Cada caso debe ser evaluado según sus singularidades.
La posibilidad de expulsar a estudiantes que agredan a sus compañeros entró en evaluación. El gerente regional de Educación, Marco Choque Manrique, señaló que la propuesta debe revisarse para determinar cómo aplicar las sanciones previstas para las faltas graves dentro de las instituciones educativas. El debate se produce en medio de la preocupación por el bullying y otros hechos de violencia que afectan a escolares de la región.
La discusión se relaciona con la iniciativa del Ministerio de Educación de endurecer las medidas contra los alumnos que incurran en conductas graves. Frente a esta posibilidad, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) considera necesario examinar los alcances de la normativa y las condiciones en las que correspondería separar a un estudiante de su colegio. La aplicación de una sanción de este tipo requiere distinguir los hechos y evitar que la medida se adopte de manera automática, sin evaluar cada caso.
La respuesta ante las agresiones no debe limitarse a una sanción, sino que debe considerar la formación de los menores. En esa línea, el gerente planteó la necesidad de evaluar medidas correctivas. Sin embargo, este enfoque también pone sobre la mesa cómo garantizar que las acciones disciplinarias protejan a las víctimas y ya no estén expuestas a sus agresores.
La preocupación tiene como contexto las cifras de violencia escolar registradas en Arequipa. Hasta septiembre de 2026, las autoridades educativas reportaron 775 casos, que comprenden agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Los datos evidencian que el problema va más allá de las burlas o los conflictos cotidianos entre compañeros.
Dentro de ese registro, hasta el 9 de septiembre se habían reportado 117 casos de violencia sexual. Esta cifra añade gravedad al debate sobre las sanciones, pues obliga a diferenciar las situaciones de hostigamiento escolar de otras conductas que pueden constituir hechos delictivos. En todos los casos, la atención debe priorizar la seguridad de los afectados, la activación de los protocolos y la investigación de los hechos, sin confundir las medidas educativas con eventuales responsabilidades penales.
Dato
La prevención y atención de la violencia, sostuvo, no pueden recaer únicamente en los docentes y directores, sino que requieren la participación de las familias e instituciones competentes
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