La ceremonia en la que obispos se arrodillaron ante comuneros volvió a poner bajo la lupa décadas de conflictos territoriales, denuncias de hostigamiento y el papel de una organización que llevó el caso a los tribunales europeos.
Por Jorge Turpo Rivas
La mañana del 23 de mayo de 2026 ocurrió una escena pocas veces vista en la historia reciente de la Iglesia Católica peruana. En la parroquia San Juan Bautista de Catacaos, en Piura, cardenales, arzobispos y obispos se arrodillaron frente a decenas de comuneros para pedir perdón.
No se trataba de víctimas de abusos sexuales ni de sobrevivientes de violencia física. Eran agricultores y ganaderos que durante más de una década denunciaron haber sido despojados de miles de hectáreas de tierras comunales por empresas vinculadas al entorno del Sodalicio de Vida Cristiana.
La ceremonia estuvo encabezada por monseñor Jordi Bertomeu, comisario pontificio encargado de la liquidación del Sodalicio, junto a los cardenales Carlos Castillo y Pedro Barreto, además de otros representantes de la Iglesia. Allí, Bertomeu pronunció una frase que resumió años de conflicto: “Hemos llegado tarde, tendríamos que haber llegado hace 20 años”.
Aquel acto de perdón puso nuevamente en el centro de la discusión un conflicto conocido como el “Caso Catacaos”, una disputa territorial que involucra a la Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB), organizaciones empresariales relacionadas y a la propia historia del Sodalicio.
¿Qué es el caso Catacaos?
La Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos, perteneciente al pueblo originario Tallán, sostiene que alrededor de 10 mil hectáreas de tierras comunales terminaron bajo control de la Asociación Civil San Juan Bautista y de empresas vinculadas a ella, entre ellas Miraflores Perú SAC, Santa Regina SAC, Inversiones San José y Agroindustria San Gerardo.
Los comuneros aseguran que estas operaciones derivaron en desalojos, procesos judiciales, hostigamiento y criminalización de dirigentes. En varios casos, quienes ocupaban ancestralmente esos terrenos fueron considerados por los tribunales como “ocupantes precarios”.
Durante años, el conflicto permaneció lejos de los reflectores nacionales. Sin embargo, la intervención del Vaticano en el Sodalicio y la posterior disolución de la organización en 2025 volvieron a poner atención sobre la actuación de diversas entidades relacionadas con su entorno.
Aunque los comuneros no forman parte de las víctimas directas de los escándalos sexuales que precipitaron la caída del Sodalicio, la Iglesia reconoció que sí sufrieron abusos de poder, despojo territorial y hostigamiento institucional.
La Asociación Civil San Juan Bautista rechaza cualquier afirmación que la presente como una organización subordinada al Sodalicio.
Su posición oficial señala que se trata de una entidad civil independiente, sin fines de lucro, que comparte una identidad católica y mantuvo relaciones de cooperación con el Sodalicio, pero que nunca existió entre ambas un vínculo jurídico, patrimonial o de subordinación institucional.
Esa misma tesis fue defendida públicamente en mayo de este año mediante un comunicado publicado en El Comercio, donde la asociación afirmó que no mantiene ninguna vinculación institucional, canónica ni administrativa con el Sodalicio. Pero, la controversia surge cuando esa posición se contrasta con los registros públicos.
Lo que dicen los documentos
La partida registral 01068318 de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), correspondiente a la Asociación Civil San Juan Bautista, muestra una historia distinta.
La documentación registra que la asociación fue inscrita el 21 de octubre de 1994 y que sus primeros apoderados fueron Luis Fernando Figari Rodrigo y Germán Doig Klinge, dos de las principales figuras históricas del Sodalicio de Vida Cristiana.
A lo largo de las tres décadas siguientes aparecen nombres estrechamente vinculados al universo sodálite.
Entre ellos figuran sacerdotes del Sodalicio, responsables de comunidades sodálites en Arequipa, integrantes del Movimiento de Vida Cristiana, directivos de la Universidad Católica San Pablo y administradores relacionados con proyectos empresariales como el cementerio Parque de la Esperanza y la Funeraria Santa María.
Precisamente Arequipa aparece como uno de los puntos de conexión más visibles. Varios de los apoderados registrados por la asociación participaron también en emprendimientos impulsados por personas vinculadas al Sodalicio, como el cementerio Parque de la Esperanza, una de las iniciativas empresariales más conocidas relacionadas con miembros del movimiento en la región.
La revisión de la partida registral revela un patrón constante: durante aproximadamente treinta años, la administración de los principales activos de la asociación estuvo en manos de personas vinculadas al Sodalicio o al Movimiento de Vida Cristiana.
Del perdón a los tribunales
La controversia escaló cuando monseñor Jordi Bertomeu comenzó a referirse públicamente a los vínculos entre la Asociación Civil San Juan Bautista y el Sodalicio.
La asociación consideró que tales afirmaciones afectaban su reputación y anunció acciones legales. Hoy esas advertencias se han convertido en una demanda presentada ante un tribunal europeo por presunta difamación.
El núcleo del litigio es sencillo de formular pero complejo de resolver: ¿constituye una difamación afirmar que la asociación mantiene vínculos con el Sodalicio cuando los registros públicos muestran décadas de participación de personas pertenecientes o relacionadas con esa organización?
Bertomeu sostiene que simplemente describe hechos sustentados en documentos públicos. La asociación, por el contrario, insiste en que la coincidencia de personas no equivale a una dependencia institucional.
La herencia de un conflicto
El caso Catacaos representa mucho más que una disputa legal entre una asociación civil y un representante de la Iglesia. Para los comuneros, la ceremonia de mayo de 2026 constituyó un reconocimiento histórico a años de denuncias que, según afirman, fueron ignoradas por diversas autoridades. Para la Iglesia, significó admitir que existieron abusos de poder y estructuras que permitieron situaciones injustas.
Para la Asociación Civil San Juan Bautista, la controversia gira alrededor de una cuestión fundamental: si puede seguir sosteniendo que actuó siempre de manera autónoma pese a que los registros públicos muestran una larga presencia de dirigentes vinculados al universo sodálite.
Ahora será un tribunal europeo el que evalúe si las afirmaciones de Bertomeu constituyen una difamación o si forman parte del legítimo debate público sobre uno de los capítulos más sensibles surgidos tras la caída del Sodalicio.
Mientras tanto, la disputa continúa abierta. Los comuneros siguen reclamando justicia por las tierras que consideran suyas, la Iglesia intenta reparar décadas de silencio y la documentación registral permanece disponible para cualquier ciudadano que quiera reconstruir por sí mismo la historia detrás del caso Catacaos.
DATO
Los comuneros afirman que alrededor de 10 mil hectáreas de tierras comunales quedaron bajo otros controles.
DATO
Los comuneros sostienen que durante años enfrentaron despojos, hostigamiento y procesos judiciales.
