El Congreso debe dar ejemplo de austeridad en la administración del presupuesto público.
Por: Karola Lara Manchego. Doctora en Comunicación y Desarrollo
Mientras millones de peruanos enfrentan el incremento del costo de vida, salarios estancados y servicios públicos que no logran satisfacer las necesidades más básicas, el Congreso de la República vuelve a ocupar titulares por una realidad que resulta difícil de explicar y aún más difícil de justificar: una estructura remunerativa privilegiada, financiada con recursos públicos, que parece vivir al margen de la austeridad que se exige al resto del Estado.
La investigación difundida por “Punto Final” el último fin de semana puso cifras a una percepción que desde hace años acompañaba al Parlamento. El gasto en planillas pasó de S/ 402 millones en 2021 a S/ 906 millones en 2025, un incremento superior al 125 % en apenas cuatro años. La cifra, por sí sola, obliga a una pregunta elemental: ¿qué cambió para que el costo del personal prácticamente se duplicara en tan corto tiempo?
La respuesta no solo está en el crecimiento de la planilla. También se encuentra en un complejo sistema de bonificaciones, asignaciones y beneficios laborales que incrementan considerablemente los ingresos reales de los trabajadores parlamentarios.
Según el reportaje, 3,628 trabajadores recibieron en junio de este año un bono extraordinario de S/ 11,000, lo que significó un desembolso cercano a S/ 40 millones. Sin embargo, ese pago constituye apenas una parte de un esquema mucho más amplio de beneficios.
Cada congresista cuenta con un equipo de hasta siete trabajadores de confianza, entre asesores, técnicos, asistentes, auxiliares y coordinadores; cuyos sueldos base oscilan entre aproximadamente S/ 3,000 y S/ 11,000. No obstante, al incorporarse bonos distribuidos durante el año y la asignación diaria por alimentación, los ingresos efectivos pueden superar ampliamente esas cifras. Un asesor principal puede aproximarse a los S/ 15,000 mensuales, mientras que un técnico puede bordear los S/ 11,000, según la investigación periodística.
El calendario de beneficios también llama la atención. Además del salario mensual, existen pagos por escolaridad, vestimenta, vacaciones, ampliación y cierre de legislatura, además de asignaciones diarias por alimentación. Algunos de estos beneficios derivan de convenios colectivos y otros de acuerdos administrativos internos.
El debate, sin embargo, no debe centrarse en cuestionar el derecho de los trabajadores a percibir una remuneración digna. Ese derecho está reconocido en el artículo 24 de la Constitución Política del Perú y constituye un principio fundamental de cualquier Estado democrático. Tampoco corresponde enfrentar a unos trabajadores contra otros.
El verdadero problema es otro: la enorme desigualdad remunerativa dentro del propio Estado. Mientras un médico especialista, un docente universitario, un investigador, un policía o una enfermera deben esperar años para obtener incrementos salariales, el Congreso mantiene un régimen excepcional cuyos beneficios difícilmente encuentran equivalente en otras instituciones públicas.
La Constitución establece, en su artículo 39, que todos los funcionarios y servidores públicos están al servicio de la Nación. Asimismo, la Ley Marco del Empleo Público (Ley N.º 28175) dispone que la administración pública debe regirse por principios de mérito, eficiencia, transparencia y racionalidad en el uso de los recursos del Estado.
Es precisamente en estos principios donde aparecen las principales interrogantes. ¿Existe una evaluación objetiva del desempeño que justifique estos beneficios?, ¿Se sustentan en indicadores de productividad?, ¿Responden a una política remunerativa coherente con el resto del aparato estatal?, ¿O constituyen simplemente privilegios consolidados a través del tiempo?
La transparencia tampoco ayuda a disipar las dudas. Según “Punto Final”, cuando el programa solicitó copia del convenio colectivo que sustenta algunos de estos beneficios, la propia oficina de Recursos Humanos respondió que no contaba con dicho documento. Si ello es exacto, el hecho resulta preocupante. Ninguna institución pública debería administrar millones de soles sin que los instrumentos que respaldan esos desembolsos sean plenamente accesibles para la ciudadanía.
La discusión tampoco puede reducirse a un asunto estrictamente legal. En materia de gestión pública, la legalidad constituye apenas el punto de partida. El gasto público también debe superar el examen de la razonabilidad, la eficiencia y la legitimidad social.
Un bono puede haber sido aprobado conforme al procedimiento administrativo correspondiente y, sin embargo, carecer de una justificación suficiente frente al interés público.
La ciudadanía no cuestiona que existan buenos salarios para atraer profesionales competentes. Lo que genera indignación es la percepción de que determinadas instituciones viven bajo reglas completamente distintas al resto del país.
El Congreso aprueba el presupuesto nacional, fiscaliza el uso de los recursos públicos y exige eficiencia a ministerios, gobiernos regionales y municipalidades. Precisamente por ello debería ser el primero en demostrar sobriedad y transparencia en la administración de sus propios recursos.
La confianza ciudadana no se recupera únicamente aprobando leyes. También se construye mediante el ejemplo.
Cada sol destinado a beneficios extraordinarios deja de financiar otras necesidades igualmente urgentes: hospitales con déficit de medicamentos, universidades públicas con limitaciones presupuestales, escuelas que requieren infraestructura, comisarías sin equipamiento o programas de investigación científica que esperan financiamiento.
No se trata de enfrentar trabajadores contra ciudadanos. Los trabajadores también son ciudadanos. Se trata de recordar que el presupuesto público pertenece a todos y que quienes lo administran tienen el deber constitucional y ético de justificar cada decisión.
Resulta indispensable publicar de manera transparente la remuneración anual íntegra de todos sus trabajadores, incluyendo salarios, bonos, asignaciones y cualquier otro beneficio económico. También corresponde hacer públicos los convenios colectivos, explicar el fundamento técnico de cada pago extraordinario y permitir que la Contraloría evalúe la razonabilidad de estos desembolsos.
La confianza no se decreta; se construye con transparencia. El Parlamento suele recordar que representa a la Nación. Esa representación implica algo más que legislar. Significa administrar con prudencia los recursos que pertenecen a todos los peruanos.
Porque, al final, el debate no gira únicamente alrededor de los salarios. Gira alrededor de un principio mucho más importante: si quienes elaboran las leyes están dispuestos a someterse al mismo estándar de responsabilidad y austeridad que exigen al resto del país.
En una democracia madura, los privilegios no fortalecen a las instituciones. Las debilitan. Y cuando la ciudadanía percibe que el poder sirve primero para beneficiar a quienes lo ejercen antes que, al interés general, la legitimidad comienza a erosionarse.
El Congreso aún está a tiempo de corregir el rumbo. Pero la primera condición para recuperar la confianza es sencilla: dejar de administrar el dinero público como si fuera un privilegio institucional y empezar a tratarlo como lo que realmente es: el aporte de millones de peruanos que esperan un Estado más justo, más transparente y más responsable.
CITA
«La confianza ciudadana no se recupera solo aprobando leyes, también se construye con el ejemplo.»
CIFRA
S/ 906 millones: alcanzó el gasto en planillas del Congreso en 2025, más del doble que en 2021.
CIFRA
3,628 trabajadores: recibieron un bono extraordinario de S/ 11 mil, según la investigación periodística.
