El vehículo no está a nombre del burgomaestre José Miguel Ramos Carrera, sino de una empresaria que registra contrataciones con la municipalidad por más de S/135 mil entre 2023 y 2025.
El alcalde del distrito de Punta de Bombón, en la provincia de Islay (Arequipa), José Miguel Ramos Carrera, conducía una camioneta perteneciente a una proveedora de la municipalidad cuando se produjo el accidente de tránsito que dejó como saldo la muerte de un motociclista.
Según información registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), la camioneta de placa B3K-905 involucrada en el siniestro no figura a nombre del burgomaestre, sino de Magaly Ramos Flores, quien además mantiene vínculos comerciales con la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón.
De acuerdo con registros de contrataciones públicas, la proveedora ha brindado diversos servicios a la comuna durante los últimos años. En 2023 facturó alrededor de S/35 mil, mientras que en 2024 recibió S/49,456 por trabajos relacionados con servicios técnicos.
Para 2025, los pagos registrados alcanzan S/50,900, principalmente por la elaboración de fichas técnicas de mantenimiento, evaluaciones de expedientes y otros servicios profesionales.
En total, las contrataciones con la municipalidad superan los S/135 mil en los últimos tres años, lo que ha generado cuestionamientos debido a que la empresaria además sería familiar del alcalde, situación que podría derivar en investigaciones para determinar si existe algún tipo de incompatibilidad o conflicto de intereses.
El vehículo fue utilizado por el burgomaestre el día en que ocurrió el accidente de tránsito registrado en la Vía Costanera, en el sector La Pampilla, donde se produjo una colisión en la que estuvieron involucradas dos camionetas y una motocicleta.Producto del impacto, el conductor de la motocicleta, identificado como César Quispe Zela, perdió la vida en el lugar.
Tras el hecho, la Policía Nacional del Perú intervino al alcalde y al otro conductor involucrado para realizar las diligencias correspondientes, incluyendo exámenes de dosaje etílico y peritajes técnicos.
El caso es investigado por el Ministerio Público, que deberá determinar las responsabilidades en el accidente, así como evaluar las circunstancias relacionadas con el uso del vehículo vinculado a una proveedora de la municipalidad.
