La orden adquirió un predio de casi 10 mil metros cuadrados por más de S/ 1.8 millones. Sin embargo, el terreno se encuentra dentro de la campiña. Incluso, está protegida por resoluciones judiciales. Además, la orden profesional enfrenta un proceso sancionador de la ANA.
Los colegios profesionales suelen presentarse como instituciones llamadas a defender la ética, el respeto a la ley y el ordenamiento de la ciudad. Sin embargo, el Colegio de Psicólogos Consejo Regional III Arequipa hace todo lo contrario. Y es que la orden profesional, durante la gestión del pastdecano Julio César Abarca Cordero, adquirió y empezó la construcción de un club en plena zona de campiña y sin obtener los permisos respectivos de las autoridades municipales.
La institución ya enfrenta un proceso sancionador por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Tras estos hechos, incluso, la actual junta directiva, encabezada por la decana Ruth Natalia Gallegos Esquivias, dispuso una auditoría interna. En tanto, su antecesor no hace un mea culpa. Por el contrario, señaló que la compra se hizo con autorización del Consejo Directivo Nacional ampliado, aseguró que se compró dicho terreno porque era “la mejor opción económica, de accesibilidad y de tiempo” y aseveró que antes de, se hicieron estudios jurídicos y técnicos con especialistas que no advirtieron la incompatibilidad del terreno.
Millonaria compra
En 2024, el Colegio de Psicólogos compró un terreno rústico de 9 mil 772 metros cuadrados en el sector Acequia Baja, El Pasto Media Luna, en el distrito de Socabaya. El objetivo es construir un club recreacional para sus agremiados. La operación fue formalizada el 15 de julio de 2024 mediante contrato suscrito entre los vendedores Ramiro Roberto Lazo Moreno y Renzo Roberto Lazo Moreno y representantes del Colegio de Psicólogos encabezados por el entonces decano Julio César Abarca Cordero.
El inmueble se encuentra inscrito en la Partida Registral N.° 11043832 de la Zona Registral XII – Sede Arequipa. El valor total del predio asciende a S/ 1 millón 827 mil. La orden entregó una cuota inicial de S/ 927 mil mediante cheque de gerencia emitido por Interbank. El saldo restante, equivalente a S/ 900 mil, fue financiado directamente por los vendedores a través de un sistema de 60 cuotas mensuales de S/ 23 mil 594.80, además de un interés anual de 19.5%.
También se establece que la propiedad se transfirió bajo modalidad de reserva de dominio, manteniendo la titularidad jurídica en manos de los vendedores hasta el pago total. Esto porque la entidad profesional actualmente no cuenta con personería jurídica. En caso de que futuras gestiones del Colegio de Psicólogos desconozcan o anulen la compra del predio, se pagará una penalidad de S/ 400 mil.
En zona agrícola
No obstante, el predio se encuentra dentro de una zona agrícola protegida y parcialmente comprendida en la Sentencia de Vista N.° 183-2019, que declaró intangible parte de la campiña arequipeña regulada por el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM). Dicha resolución judicial deriva de una acción de amparo ambiental que ordenó la suspensión de actos administrativos vinculados al PDM 2016-2025. El fallo determinó la intangibilidad de 3 mil 941.48 hectáreas consideradas de protección agrícola y paisajística
La sentencia prohíbe expresamente modificar la zonificación agrícola hacia categorías urbanas, recreativas o residenciales. Precisamente, el sector de Chilpinilla, en Socabaya, donde se ubica el terreno adquirido por el Colegio de Psicólogos, forma parte de las áreas observadas dentro del conflicto urbanístico.
Aunque existen estas restricciones, en el lugar se levantaron muros perimétricos, canchas deportivas, zonas de parrillas y áreas recreativas. Incluso, por la incompatibilidad del terreno, la institución promueve un cambio de zonificación para convertir el predio de Zona Agrícola (ZA) a Zona Urbana de Densidad Baja (ZDB), trámite que actualmente se encuentra en curso.
A ello se suma que el terreno no cuenta con dotación formal de agua potable desde hace más de 20 años. Esta situación fue confirmada por informes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Precisamente, la falta de agua regulada fue utilizada por la institución para sustentar la solicitud de cambio de zonificación.
Impulsan cambio de zonificación
El Colegio de Psicólogos presentó informes técnicos señalando que la falta de uso agrícola efectivo, el crecimiento urbano del sector y la necesidad de espacios recreativos justificaban reclasificar el predio como urbano. El 15 de mayo de 2025, la institución solicitó la inactivación y anulación de la unidad catastral rústica del terreno, alegando la ausencia de dotación de agua regulada, requisito para consolidar el cambio de uso del predio.
No obstante, posteriormente la ANA notificó al colegio el inicio de un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) relacionado con una presunta modificación de franja marginal del río Socabaya y la exigencia de acreditar derechos vigentes de uso de agua. La observación estaría vinculada a una posible intervención sobre un cauce natural dentro o cerca del predio.
Frente a ello, el 5 de septiembre de 2025, el Colegio de Psicólogos presentó sus descargos ante la ANA. La institución sostuvo que todas las actuaciones se realizaron dentro de los límites de la propiedad y negó haber intervenido algún cauce sin autorización. Además, solicitó una inspección técnica conjunta y se comprometió a corregir cualquier situación que eventualmente sea considerada irregular.
Actualmente, la nueva gestión encabezada por la decana Ruth Natalia Gallegos Esquivias confirmó que ya se inició una auditoría interna sobre todo el proceso de adquisición y ejecución del proyecto recreacional. “Estamos a la espera de los hallazgos de la auditoría”, declaró a Evidencia.pe.
Se lava las manos
Por su parte, el pastdecano Julio César Abarca Cordero rechazó que la adquisición haya sido una decisión personal y aseguró que todo el procedimiento fue aprobado por los órganos institucionales correspondientes. Con esto busca disminuir su responsabilidad en la adquisición de este predio, pese a que él también autorizó y firmó la compra del mismo.
“Estaría prohibido que se hable de que fue una decisión personal de Julio Abarca comprar el terreno. La compra se hizo por medio de una decisión del Consejo Directivo Nacional ampliado. El estatuto establece que así se autoriza la compra de predios y otros proyectos de inversión”, aseguró.
Además, sostuvo que su junta directiva optó por este terreno porque era “la mejor opción económica, de accesibilidad y de tiempo”. Incluso, señaló que antes de concretar la compra se realizaron estudios jurídicos y técnicos con especialistas que no advirtieron la incompatibilidad del terreno. “Todos los trámites siguieron el procedimiento regular”, añadió Abarca Cordero.
Finalmente, aseguró que antes de dejar el cargo no fue notificado con el inicio de algún proceso sancionador. Lo cierto es que la nueva gestión lo investiga, a través de una auditoría, por esta compra que podría ocasionar un atentado a la campiña.
Cifra:
1 millón 827 mil soles es el costo total del terreno adquirido en zona de campiña.
Dato:
La gestión de César Abarca es auditada tras esta compra millonaria.
DESPIECE
Decano amenazó a Evidencia.pe por uso de su imagen
A la luz de los hechos, Julio César Abarca Cordero optó por amenazar a los reporteros de Evidencia.pe con iniciar medidas legales si es que utilizabamos su imagen para el presente informe, pese a que la compra y algunas obras de infraestructura iniciaron en su administración.
Al respecto, el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari Buendía, advirtió que el uso de la imagen de una exautoridad de un gremio profesional no implica ninguna vulneración a algún derecho de datos personales o a la intimidad, ya que lo que se está haciendo es difundir un tema periodístico que busca informar a la comunidad sobre su gestión de cuando fue decano. “Los colegios profesionales son personas jurídicas de derecho público interno; es decir, son entidades públicas que se rigen por sus propias normas”.
De igual manera, el abogado constitucionalista, Jorge Luis Mamani, agregó que el derecho a la imagen se vulnera cuando se difunde información falsa o cuando se lucra con dicha imagen, pero no cuando la imagen acompaña a una noticia que busca informar. “Siempre y cuando no sea una imagen sacada de contexto o que genere mofa, puede utilizarse”, manifestó.
