La presencia de personal sin contrato en despachos del Congreso de la República revela una peligrosa informalidad dentro del Estado. El caso que involucró a José Jerí reabre el debate sobre ética, legalidad y función pública.
Por Karola Lara Manchego. Doctora en Comunicación y Desarrollo
Por años, en el Perú se ha exigido formalidad a todos: empresas, trabajadores y ciudadanos. Se fiscaliza, se sanciona y se insiste en cumplir la ley. Sin embargo, en el propio corazón del Estado —el Congreso— siguen ocurriendo prácticas que contradicen ese discurso: personas que trabajan en despachos parlamentarios sin contrato, sin registro y pagadas “de bolsillo”.
Es una realidad que preocupa
Recientemente, un medio televisivo de alcance nacional difundió una denuncia que involucraba al entonces presidente de la República, José Jerí, por hechos ocurridos cuando ejercía funciones como congresista. La revelación mediática no solo instaló el tema en la agenda pública, sino que aceleró el debate político y la reacción institucional, proceso que culminó hoy con su vacancia presidencial. Una vez más, el periodismo de investigación se convirtió en el detonante de una crisis de poder en el país.
El reportaje reveló la presencia de una persona que habría prestado servicios en su despacho sin vínculo formal con el Parlamento, bajo la figura de “practicante” o apoyo irregular. Más allá del caso puntual y de las responsabilidades que deban investigarse, el hecho ha vuelto a poner sobre la mesa un problema estructural: la normalización de personal informal dentro de despachos congresales.
Cuando un congresista incorpora a alguien como “apoyo”, “asesor” o incluso “practicante”, pero sin vínculo formal con el Congreso, no se trata de un favor personal ni de un acto de generosidad. Se trata de una práctica irregular que vulnera principios básicos de la función pública y debilita la institucionalidad.
La función pública no es privada
Trabajar dentro del Estado no es lo mismo que trabajar en una empresa privada. En el sector público, toda persona debe tener un contrato, un registro y un marco legal claro. Esto no es un simple trámite administrativo: es lo que garantiza transparencia, control y responsabilidad.
Si alguien trabaja dentro de un despacho congresal, atiende ciudadanos, revisa documentos o participa en gestiones oficiales, está ejerciendo funciones públicas. Y la función pública no puede ejercerse en la informalidad.
Decir que “se le paga con dinero personal” no cambia el problema. No importa quién paga, sino dónde se trabaja y qué se hace. Si el trabajo se realiza dentro del Congreso y para el Congreso, existe función pública. Y esa función debe estar regulada.
Una puerta trasera al Estado
Permitir personal informal dentro de un despacho congresal crea un espacio opaco dentro del propio Estado. Personas sin vínculo legal pueden tener acceso a información, oficinas, equipos y ciudadanos que confían en que están siendo atendidos por personal oficial.
Esto genera riesgos evidentes: Información sensible en manos de personas sin responsabilidad formal. Atención a ciudadanos por personal no registrado. Uso de recursos públicos sin control administrativo. Decisiones o gestiones realizadas por quienes no tienen designación legal.
En la práctica, se abre una “puerta trasera” al aparato estatal. Una forma silenciosa de informalidad dentro del poder. Peligroso, muy peligroso.
Responsabilidades que no se pueden ignorar
La responsabilidad no recae solo en el congresista que incorpora personal irregular. También alcanza a quienes, desde la administración del Parlamento, permiten o toleran estas situaciones. Si alguien trabaja dentro del Congreso sin vínculo formal, es evidente que los controles han fallado.
Incluso quienes aceptan trabajar en esas condiciones asumen un riesgo. Ejercer funciones dentro del Estado sin designación oficial no es solo una irregularidad laboral: puede tener consecuencias legales si se manejan documentos, decisiones o información pública.
Un problema ético, no solo legal
Más allá de las normas, el tema es ético. ¿Cómo puede el Estado exigir formalidad al país si dentro de sus propias instituciones se permite la informalidad? ¿Cómo hablar de transparencia o meritocracia si se incorpora personal sin procesos ni contratos?
Si el Congreso quiere recuperar legitimidad, debe empezar por algo básico: que toda persona que trabaje en sus despachos lo haga con contrato, registro y responsabilidad. Sin trabajadores fantasma. Sin asesores informales. Sin practicantes irregulares.
Porque cuando la ley se flexibiliza para quienes tienen poder, se vuelve más dura para los ciudadanos. Y esa es la forma más peligrosa de desigualdad.
CITA
“Cuando la ley se flexibiliza para quienes tienen poder, se vuelve más dura para los ciudadanos”.
«Ejercer funciones dentro del Estado sin designación oficial no es solo una irregularidad laboral, puede tener consecuencias legales»
