Editorial: U. Católica nos amenaza

Tras los reportajes difundidos en este medio, respecto al caso de una menor que denunció tocamientos indebidos en un examen de admisión el año pasado y la sentencia en primera instancia que declara desproporcionada la sanción impuesta a una exautoridad de la Universidad Católica de Santa María (UCSM), nos llegó una carta notarial firmada por el director de Asuntos Legales de la casa de estudios, César Pastor Briceño.

Sobre el primer tema señalan que “la UCSM viene colaborando con la investigación en la medida en que ello es solicitado por el Ministerio Público”. Sin embargo, debemos advertir que es la propia Fiscalía la que ha requerido a la casa de estudios que envíe los videos completos que requirieron y no solo esos 6 minutos que entregaron en un principio. Mismos que hasta el momento del reportaje no se habían entregado.

Es más, los propios familiares y el abogado de la afectada han señalado que la casa de estudios y su rector, Jorge Cáceres Arce, no han cumplido con remitir la información a la Fiscalía. Y debemos aclarar que en ningún momento se ha dicho que la UCSM esté siendo investigada, sino que es parte de la investigación, así como lo es la Policía involucrada, la afectada y sus familiares. Es más, en el reportaje se colocó la versión completa de la casa de estudios.

Sobre el caso de César Cáceres Zárate, alegan que este medio hizo una interpretación sesgada y antojadiza de la sentencia. Lo cual negamos tajantemente, pues la sentencia es un documento objetivo y sin pie a ninguna interpretación.

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Afirman que dijimos “falsamente que la autoridad judicial determinó ausencia de responsabilidad en los hechos que merecieron la sanción”. Sin embargo, debemos pedir al señor Pastor que lea mejor el informe periodístico publicado y señale dónde y en qué parte este medio colocó que el señor Cáceres Zárate ha sido absuelto de responsabilidad. Lo que el juzgado señaló y se pone en el reportaje, es que se determinó que la sanción no fue fundamentada y fue desproporcionada.

Además, aseguran que el juzgado validó como “disciplinariamente reprochables desde la perspectiva del deber de lealtad institucional”. Debemos advertir que su pasaje corresponde solo al punto 27 de la sentencia. Este medio citó el punto 44, donde la jueza señala: “la sanción impuesta resulta manifiestamente desproporcionada”. En ningún momento se defendió el caso del señor Cáceres Zárate sobre si es o no culpable, sino sobre la magnitud de la sanción.

Y Pastor Briceño afirma que el 11º Juzgado de Paz Letrado Laboral de Arequipa resolvió desestimar la demanda de César Cáceres que pretendía su absolución. Lo cual es falso. Este medio publicó lo que la sentencia dice en su parte resolutiva, que declaró nula la sanción contra el exvicerrector y ordenó que se vuelva a emitir una nueva decisión disciplinaria. “Con estricta observancia de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y debida motivación, debiendo realizar una ponderación integral de los hechos imputados, las circunstancias del caso concreto, la trayectoria profesional del investigado y la intensidad real del reproche disciplinario”, dice el documento. Lo que desestimó la sentencia fue la pretensión de S/ 5 mil que era para el pago del abogado de Cáceres Zárate.

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Así que le volvemos a pedir señor Pastor que lea y entienda bien el texto periodístico y la resolución del PJ.

Finalmente, la carta notarial señala que la difusión de la información “daña grave e injustificadamente la imagen de la UCSM” y amenazan al reportero que firma la nota y a este medio con demandarnos si es que no nos rectificamos. Sin embargo, consideramos que este medio está ejerciendo solo el derecho a informar a la sociedad con casos objetivos y debidamente contrastados. El publicar la verdad no daña la imagen de nadie. La carta notarial no señala objetivamente qué afirmaciones o partes del reportaje son falsas.

Respecto al daño a la imagen institucional, nos preguntamos quienes la dañan más: ¿Los que la dirigen y toman decisiones que luego son observadas por el Poder Judicial y la justicia o los medios y periodistas que difundimos esos actos que son públicos?

Debemos advertir, así como lo indican en la parte final de su carta notarial, que este medio y sus periodistas defendemos la libertad de prensa y de información de la ciudadanía. Un derecho que la casa de estudios pretende vulnerar al haber demandado a los periodistas que formamos parte de este medio, solo por el hecho de informar objetivamente. Querella que está siendo revisada por un juez en estos momentos, que fue debidamente respondida y argumentada y que esperamos el Poder Judicial resuelva en nuestro favor por los argumentos que hemos dado.

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Finalmente, debemos advertir a las autoridades de justicia, a la sociedad civil y a los Colegios de Abogados y de Periodistas de Arequipa del continuo acoso legal del que estamos siendo objeto los periodistas Javier Huaraya y Roberth Orihuela por parte de la Universidad Católica de Santa María, su rector Jorge Cáceres Arce y su jefe de Asuntos Legales César Pastor Briceño. Solo por publicar hechos objetivos, contrastados y que solo buscan informar a la ciudadanía y a la comunidad universitaria, sobre cómo se está manejando la casa de estudios; una institución que, si bien es privada, sigue siendo un pilar de la sociedad arequipeña y consideramos que de interés y escrutinio público debido a la importancia del servicio que presta.