El ataque con explosivos contra la vivienda un periodista de Arequipa, tras denunciar un presunto acto de corrupción dentro de la Policía, evidencia los riesgos que enfrentamos quienes ejercemos esta profesión. Solo en el 2025, se emitieron 62 alertas contra la libertad de prensa en Perú y cuatro hombres de prensa fueron asesinados.
Las amenazas contra la libertad de prensa parecen escalar peligrosamente en el Perú. El sábado pasado, un periodista de Arequipa de iniciales J.A.U. , fue víctima de un atentado contra su vivienda, que estaría vinculado a una denuncia que interpuso ante el Ministerio Público sobre un presunto acto de corrupción que involucraría a efectivos de la Policía Nacional del Perú.
Según su abogado Santiago Mendoza, el hombre de prensa sería víctima de seguimiento y amedrentamientos desde junio del 2025. Fecha en que el hombre de prensa fue detenido por supuestos actos de extorsión contra agentes de dicha institución. Sin embargo, la investigación en su contra fue archivada en abril del presente año y él luego recurrió a la Fiscalía en Derechos Humanos.
El letrado detalló que hace una semana y media, el comunicador presentó una denuncia ante la Fiscalía especializada en Crimen Organizado donde habría presentado pruebas sobre un presunto hecho de corrupción. Luego de esto, el sábado al promediar las 3:00 de la tarde, cuando salió de su centro de trabajo rumbo a su vivienda, habría sido interceptado por un desconocido que le amenazó diciendo: “Te gusta denunciar ¿no?, ahora te va a ir peor”. Horas después, a las 10:50 de la noche las cámaras de seguridad captaron a dos sujetos que arrojaron explosivos a su inmueble.
El caso fue denunciado ante la Comisaría de Mariscal Castilla, donde ya se habrían iniciado las investigaciones. A la par, el hombre de prensa solicita garantías personales por temor a otro atentado. “Tengo más que temor por mis hijos, mi esposa, tengo miedo”, dice el abogado que le refiere su patrocinado, quien tiene dos hijos menores de edad.
Por su gravedad, el caso ameritó un pronunciamiento del Colegio de Periodistas de Arequipa. Mediante un comunicado condenaron el acto y expresaron su solidaridad con el periodista. “Solicitamos de manera inmediata al jefe de la Región Policial de Arequipa disponer de los equipos de investigación para realizar un peritaje exhaustivo, célere y transparente para capturar a los autores”, se lee.
Amenazas se normalizan
Según un informe de Voces del Sur, red regional de organizaciones de la sociedad civil en América Latina, en Perú durante el 2025 se registraron 62 alertas contra la libertad de prensa y 97 víctimas. Lamentablemente, de esta data se tuvo cuatro asesinatos, de Gastón Medina, Raúl Celis, Mitzar Castillejos Tenazoa y Fernando Núñez Guevara, cifra histórica de crímenes por el ejercicio de la labor periodística.
Las agresiones físicas concentraron el 33,9 % de las alertas del año, afectando a 41 trabajadores de medios. Además, existe una tendencia en el país, donde más del 50% de alertas tienen como responsables a actores estatales.
Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), señaló que penosamente los niveles de violencia contra hombres y mujeres que ejercen el periodismo se han vuelto más típicos. Principalmente en regiones fuera de Lima. El CPP registra en promedio una denuncia por semana a nivel nacional.
“Un periodista no vale más que la vida de un bodeguero o de un transportista. Sin embargo, cuando el atentado es contra un periodista, el atentado va más allá de la persona. El atentado es contra la libertad de cualquier ciudadano de informarse y de opinar libremente, sabiendo todavía que en el Perú la democracia está bajo acecho”, sostuvo Salazar.
El director ejecutivo del CPP indica que pese a esta realidad y las reuniones con Gobiernos de turno y la Policía Nacional, no hubo mayores avances. Y, a un mes de que asuma el cargo un nuevo presidente, refiere que serán vigilantes por unas semanas para evaluar el comportamiento de la próxima gestión sobre este delicado tema.
CIFRA
83 % creció el número de víctimas de atentados contra la libertad de prensa entre el 2024 y 2025, según estudio de Voces del Sur.
