Fiscalía expone presunto rol de alcalde de Puno, Javier Ponce, en red de corrupción

El Ministerio Público explicó la supuesta responsabilidad del burgomaestre en la constitución de la presunta organización criminal “Los Mandachitos de la Corrupción”. Jueza evalúa pedido de 36 meses prisión preventiva.

Alcalde es investigado junto a servidores de su gestión.

El posible encarcelamiento del alcalde provincial, Javier Ponce Roque, mantiene en vilo a Puno. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de la magistrada María Candelaria Morales Segura, llevó a cabo este viernes la audiencia por el caso “Los Mandachitos de la Corrupción”, donde se evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el burgomaestre y otros implicados.

El requerimiento fiscal, en esta segunda audiencia del caso, también se extiende a Danny Helberth Guerra Bueno, Fredy Gallegos Flores, Giancarlo Quispe Pérez, Eva Irene Mamani Choque, Alan Enrique Murillo Laura y Jonathan Cristian Guerra Monzón. A los procesados se les investiga por los presuntos delitos de crimen organizado, cohecho pasivo propio, trafico de influencias y otros vinculados a corrupción.

En la audiencia participó, de manera virtual, el alcalde Ponce junto a su abogado. Durante el desarrollo de la misma, el Ministerio Público explicó el papel que habría tenido el burgomaestre dentro de esta red que operaba en la Gerencia de Transportes de la municipalidad provincial  

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Burgomaestre de Puno participó de manera virtual en audiencia.

Modus operandi

Según la hipótesis fiscal, los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Puno y efectivos de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial, en contubernio, presuntamente conformaron una estructura criminal con roles específicos, dedicada a cometer actos de corrupción y que operó entre los años 2024 y 2025.

Esta organización se dedicó a omitir el registro y ejecución de sanciones impuestas por infracciones al reglamento de tránsito, desaparición de expedientes, alterar o anular las papeletas y liberar indebidamente vehículos implicados en infracciones de tipo M1, M2 y M3. Todo esto a cambio, al parecer, de beneficios económicos ilícitos entregados por conductores.

El Ministerio Público afirmó, durante la audiencia, que se cuenta con las pruebas de la participación de “hombres clave” que permitieron darle funcionamiento y soporte a esta red criminal, trabajando en coordinación con colaboradores temporales o brazos operativos.

Como resultado de la investigación son procesados15 investigados entre servidores, policías y terceros que captaban usuarios para proponerles esas opciones irregulares. Entre ellos figura como pieza clave el alcalde de Puno, Javier Ponce.

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“No se trataron de simples omisiones a sus funciones, se trataron de omisiones con el propósito de lograr beneficios económicos indebidos y para ello es la perpetración constante de delitos de corrupción”, señaló el fiscal a cargo, Arturo Zirena Asencio.

Responsabilidad de Ponce

Respecto a la responsabilidad del burgomaestre de Puno, el representante del Ministerio Público explicó que se habría aprovechado del cargo que ostenta en la institución y el nivel de control e injerencia directa que tiene sobre la Gerencia de Transportes con la designación del entonces funcionario y también investigado Danny Helberth Guerra Bueno.

“Las características y potestades de control e injerencia que ellos han tenido durante este tiempo, que ha sido objeto de investigación, es que existen indicios razonables y de sospecha fuerte que han desarrollado un comportamiento de constituir la organización criminal”, sustentó el fiscal.

Pruebas

Entre las pruebas más sólidas, presentadas en la audiencia, sobre la operatividad de esta presunta organización criminal, está un informe de la Dirección contra la Corrupción de la Policía donde se desprende el análisis de 168 expedientes de conductores sancionados con la infracción M1, entre enero y setiembre del 2024.

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En esta documentación se observa una constante irregularidad de casos de papeletas no vigentes o no registradas. Ejemplos de estos fueron presentados ante el juzgado que evalúa el requerimiento de prisión preventiva.

Además, se mostró la transcripción de video y audios con operadores encubiertos. Uno de los casos expuestos del 2024, involucra al chofer investigado Jesús Virgilio Maquera Arrazola, donde le propondría la nulidad de tres papeletas a cambio de la previa entrega de dinero. (ver imágenes).

La audiencia de requerimiento de prisión preventiva se retomará el próximo viernes 12 de junio.

Dato

La presunta red fue desarticulada en un megaoperativo ejecutado entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de abril.

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