La Dra. Julissa Mabel Pinto Roldan es directora del Hospital III Goyeneche desde el 19 de agosto de 2025.
La Defensoría del Pueblo presentó ante la Gerencia Regional de Salud (GERESA) una denuncia administrativa contra la directora del hospital III Goyeneche, Dra. Julissa Mabel Pinto Roldán. El objetivo general del escrito es solicitar que se inicie un proceso disciplinario contra la funcionaria y el personal que resulte responsable. Según se sustenta en el documento, en menos de dos meses, tres menores de edad fallecieron en el nosocomio por presuntas irregularidades.
La entidad subraya que se evidenciaron fallas estructurales en la dirección, la supervisión clínica y la gestión de riesgos del paciente en el hospital. El objetivo es determinar si hubo omisión de funciones y por qué no se aplicaron los protocolos básicos de seguridad asistencial.
El primer caso corresponde a “Gustavito”, un menor de 7 años que llegó al hospital con una fractura de muñeca. Según la versión de sus familiares, ante la falta de disponibilidad de quirófano, Alex Limache Centeno, médico del Goyeneche, les habría ofrecido operar al infante en una clínica privada. El niño fue trasladado a ese establecimiento, donde falleció durante la intervención, situación que abrió la posibilidad de investigaciones por un presunto conflicto de intereses y cohecho.
Semanas después, una niña de 10 años fue internada por dolores cervicales. Como parte del proceso médico, recibió diagnósticos contradictorios, que iban desde una lesión cerebral hasta encefalitis, sin explicaciones claras para sus familiares. Pese a los esfuerzos de sus padres por lograr un traslado a Lima, la falta de un neurocirujano pediatra y una deficiente gestión de la referencia culminaron con el fallecimiento de la menor el 5 de julio.
El tercer caso corresponde a un adolescente de 16 años que llegó al área de emergencia con dolor abdominal agudo. Sus padres solicitaron la atención correspondiente; sin embargo, el hospital no realizó la ecografía requerida. La justificación del personal fue la ausencia de técnicos de turno. Sin los exámenes necesarios para detectar el problema oportunamente, el joven falleció ante la falta de un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado.
Para sustentar la denuncia, la Defensoría del Pueblo solicitó a la GERESA recopilar historias clínicas, informes de auditoría y los avances de las investigaciones fiscales, con el fin de determinar por qué el control interno habría fallado de manera reiterada frente a este escenario crítico.
Esta solicitud se ampara en la Constitución y la Ley del Servicio Civil, normas que establecen la obligación de garantizar el derecho a la salud. No obstante, el organismo aclaró que la denuncia administrativa no reemplaza un proceso penal. Mientras tanto, los usuarios de salud en Arequipa continúan acudiendo a un servicio que, según la Defensoría, ya presenta cuestionamientos por fallas en su atención.
DATO:
El oficio fue firmado digitalmente el 20 de julio de 2026.
