El Ministerio Público postula los delitos de omisión de funciones y especulación contra Victor Hugo Rivera, el Concejo de Regidores y la empresa EMARSISTRAN. Esto tras el incremento arbitrario del pasaje a S/ 1.5 en semanas pasadas antes del reajuste oficial del martes a S/ 1.3.
El incremento arbitrario de la tarifa del pasaje le trajo consecuencias legales al alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Víctor Hugo Rivera Chávez. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa dispuso el inicio de una investigación preliminar en su contra por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y contra el orden económico, en la modalidad de especulación.
La medida también alcanza a la empresa EMARSISTRAN —operadora del Sistema Integrado de Transportes (SIT), que cubre la ruta a Socabaya— por contravenir el contrato de concesión y elevar el precio del pasaje unilateralmente a S/ 1.50. Esto antes del reajuste tarifario aprobado por la comuna provincial el 24 de marzo, cuando varias empresas incrementaron el pasaje a S/ 1.5 de manera unilateral.
Cobros irregulares
La decisión fiscal se origina tras la denuncia de la ciudadana Katty Corrales Arteaga, quien el pasado 12 de marzo de 2026 fue víctima de un cobro excesivo mientras se trasladaba en la unidad de transporte. El incidente ocurrió en un vehículo de la empresa 3 de Octubre, con placa de rodaje CP-234, que cubre la ruta Campiña-Socabaya hacia Miraflores. Según la agraviada, los encargados del bus exigieron un pago superior al establecido; que en ese momento era de S/ 1.00.
De acuerdo con el testimonio de la denunciante, al promediar la altura del centro de salud Las Esmeraldas, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, se le solicitó el pago de S/ 1.50. La pasajera cuestionó el incremento, argumentando que el SIT se encuentra aún en etapa pre-operativa y el pasaje estaba regulado en S/ 1.00. Ante su reclamo, la cobradora de la unidad respondió de manera agresiva, alegando que el precio ya había subido.
En la discusión intervino el chofer de la unidad, quien justificó el alza señalando que el petróleo incrementó su precio. La denunciante recordó que el propio alcalde Víctor Hugo Rivera Chávez había manifestado en ruedas de prensa previas que la tarifa no se había modificado, pero, según su testimonio, hizo poco o nada para hacer respetar los contratos.
No actuó diligentemente
Frente a este escenario, el fiscal a cargo de la investigación, Eufracio Ticona Zela ,calificó los actos como una hipótesis qué encaja con los delitos postulados. Y es que el Ministerio Público sostiene que la autoridad edil no ejerció el control debido frente a este escenario. Tampoco fue un hecho excepcional, pues el mismo panorama se repitió durante los días posteriores.
También se investiga si existió algún tipo de concertación directa o indirecta entre el burgomaestre, sus funcionarios y la empresa EMARSISTRAN para defraudar al Estado o afectar el servicio público. Debido a la naturaleza de este cargo, parte del caso será derivado a una fiscalía especializada.
En cuanto a la unidad de servicio, el Ministerio Público imputó el delito contra el orden económico en la modalidad de especulación. El Código Penal, en su artículo 234, castiga a quien incrementa los precios de bienes o servicios habituales utilizando prácticas ilícitas que no se sustentan en una estructura real de costos. En este caso, el incremento del pasaje urbano sin sustento ni autorización municipal configuraría esta falta.
Por lo expuesto, la Fiscalía estableció un plazo de sesenta días para la realización de las diligencias preliminares. Como parte de las primeras acciones, se requirió a la Gerencia de Transporte de la MPA que emita un informe detallado, el objetivo es confirmar si existía, antes de la denuncia, algún convenio vigente con los transportistas que permita legalmente el aumento del pasaje.
Inician diligencias
Además, el fiscal solicitó a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) la partida registral del vehículo involucrado en la denuncia para identificar plenamente a sus propietarios. En paralelo, se ordenó una inspección técnico policial en el lugar de los hechos, en las inmediaciones de la Posta Las Esmeraldas. Esta diligencia busca corroborar las circunstancias en las que se produjo el incidente denunciado por la ciudadana, a quien se le exige que brinde una declaración detallada ante las autoridades policiales.
Finalmente, el Ministerio Público ordenó derivar copias certificadas de la denuncia a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Esta instancia asumirá la competencia exclusiva para investigar posibles pactos entre la gestión municipal y las empresas de transporte. Las diligencias servirán para determinar si existió negligencia, permisividad o acuerdos indebidos que afectaron a los usuarios.
Responderá a denuncia
Al respecto, en comunicación con Evidencia.pe, Víctor Hugo Rivera restó importancia a la denuncia. Señaló que luego de ser notificados realizará los descargos correspondientes. Indicó que su gestión estuvo fiscalizando el incremento indebido que hicieron algunas empresas al precio del pasaje antes del acuerdo del último martes. Motivo por el cual ya se tienen identificados a al menos 80 buses que serán sancionados. Descartó que haya colusión con los transportistas para dejar que incrementen los pasajes a su gusto. «Si fuera así no habría dicho nada y hubiera dejado que sigan cobrando S/ 1.5 y que siga el caos», dijo.
Fruto de la negociaciones de acuerdo mutuo, dijo, fue el acuerdo que se firmó el pasado martes y que estableció el pasaje en S/ 1.3. Indicó que no fue un precio aleatorio, sino que se sustenta en un informe de un estudio jurídico externo y también en informes legales de la comuna provincial. Esto en salvaguarda de mantener el equilibrio económico del SIT. Acusó que los contratos firmados por gestiones anteriores dejaron una «formula» que permite la actualización del pasaje bajo ciertos indicadores.
Sobre e incremento a S/ 1.3, Rivera explicó que este regirá por 6 meses. Pasado ese tiempo se analizará si el precio de los combustibles bajó, se mantuvo o subió. De acuerdo a eso se firmará una adenda al Contrato de Concesión de las rutas. El cual, además del pasaje, podría modificar otros aspectos: cobros por tramos, ampliaciones de rutas con alimentadoras o mejora en la calidad del servicio, como ejemplos.
Sobre la posible protesta de algunos sectores de la sociedad civil sobre el incremento de la tarifa, Rivera señaló que está dispuesto a recibirlos siempre que haya una solicitud de diálogo con respeto y con fundamentos del reclamo. «Hay sentimientos en contra o a favor. Personalmente no me habría gustado que suba, pero el contrato estipula el trato directo y este se ha sustentado legalmente», añadió.
Finalmente, señaló que la comuna provincial contratará a 50 inspectores más para fiscalizar el buen servicio del SIT. «Hemos recibido quejas de que no esrán recogiendo escolares y otros abusos. Los concesionarios también se han comprometido a identificar a los choferes y sancionarlos. Esperemos que así sea», añadió el edil.
DATO
La denuncia también incluye a los regidores de la Municipalidad de Arequipa por no cumplir su labor de fiscalización.
DATO
En la denuncia se acusa falta de control por parte de la MPA tras incremento arbitrario de la tarifa del pasaje.
