En el proceso de licitación se descalificó arbitrariamente al postor más económico. Los miembros del comité, que fungen como funcionarios del edil Manuel Vera Paredes, generaron un perjuicio de S/ 20 mil al adjudicar la buena pro a una firma con propuestas más caras
Un “faenón” es una expresión usada para describir un acto de corrupción, un negocio arreglado o una movida ilícita. Esto parece haber ocurrido en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado con la adquisición de uniformes para servidores públicos. Sucede que la Contraloría General de República, a través del Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 11-2026-2-1323-AOP, reveló que la gestión del alcalde Manuel Vera Paredes adjudicó este servicio a un postor con la oferta más cara.
Todo comenzó con la Licitación Pública N.° 5-2025-MDCC, cuyo objetivo fue adquirir ternos de gala y uniformes de salida destinados al personal obrero sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 728 para el periodo 2025. El proceso concluyó con la entrega de la buena pro al Consorcio AQP por un monto total de S/ 441 mil 630 soles, pese a que existía otra propuesta técnica de menor costo.
Al más caro
Sucede que el comité de selección —integrado por Guillermo Gonzales, gerente de Servicios; José Zevallos, subgerente de Logística; y Milagros Mejía, subgerente de Talento Humano— desestimó al Consorcio Textil Misti, integrado por Provento Perú S.A.C. y Aurelia Roxana Barriga Montecinos, alegando excusas sin sentido.
Este consorcio ofertó la ejecución del servicio por S/ 420 mil 843.00, lo que representaba un ahorro de S/ 20 mil 787 para las arcas de la comuna distrital. Sin embargo, la propuesta fue descalificada por observaciones que nunca fueron parte de las bases del concurso. Es decir, buscaron pretextos para desviar el servicio a la otra firma.
Una de las excusas que usó el comité para excluir al Consorcio Textil Misti fue que algunos documentos no consignaban sellos ni referencias expresas al representante común del consorcio, Jorge Andrés Vergaray Uria. No obstante, el ente de control verificó que las bases únicamente exigían la firma del postor o de su representante acreditado para el proceso, requisito que sí había sido cumplido.
Es decir, el grupo de funcionarios aplicó criterios no contemplados en las reglas del proceso para sustentar la descalificación. Según la unidad contralora, las exigencias añadidas constituyeron barreras arbitrarias que terminaron favoreciendo al postor con la oferta económicamente más elevada.
Otro de los cuestionamientos formulados por el comité estuvo relacionado con la falta de firmas pertenecientes al Departamento Comercial Nabila S.A.C., que forma parte del conglomerado. Los integrantes del comité sostuvieron que ello invalidaba parte de la propuesta técnica antes mencionada.
Sin embargo, la auditoría determinó que las bases no prohibían el uso de documentos técnicos de terceros como sustento complementario. Además, se verificó que uno de los anexos sí se encontraba debidamente firmado por el representante legal del consorcio.
Pretextos y mentiras
Peor aún, los miembros del comité trataron de justificar posteriormente la exclusión del postor mediante argumentos que no figuraban en el Acta de Admisión y Otorgamiento de la Buena Pro del 10 de junio de 2025. Afirmaron que Nabila S.A.C. tenía la condición de “baja definitiva” en la SUNAT. Esto resultó ser una mentira, toda vez que dicha empresa mantenía un RUC activo bajo otra numeración.
Las irregularidades no terminaron allí. También se detectó falta de transparencia en la evaluación de las muestras físicas de las prendas. Aunque las bases exigían la presentación de camisas modelo y muestras de tela para una evaluación especializada, el acta final del proceso no dejó constancia de los resultados técnicos ni de la metodología aplicada para dicha calificación.
Posteriormente, informes emitidos por la propia Subgerencia de Logística señalaron que tanto el Consorcio AQP como el Consorcio Textil Misti cumplían con las especificaciones técnicas respecto a las telas y confecciones. No obstante, para ese momento la propuesta más económica ya había sido descartada del procedimiento.
Para reforzar este presunto favorecimiento de la gestión de Vera Paredes, el órgano de control recordó que el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) estableció en reiterada jurisprudencia que las entidades públicas no pueden descalificar ofertas por aspectos meramente formales que no alteren el contenido sustancial de las propuestas. Pero nada de eso valió al momento de cerrar este presunto “faenón”.
Dato:
Más de S/ 20 mil fue el perjuicio por licitar al postor más caro.
Dato:
El informe será elevado al Ministerio Público por encontrarse indicios de corrupción de funcionarios.
