El comandante general en retiro de la PNP es acusado por lesiones graves y leves ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022. Aunque esta acusación podría fracasar por la nueva ley aprobada por el Congreso, que busca que este tipo de casos pasen a fueros militares y policiales.
A cuatro años del estallido social contra el régimen de Dina Boluarte Zegarra, que dejó decenas de muertos y heridos producto de la represión policial, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos, a cargo de la fiscal Yenny Huacchillo Núñez, solicitó 8 años de prisión efectiva para el general (r) PNP Víctor Zanabria Angulo y el coronel PNP Frank Chang Campos por su presunta responsabilidad en las lesiones ocasionadas a dos civiles.
Además, el Ministerio Público también pidió una reparación civil individual de 6 mil soles y el pago de 30 mil como tercero civil responsable. Se atribuye a los altos mandos los delitos de lesiones graves y leves bajo la modalidad de comisión por omisión. Es decir, no frenaron la masacre, pese a liderar la institución policial.
Según la tesis fiscal, una de las víctimas es Renato Murillo Reyes, quien resultó gravemente herido tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza durante las protestas del 12 de diciembre de 2022. La lesión lo dejó en estado de coma durante doce días y le ocasionó otras secuelas de por vida.
Asimismo, Benedicto Huaccachi Sullca sufrió el impacto de un proyectil similar a la altura de la pelvis, ocasionándole graves daños. Por estos hechos, también solicitan siete años de prisión efectiva para el teniente PNP Luis Bazán, señalado como autor directo de las lesiones.
En tanto, el mayor PNP Luis Ávila y el comandante PNP Jorge Celadita también afrontan el pedido de 6 años de prisión. Estos también son acusados de permitir agravios durante las manifestaciones. Todos los involucrados fueron incluidos en el pedido de inhabilitación para ejercer cargos públicos durante tres años y 8 meses.
DATO
El proceso judicial se encuentra en la fase de control de acusación, etapa en la que el Poder Judicial evalúa la validez de las pruebas y los argumentos presentados por la Fiscalía antes de decidir si el caso pasa a juicio oral.
