S. (de 18 años) protegió a su bebé de tan solo ocho meses de nacida. La joven madre falleció por los disparos de arma de fuego, pero salvó la vida de la pequeña.
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