Jaime Chávez Flores, candidato a la alcaldía de Cayma por el partido Progresemos, busca volver al sillón municipal en las elecciones de octubre, aun cuando en su primera gestión ocasionó un perjuicio millonario a la comuna. Y es en ese contexto que la Fiscalía Anticorrupción lo investiga por presuntos actos de corrupción, al punto de que sobre él recae un pedido de nueve años de prisión.
El exalcalde afronta cargos por colusión agravada y colusión simple, en concurso real. El requerimiento comprende, además, a otras ocho personas. Según la tesis fiscal, su administración concilió, presuntamente bajo la mesa, con una empresa que incumplió sus obligaciones contractuales, pese a que el privado debía pagar penalidades.
El proceso penal se encuentra en el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, a cargo de la magistrada Janett Mónica Lastra Ramírez. Si bien la audiencia de control de acusación se inició el 14 de abril de 2026, tiene nuevas sesiones programadas para el 21, 22 y 26 de octubre.
Perjuicio millonario
La principal imputación está vinculada con la obra denominada «Creación del Servicio Recreativo en el Pueblo Joven José Olaya Zona B». El expediente técnico fue aprobado con un presupuesto total de S/ 4 millones 662 mil. Posteriormente, la Municipalidad Distrital de Cayma suscribió el contrato, el 19 de marzo de 2021, con el Consorcio ALAMS, por S/ 4 millones 72 mil y un plazo de ejecución de 180 días.
No obstante, durante la ejecución del proyecto se registraron adicionales, suspensiones y ampliaciones de plazo. Se acumularon 15 valorizaciones del contrato principal, además de las correspondientes a dos adicionales. En total, la municipalidad pagó al contratista S/ 4 millones 411 mil.
Aunque la culminación reprogramada de la obra estaba prevista para el 16 de febrero de 2022, el acta de recepción con observaciones fue suscrita el 30 de marzo de 2023. Es decir con 407 días (más de un año) de retraso. Aunque correspondía al cobro de penalidades por los retrasos, la gestión de Jaime Chávez optó por perdonar al privado.
Incluso, el 23 de diciembre, delegó a la Oficina de Asesoría Jurídica la facultad de designar al abogado que representaría a la comuna en las conciliaciones, cuando esta atribución le correspondía a la Procuraduría Pública Municipal. Así, la abogada Alice Patricia Román Delgado, fue nombrada en representación de la municipalidad y suscribió el acta de conciliación con el Consorcio ALAMS.
Según la acusación fiscal, el acuerdo reconoció que el retraso de la obra no era injustificado, debido al desabastecimiento de equipos durante la emergencia sanitaria y otros impases atribuidos al municipio. En consecuencia, la institución aceptó no aplicar la penalidad por mora. El perjuicio fue de S/ 1 millón 65 mil 275. Y por este caso se imputa el delito de colusión agravada.
Otras obras de Jaime Chávez
La Fiscalía también imputa colusión simple por otras dos obras: el Puesto de Salud La Tomilla, suscrito con el consorcio ALAMAR; y el Cementerio Municipal, con Campus Contratistas Generales SRL.
En el primer caso, el 8 de diciembre de 2022, la misma abogada ad hoc Alice Román firmó dos conciliaciones, con 10 minutos de diferencia entre ambas, con el fin de reconocer tres ampliaciones de plazo por 165 días, sin aplicar penalidades. Después se recepcionó la obra, pero de forma inconclusa. Además, la empresa no había emitido la carta fianza de S/ 636 mil 176 ni la reconocía, sino que presuntamente falsificó este documento de garantía. La Fiscalía investiga por separado este caso, por uso de documento privado falso.
En cuanto al cementerio, el 28 de diciembre de 2022, se firmó otra conciliación reconociendo cinco ampliaciones parciales de plazo. El Ministerio Público sostiene que las conciliaciones «devendrían en irregulares» y que evitaron cobrar penalidades por exceso de plazo.
Responsables
Por estos tres hechos se acusó penalmente al alcalde Jaime Pedro Chávez Flores; el jefe de Asesoría Jurídica, Jorge Antonio Tejada Medina; la abogada ad hoc Alice Patricia Román Delgado; el gerente de Desarrollo Urbano, Carlos Dangelo Ampuero Riega; el gerente municipal, Rodrigo Jesús Bernedo Condori; y el supervisor de la obra José Olaya, Francisco Raúl Oviedo Mamani.
También están implicados tres particulares: Rocío Angélica Jacinta Palomino Cuba, representante del Consorcio ALAMS; Hugo Manuel Alpaca Pantigoso, representante del Consorcio ALAMAR; y Andrés Bertín Benavente Barreda, gerente general de Campus Contratistas Generales SRL.
Para sustentar su acusación, el Ministerio Público ofrece el Informe de Auditoría 023-2024-2-1302-AC de la Contraloría, informes técnicos de noviembre de 2024, resoluciones administrativas, actas de conciliación, cuadernos de obra y comprobantes de pago.
Para Chávez Flores, Tejada Medina y Román Delgado, la Fiscalía solicita nueve años de prisión, diez años de inhabilitación y 545 días-multa. Para Ampuero Riega, Bernedo Condori, Oviedo Mamani y Palomino Cuba, el pedido es de seis años de prisión, cinco años de inhabilitación y 365 días-multa. En el caso de Alpaca Pantigoso y Benavente Barreda, la Fiscalía solicita tres años de prisión, cinco años de inhabilitación y 180 días-multa.
DATO
Evidencia.pe buscó comunicarse con Jaime Chávez, pero respondieron que no brindaría declaraciones.
DATO
Jaime Chávez ocasionó un perjuicio superior al S/ 1 millón mientras fue alcalde de Cayma.
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