Entre los procesos del GRM, figuran expedientes penales, civiles, arbitrales o de conciliación.
La próxima gestión del Gobierno Regional de Moquegua no empezará con el escritorio vacío. Además de los proyectos, contratos y problemas administrativos que deberá asumir, encontrará una carga judicial que continúa creciendo: 93 procesos iniciados durante la actual administración permanecen abiertos.
Según Radio Sol, el cruce de información de las Procuradurías Públicas del Gobierno Regional de Moquegua identifica 179 procesos abiertos entre enero de 2023 y el corte de información de 2026. De ellos, 175 corresponden a carpetas fiscales en las que el GRM figura como agraviado y cuatro son procesos civiles o arbitrales en los que la entidad aparece como demandada.
De las carpetas penales iniciadas durante la gestión de Gilia Gutiérrez Ayala, 89 continúan en trámite. A estas se suman los cuatro procesos civiles y arbitrales, ninguno de los cuales habría concluido.
El resultado es un primer bloque de 93 expedientes que podrían quedar en manos de la siguiente administración si no son resueltos antes del término del mandato.
89 investigaciones penales
Las carpetas fiscales abiertas durante la gestión regional se distribuyen de la siguiente manera: 62 en 2023, 44 en 2024, 50 en 2025 y 19 durante 2026, según el corte utilizado para el cruce de información.
Los casos involucran investigaciones en las que el Gobierno Regional figura como agraviado por presuntos delitos como falsificación de documentos, colusión, peculado y abuso de autoridad.
Que una carpeta permanezca abierta, se trata de investigaciones que continúan bajo evaluación del Ministerio Público. El problema para la entidad está en otro punto: mientras los expedientes no concluyan, la Procuraduría debe continuar ejerciendo la defensa de los intereses del Gobierno Regional y hacer seguimiento a cada proceso.
Empresas que demandan al GRM
La carga no está solamente en las investigaciones penales. Durante la actual gestión también se abrieron cuatro procesos civiles y arbitrales en los que el Gobierno Regional aparece como demandado por consorcios y empresas contratistas. Ninguno de los casos habría concluido. La mayoría estarían vinculados con controversias derivadas de contratos de obras públicas, incluyendo procedimientos relacionados con la ejecución o anulación de laudos arbitrales.
Por ello, si estos cuatro casos permanecen abiertos hasta el cambio de administración, la próxima gestión tendrá que asumir también la estrategia legal frente a estas controversias.
Un pasivo que viene desde 2010
Los 93 procesos de la actual administración son apenas una parte del problema. El registro histórico revisado identifica 394 procesos desde 2010 en los que el Gobierno Regional de Moquegua figura como agraviado o demandado.
De ese universo, 385 corresponden a carpetas fiscales por presuntos delitos cometidos en agravio de la entidad, mientras que otros nueve corresponden a expedientes civiles, arbitrales o de conciliación en los que el GRM aparece como parte demandada. Es decir, la actual gestión no solo debe responder por los procesos que generó durante su periodo. También administra una carga judicial acumulada durante varias gestiones regionales.
Del total histórico de 394 procesos, 195 ya fueron archivados o concluidos: 192 carpetas penales y tres expedientes civiles o arbitrales. Pero todavía quedan 198 procesos activos. En materia penal, el registro identifica 176 procesos en trámite y otros 16 en etapa de ejecución. A ellos se agregan seis procesos civiles o arbitrales que permanecen en trámite o ejecución.
El dato muestra que la carga judicial del Gobierno Regional no es coyuntural. Es un problema que se arrastra por más de una década.
Gestión termina y otra empieza
El punto crítico está en los 93 procesos generados durante la actual administración. Si la gestión de Gilia Gutiérrez concluye sin que estos expedientes hayan sido archivados, concluidos o resueltos, será la siguiente administración la que tendrá que continuar con su seguimiento.
Esto implica no solo mantener la defensa jurídica de la institución. También significa asumir las consecuencias que puedan derivarse de procesos civiles, arbitrales o investigaciones penales que todavía no tienen una conclusión definitiva.
En el caso de las demandas contra el GRM, incluso podrían existir eventuales obligaciones económicas dependiendo del resultado de cada proceso.
GRM aparece como investigado
Dentro del registro existe además un caso particularmente llamativo. El propio Gobierno Regional de Moquegua figura como imputado en la carpeta fiscal N.° 2025-2399, relacionada con una investigación por presunta desobediencia a la autoridad, iniciada a partir de una denuncia presentada por Lourdes Olivia Chambilla Mamani.
La carpeta se encuentra actualmente en trámite. Este caso tiene una particularidad frente al resto del registro: el GRM no aparece únicamente como la entidad agraviada de una investigación, sino que figura como sujeto investigado.
Desafío para la nueva gestión
La cifra de 93 procesos abiertos durante la gestión de Gilia Gutiérrez permite dimensionar una parte del problema, pero el verdadero pasivo es mayor.
La próxima administración recibirá una institución con 198 procesos históricos todavía activos, además de aquellos que puedan permanecer abiertos al cierre del actual mandato.
Dato
El registro histórico parte de 2010, año del proceso más antiguo identificado en el cruce de información en el que el Gobierno Regional de Moquegua figura expresamente como agraviado o demandado.
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