Áreas naturales protegidas y territorios de pueblos indígenas podrían ser afectados por modificaciones ambientales.
En las profundidades de la Amazonía de Madre de Dios hay territorios donde las carreteras no llegan y el río sigue siendo la principal vía de comunicación. Allí se encuentran algunos de los espacios naturales más importantes del país, entre ellos el Parque Nacional del Manu, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri. También existen pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial cuya protección se sustenta en evitar el contacto con agentes externos.
Ahora, parte de ese sistema de protección vuelve a estar en discusión. El pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo ya obtuvo opinión favorable en la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados. El debate deberá continuar en el Pleno y posteriormente en el Senado. Mientras ese trámite avanza, organizaciones ambientales cuestionan algunas de las modificaciones incluidas en la propuesta y advierten que podrían reducir controles diseñados para proteger territorios y poblaciones vulnerables.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), después de revisar el proyecto y su Exposición de Motivos, identificó riesgos en materia de pueblos indígenas, áreas naturales protegidas y evaluación ambiental. La organización precisa que varias de las modificaciones cuestionadas no desarrolladan directamente en el texto del proyecto, sino en su Exposición de Motivos.
Una puerta para actividades extractivas
Uno de los puntos más sensibles está relacionado con la Ley de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). La propuesta plantea modificar este régimen para garantizar la continuidad y el ejercicio efectivo de derechos preexistentes vinculados a actividades de hidrocarburos.
Para la SPDA, el problema está en que la modificación no demuestra que se hayan evaluado adecuadamente los riesgos que el ingreso de personal, equipos o contratistas puede generar sobre la vida, salud, integridad y autodeterminación de los pueblos en aislamiento. No se trata únicamente de discutir si una actividad extractiva puede o no desarrollarse en determinado territorio.
El principio de no contacto parte de una condición particular: estos pueblos han decidido mantener distancia de la sociedad mayoritaria y presentan una especial vulnerabilidad frente a enfermedades y otras consecuencias derivadas de un contacto forzado. Por eso, la SPDA sostiene que cualquier reducción del nivel actual de protección requiere una justificación estricta y demostrar que no existen alternativas menos lesivas. Según su análisis, esa evaluación no aparece en la Exposición de Motivos.
La discusión adquiere una dimensión especial en la Amazonía peruana, donde organizaciones indígenas de Madre de Dios y Cusco continúan trabajando precisamente en el fortalecimiento de la protección de los PIACI. La propia SPDA desarrolló recientemente actividades de capacitación sobre el principio de no contacto y el régimen especial de protección de estos pueblos.
Antecedente del Candamo
En Madre de Dios, la posibilidad de flexibilizar las restricciones para actividades extractivas dentro de áreas protegidas no resulta completamente desconocida. Durante la década de 1990, la zona del Candamo, ubicada dentro del Parque Nacional Bahuaja Sonene, estuvo en el centro de una controversia por el interés en desarrollar actividades de exploración de hidrocarburos.
El episodio terminó convirtiéndose en uno de los antecedentes más recordados de defensa de un territorio amazónico frente a intereses extractivos. La oposición de organizaciones ambientales y sectores de la sociedad civil contribuyó a colocar el caso en la agenda nacional e internacional.
Décadas después, el debate reaparece bajo otra forma. La propuesta que analiza actualmente el Congreso plantea modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas para permitir su reducción física cuando ello resulte necesario para proyectos declarados de necesidad pública e interés nacional.
Para la SPDA, esta modificación no sería constitucionalmente viable en los términos planteados porque podría convertir una medida excepcional de redimensionamiento en una herramienta para remover restricciones frente a proyectos económicos posteriores. La organización considera que cualquier reducción debe responder a circunstancias extraordinarias y evaluar la categoría, zonificación, valores ambientales y culturales y la existencia de alternativas menos lesivas.
¿Qué significaría para espacios como el Manu?
Madre de Dios concentra territorios donde conservación y actividades económicas conviven con conflictos históricos. El Manu, Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri no son únicamente nombres dentro de un mapa de áreas protegidas, se trata de espacios que cumplen funciones ecológicas, albergan biodiversidad y están relacionados con poblaciones indígenas y comunidades que dependen de los recursos del bosque.
La propia SPDA señala que las áreas naturales protegidas cumplen un papel en la preservación de la biodiversidad, la protección de recursos hídricos y la mitigación del cambio climático, pero también enfrentan amenazas provenientes tanto de actividades ilegales como de proyectos de infraestructura y propuestas legislativas.
Por eso, la posibilidad de reducir físicamente una zona protegida para facilitar un proyecto declarado de interés nacional genera una discusión que va más allá del procedimiento administrativo: se trata de determinar hasta dónde puede modificarse el límite de un territorio creado precisamente para conservar determinados valores ambientales y culturales.
Silencio administrativo positivo
Hay otro cambio que ha pasado menos visible en el debate público, pero que para los especialistas tiene un efecto potencialmente importante: la aplicación del silencio administrativo positivo a procedimientos ambientales.
La figura permite que, bajo determinadas condiciones establecidas por la ley, una solicitud pueda considerarse aprobada si la administración no responde dentro del plazo previsto. En trámites administrativos ordinarios, el mecanismo busca proteger al ciudadano frente a la demora del Estado, pero trasladarlo a procedimientos de evaluación ambiental plantea un problema distinto.
Una certificación ambiental requiere determinar qué impactos puede generar un proyecto y qué medidas deben adoptarse para prevenirlos, reducirlos o compensarlos. No se trata simplemente de verificar si una solicitud fue presentada correctamente.
La SPDA sostiene que aplicar el silencio administrativo positivo a la evaluación de impacto ambiental sería incompatible con el carácter preventivo del sistema, porque el vencimiento de un plazo podría terminar sustituyendo la revisión sustantiva de los impactos ambientales y sociales de un proyecto.
La misma preocupación alcanza a las opiniones técnicas vinculantes. Estas intervenciones permiten que entidades especializadas evalúen aspectos específicos antes de que se tome una decisión ambiental. Si el pronunciamiento puede ser reemplazado por el transcurso del tiempo, advierte la SPDA, se debilita una de las garantías técnicas del procedimiento.
El debate ya salió de la comisión
El punto central ahora es que estas advertencias ya no se producen frente a una propuesta que recién comienza a discutirse. La Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados ya emitió una opinión favorable. El pedido de facultades continuará su recorrido legislativo y será el Pleno el que tenga que evaluar el contenido de la delegación antes de que el proceso llegue al Senado.
La SPDA ha pedido que los legisladores revisen con detenimiento la Exposición de Motivos, precisamente porque considera que allí se encuentran los alcances de algunas modificaciones que podrían pasar inadvertidas si la revisión se limita al texto principal del proyecto.
Isabel Calle, directora ejecutiva de la SPDA, sostuvo que el Congreso debe tener claridad sobre esos alcances antes de decidir qué facultades delegará al Ejecutivo. Para la organización, mejorar la eficiencia del Estado no debería significar eliminar controles ni sustituir el criterio técnico por el simple vencimiento de los plazos.
Discusión toca a Madre de Dios
El debate todavía no está cerrado, pero para Madre de Dios las modificaciones no son una discusión distante de Lima.
Una eventual flexibilización del régimen de protección de los PIACI, la posibilidad de reducir áreas naturales protegidas para proyectos considerados de interés nacional y la aplicación del silencio administrativo positivo en procedimientos ambientales podrían tener consecuencias en una región donde conviven ecosistemas de alta fragilidad, pueblos indígenas y actividades extractivas.
El Congreso tendrá que decidir ahora si estas modificaciones forman parte de las facultades que serán entregadas al Ejecutivo y bajo qué límites.
Para los defensores ambientales de Madre de Dios, la preocupación está precisamente en lo que puede ocurrir después de que una excepción se convierta en regla: que territorios creados para permanecer protegidos terminen sometidos a nuevas presiones extractivas y que controles diseñados para prevenir daños ambientales sean reemplazados por el vencimiento de plazos.
La discusión recién llega al Pleno, pero en la Amazonía -advierten los ambientalistas- algunas decisiones pueden tardar décadas en revertirse y ciertos daños pueden ser imposibles de reparar.
Dato
El caso Candamo, dentro del actual Parque Nacional Bahuaja Sonene, constituye un antecedente emblemático de la controversia entre conservación amazónica y proyectos de exploración de hidrocarburos.
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